TIJUANA.- Mientras los trabajadores del sector salud en el estado se aprestaban para entrar en paro, José Guadalupe Bustamante Moreno enviaba un comunicado a los medios de comunicación anunciando que se suspendían los servicios de salud pues los trabajadores se disponían a realizar una asamblea.
Inverosímil resulta la declaración del secretario, pretendiendo ocultar o disfrazar una realidad evidente para todos los demás pues medios de comunicación y declaraciones de líderes sindicales daban cuenta de las exigencias de los trabajadores y las deficiencias de la institución, como si diciendo mentiras o escondiendo los problemas debajo de un tapete se arreglaran.
La pifia, sin embargo, revela el tipo de autoridad que ejerce Bustamante, con omisiones de información y mentiras a medias, ofreciendo una mano y sujetando el garrote con la otra. Actuando con crueldad, faltando al juramento hipocrático, vengándose con los que menos pueden, con los enfermos, de los señalamientos que se le hacen por su desempeño. Soberbia, falsedades e impunidad es el sello del Secretario de Salud, quizá el peor que hemos tenido en Baja California. Pero más insólito resulta que no parece haber nadie que llame la atención o discipline al funcionario quien, lo mismo ha mentido a esta Asociación, a periodistas o al mismo Congreso del Estado de Baja California, que incumple las órdenes del propio gobernador del estado.
La lista de engaños que la Asociación de Trasplantados y Enfermos Renales ha dado a conocer es larga. Primero nos informó que en el Hospital General se destinaría un espacio para colocar máquinas para hemodiálisis, mintió; luego se comprometió a atender a pacientes que requerían hemodiálisis, mintió; luego declaró a la prensa que el Centro Estatal de Trasplantes estaba en funcionamiento, cuando ni siquiera existe en el organigrama del sector salud, mintió; mintió incluso a la presidenta de la Comisión de Salud, Diputada Virginia Ríos, y a la Mesa Directiva del Congreso del Estado, cuando afirmó que la situación de los pacientes de insuficiencia renal crónica terminal que requerían hemodiálisis se solucionaría, los inocentes pacientes que fueron al Hospital General a solicitar al servicio han sido rechazados, incluso regañados y maltratados.
Por si esto fuera poco, hay también indicios de irregularidades en el Sector Salud. El Seguro Popular no cubre la insuficiencia renal crónica terminal y el cumplimiento del derecho a la salud, consagrado por la Constitución, queda en entredicho. Asimismo, la dependencia se escuda en un argumento técnico para no dar atención a pacientes de bajos recursos que requieren urgentemente de atención médica. Hay también señalamientos de intereses del Secretario en el Hospital de Salud Mental, cuyo director es hermano de la Directora General del Régimen en Protección Social en Salud, responsable del Seguro Popular en Tijuana, Myrna Rincón. Pacientes mentales del Hospital General son subrogados los pacientes que llegan al Hospital General, y que mientras que el personal psiquiátrico del hospital se mantienen en el ostracismo, según denunció el propio doctor psiquiatra Hermilo Fernández, empleado de la institución.
Se ha señalado también la indiferencia del patronato del Hospital General de Tijuana, que constantemente da cuenta de donativos e inversiones en la institución pero que, nunca se ven en los pacientes graves de insuficiencia renal crónica terminal. Sin ir más
lejos, nuestra asociación puede dar cuenta de los fallecimientos de Otilia Roldán Parra, de Fernando Guzmán Mancera, de J. de Jesús Tobaldo Martín del Campo y de Angélica Vázquez Luna, luego de que les negara una y otra vez la debida atención en el Hospital General.
Queda sin respuesta también por qué nunca se ha citado a la junta de reconocimiento del Consejo Estatal de Trasplantes; donde está la información sobre la ley que rige al Consejo Estatal De Trasplantes; cómo se lleva a cabo el control del Registro Estatal de Trasplantes y dónde está esa información; cuáles son los criterios de asignación de todos sus trasplantes, por qué se han tenido procuraciones en Hospital General de Tijuana en la que los órganos fueron trasplantados en hospitales privados sin haber sido ofrecidos a otras instituciones públicas del Estado tal como lo estipula la Ley de Salud; por qué no se ha coordinado un programa de trasplante hepático para pacientes de escasos recursos; cuantos coordinadores de trasplantes existen en ISESALUD, siendo que en estados como Guanajuato se cuenta con hasta 20 coordinadores de donación con sueldo por la secretaria de Salud; cuál es el plan del trabajo del Centro estatal de trasplantes de Baja California.
Peor aún, las propias autoridades de salud emiten información contradictoria, pues por un lado admiten que la insuficiencia renal en el Estado se ha triplicado en 10 años, mientras que, casi al mismo tiempo, también admite que la donación de órganos ha disminuido en un 20% en el Hospital General de Tijuana. El Hospital General de Tijuana, aún a pesar de haber gastado tanto dinero en la adecuación de la unidad de trasplantes en el Hospital General de Tijuana, parece estar casi en el abandono, pues apenas ha realizado 5 trasplantes en todo el 2010. Mientras, al mismo tiempo, el Hospital Regional No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social llevó a cabo 30 trasplantes solamente durante el 2010.
Cifras de la Organización Mundial de Salud, del Colegio de la Frontera Norte y la Organización de las Naciones Unidas, revelan que Baja California está dentro de los diez primeros lugares de cáncer de mama en el país. Asimismo, las estadísticas en diferentes enfermedades, donde nuestra entidad supera por mucho la media nacional en cuanto a la incidencia de enfermedades como el VIH-sida, obesidad adulta e infantil, las enfermedades mentales, las enfermedades cardiovasculares, la desnutrición, la tuberculosis, diabetes y adicciones, encontrándose nuestra entidad en varias de ellas en primer lugar nacional.
Pareciera que es más importante contar con fachadas recién pintadas en los hospitales públicos, que dotarlos de personal médico y de medicinas, ante la impotencia de pacientes y familiares que ven morir a los suyos en la peor de las desatenciones.
Tiromet reitera nuevamente la necesidad de que se realice una auditoría al funcionamiento, así como a la conducta del directivo, de una institución que recibe no solo financiamiento público, sino del propio patronato del Hospital General, así como de empresas como Soriana o Ara, que han apoyado financieramente a la institución. Tan solo por mencionar un caso, la empresa Soriana entregó recientemente 176 mil pesos producto de una campaña de redondeo. ¿Cómo se fiscalizan esos recursos, quien los vigila, donde están las cuentas de ese dinero?
Atentamente
Alejandro Vizcarra Estrada
P R E S I D E N T E
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