“El asilo político” es un trámite internacional que hace un ciudadano de una nacionalidad X que pide a otro país su protección y adopción por alguna persecución de su mismo gobierno, de acuerdo a las experiencias de algunos exiliados, se les da el beneficio presentando algunas documentaciones como: actas levantadas ante instituciones gubernamentales como la CNDH por sus siglas la comisión nacional de los derechos humanos, la procuraduría general de la república PGR según sus siglas o bien por la PGJE Procuraduría general de justicia del estado, pero el requisito más importante es que en cuando cruzas la línea ya sea de alguna garita o la puerta de alguna embajada es declarar que tienes miedo de regresar a tu país.
Sin embargo el país al cual se está pidiendo la protección, en dos días que te tienen retenido en alguna celda con algunas comodidades, se da a la tarea de investigar que las actas que levantaste sean documentos originales y que verdaderamente seas perseguido, el motivo de tu persecución y hasta el día que pensabas morirte, después de esterarse de que comías frijoles con queso y huevos revueltos eso cuando había dinero, entonces es cuando te dan el asilo y todos los “beneficios” de los que “gozan” los exiliados.
Pero este no es el caso de los tres jueces que dejaron en libertad al asesino confeso de Rubí Marisela Freyre, hija de la señora Marisela Escobedo Ortiz, que fue ultimada en diciembre pasado por estar protestando este hecho frente a las oficinas del gobierno del estado de Chihuahua.
Tras el acuerdo que tomaron por parte del congreso del estado de Chihuahua, iniciaran un juicio político a los jueces Netzahualcóyotl Zúñiga, Catalina Ochoa y Rafael Bouddin afirmaron que por solapar a los verdaderos servidores públicos y estos que no supieron aportar evidencias suficientes para consignar al homicida, ahora enfrentarán a un juicio político en su contra, por tal motivo pedirán asilo político al vecino país de los estados unidos.
Solo por hacer historia, los tres magistrados del tribunal oral que liberó al homicida Sergio Barraza, Rafael Boudid, Catalina Ochoa y Netzahualcóyotl Zúñiga, reprobaron sus exámenes para ser jueces del nuevo sistema de justicia en Chihuahua capital en el año 2006, pero en Juárez sí fueron contratados por el Supremo Tribunal de Justicia. Las calificaciones de los juzgadores fueron reprobatorias cuando concursaron por las plazas en el Distrito Morelos, meses antes de la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, que comenzó a operar en 2007, pero en el Distrito Bravos, un año después, pese a la oposición de seleccionadores de personal, el Poder Judicial decidió contratarlos, en desacuerdo con el Poder Ejecutivo y organizaciones civiles, que protestaron en privado por su designación.
Ahora cabe preguntar donde se encuentra el magistrado que firmo para que estos tres jueces pudieran ejercer la justicia, o donde este quien pidiera el plumazo y donde esta quien firmo de autorizado creo que ellos son mas culpables que ningún otro, porque no se ve la protesta de las organizaciones civiles que tanto criticaron en privado por la designación de los tres magistrados.
Ellos con el argumento de que el expediente no estaba bien fundamentado para poder declarar culpable a Barraza, es como se quieren defender, pero si esto es cierto, que se va a hacer o ¿dónde está el ministerio público que hizo las averiguaciones previas para que cualquier juez dicte sentencia?
En fin este es nuestro sistema judicial en México, cualquier sujeto con dinero aunque sea culpable puede salir en libertad por falta de pruebas, pero a Juan Pueblo es un blanco muy fácil para ser un chivo expiatorio, pero en fin como dicen en Rosarito Baja California “estamos es México”…
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