Palco de Prensa: Los otros ilícitos

Por Gilberto Lavenant

Cuando se habla de actividades ilícitas, generalmente se piensa que solamente son aquellas que tienen que ver con el narcotráfico, los secuestros, los asesinatos. Incluso con los delitos del fuero común, como robos, asaltos, fraudes.

Pocos se han de imaginar que con la arena, además de castillos o figuras en la playa, se pueda cometer algún delito.

Más específicamente, la extracción de arena y su comercialización. Es legal y por lo tanto permitida, en tanto se hace con moderación y conforme lo permitan las leyes correspondientes. Es ilegal, cuando se hace en forma exagerada, obviamente al márgen de cualquier ordenamiento jurídico y con la complicidad de las autoridades competentes.

Entonces, en tales condiciones, esto se convierte en una actividad ilícita. Sobre todo porque se hace con fines mercantilistas, causando severos daños al territorio nacional, a los ecosistemas, cuyas consecuencias pueden ser imaginables, pero difícilmente determinables.

Esta semana, la diputada local, Claudia Agatón Muñiz, manifestó que es urgente que se regule con plazos determinados a las empresas que extraen arena en Baja California, para evitar más daños a los ecosistemas, particularmente en Tecate y Ensenada.

La legisladora del Partido del Trabajo, informó que subirá un punto de acuerdo al Congreso del Estado, para que se conozca el estado que guardan los arroyos que están siendo explotados, los que ya fueron agotados y las medidas de control que deben aplicarse para evitar más daños por la extracción de arena. Además, para que se informe sobre quién o quiénes y desde cuándo han estado explotando este recurso y a cuánto ascienden sus ganancias.

Muchos se han de haber mostrado sorprendidos y seguro no entendieron, qué relación tienen las labores legislativas, con la extracción y comercialización de arena. Quienes no conocen el tema, no saben que muchos políticos bajacalifornianos, y otros más de fuera de la entidad, han logrado construir sus castillos, y no precisamente en la playa, sino sus palacetes, con las enormes ganancias obtenidas de esta actividad ilícita. Los nombres, son harto conocidos.

El saqueo de arena y su comercialización, es un asunto añejo. El lunes 4 de Octubre del 2002, en el periódico capitalino El Universal, apareció una nota suscrita por la reportera María Idalia Gómez, en la que hace referencia a este tema. Hace 9 años de eso.

En la misma, se indicaba que la PGR, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Comisión Nacional del Agua, investigan el saqueo de millones de toneladas de arena mexicana, que fueron adquiridas para mejorar la calidad de las playas de Hawai, uno de los  centros turísticos más importantes de Estados Unidos, detectándose que los casos más graves de robo de ese material, son en Baja California y Tabasco.  

Entonces se dijo que por lo que respecta a esta entidad, la PGR mantenía abierta la averiguación previa 604/2001, en tanto que en Tabasco, logró aprehender a seis personas, relacionadas con tales ilícitos. Sin temor a equivocación, pueden decir que los detenidos, fueron liberados, y que la indagatoria relativa a esta entidad, fue sepultada por toneladas, no precisamente de arena, sino de polvo y telarañas.

En el 2002, según la nota periodística, cada furgón de arena estaba cotizado  en aproximádamente 16 mil dólares y para que tengan una idea de las enormes ganancias obtenidas por los saqueadores y comercializadores de arena, deben saber que en solo tres años, tan solo por el puerto de Ensenada, extrajeron 1 millón 224 mil 872 toneladas.

Esto ha ocasionado daños ecológicos severos en Baja California, pues desde entonces se advertía que ya hay sitios donde no hay arena qué sacar. Los cauces de ríos han sido desviados y los mantos acuíferos no se han vuelto a recargar.

Las supuestas investigaciones en torno a este saqueo, involucran a funcionarios estatales, desde la administración del Gobernador Eugenio Elorduy e incluso en la administración de Osuna Millán, continúan a todo galope. Nadie los frena. Baja California sigue siendo la principal abastecedora de arena para California y otras partes de la Unión Americana.

Para extraer arena, se requiere contar con la autorización de la Comisión Nacional del Agua, que tiene a su cargo el cuidado de cauces de ríos. La encargada de preveer y evitar los daños ecológicos, es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Ninguna ha hecho nada para evitarlo. Sin embargo, se dice que los funcionarios de tales instituciones, han percibido magníficas utilidades de este ilícito negocio. 

Si se escarba un poco, y no precisamente en la arena, pues ésta ya casi no existe, de inmediato salen a relucir nombres harto conocidos, como el de Roberto Curiel, desarrollador de los fraccionamientos deslizadores en Tijuana, el exgobernador Alejandro González Alcocer, Samuel Bretts y Constantitno León Gutiérrez, entre otros muchos.

El Gobernador José Guadalupe Osuna Millán, se ha mostrado sumamente celoso y exigente en el tema de alcoholes. En el asunto del saqueo y comercialización de arena, que es mil veces más delicado, no ve, ni escucha, ni actúa. Cuando le hablan de arena, ha de pensar que se trata de hacer castillos en la playa. Estos políticos, se van a acabar a Baja California.

gil_lavenants@hotmail.com