COLUMNA: Palco de Prensa

* ¿Qué esconden?
Por Gilberto Lavenánt
El regidor priísta, Francisco Domínguez, ha sido peor que “una piedra en el zapato” para la administración municipal de Tijuana, que encabeza el Alcalde Jorge Ramos. Pese a las críticas y descalificaciones que ha recibido, cuantas veces le ha sido posible, y ha considerado pertinente, ha denunciado supuestas o presuntas fallas, irregularidades y omisiones de funcionarios municipales.

En días pasados, presentó tres nuevas denuncias ante la Sindicatura Municipal. Sabe que seguramente están destinadas a ser enviadas al archivo general, o mejor dicho, al bote de la basura, pero las presentó, para dejar constancias de ello.

Las denuncias fueron en contra del Subdirector de Adquisiciones y Suministros de Oficialía Mayor, por negarse a entregar información a la Unidad Municipal de Acceso a la Información, sobre tres contratos de adjudicación directa, por más de cuatro millones de pesos. El regidor considera que hay “gato encerrado”, en esos asuntos.

Al respeto explicó que hace varias semanas, solicitó a la Unidad Municipal de Acceso a la Información, copias de tres contratos. Uno de ellos, es un Contrato de Servicios Profesionales, que celebró la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento, con la empresa Eventos y Relaciones Públicas, S. de R.L., mediante adjudicación directa identificada bajo expediente ADQ-2009-022, por la cantidad de 720 mil pesos.
Otro, también un contrato con esa misma empresa, pero por concepto de servicios de asesoría en comunicación y relaciones públicas, mediante adjudicación directa identificada bajo expediente ADQ-2008-AD-023, por la cantidad de 660 mil pesos.
El tercero, un contrato celebrado por la Secretaria de Gobierno municipal, con la empresa Servicios y Construcciones Los Cabos, S.A. de C.V. por la cantidad de 2 millones 726 mil pesos, también mediante adjudicación directa, identificada bajo expediente ADQ-2009-AD-024.
En total, tan solo en esos 3 contratos, la erogación municipal ascendió a cuatro millones 106 mil pesos, que, independientemente del servicio contratado, y la justificación del mismo, en cada caso, lo extraño es que fueron mediante adjudicación directa, y no por vía de licitación pública, como marca la normatividad. De ahí pues las sospechas sobre las supuestas irregularidades.
Por ello solicitó copia de los documentos. Pero, no obstante que la solicitud la hizo con la formalidad debida, conforme lo marca el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información, el aludido funcionario de Oficialía Mayor, se negó a proporcionarlos. Ante tal negativa, Domínguez decidió denunciar tales hechos ante el Síndico Municipal, Héctor Magaña, quien deberá desarrollar el procedimiento correspondiente, llamar a cuentas al funcionario que se niega a proporcionar los documentos en mención, y sobre todo sancionarlo por negarse a ello.
La intención del regidor, al solicitar copia de los contratos, fue tratar de conocer detalles sobre los servicios contratados y la justificación para acudir a la adjudicación directa, que solo se permite en casos especiales. Pero el responsable del manejo de dicha documentación, el Subdirector de Adquisiciones y Suministros de Oficialía Mayor, se niega a soltarla, sin justificación alguna y es entonces que el regidor cuestiona : ¿Qué esconden ?
Domínguez explica que una de las responsabilidades de los regidores, como representantes electos mediante el sufragio, es cuidar el buen funcionamiento de la administración pública y tartar de evitar que se incurra en irregularidades.
“…Aquí –dice- es necesario saber por qué no entraron en licitación estos contratos. Por eso solicité copia de los mismos, para conocer los términos, pero me fue negada. No estamos hablando de diez pesos, sino de más de cuatro millones”. Por eso insiste en cuestionar : ¿Qué esconden?
La fracción III del artículo 53 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información, observa que es causa de responsabilidad administrativa el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo, como en estos casos en que el Subdirector de Adquisiciones y Suministros, niega intencionalmente información no clasificada como reservada, ni considerada confidencial.
Así mismo, de acuerdo a lo previsto en los artículos 52, 53 y 54, del mismo ordenamiento jurídico, la Sindicatura deberá de abrir un procedimiento administrativo, conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Domínguez recuerda que cuando denunció la desaparición de decenas de patrullas, que supuestamente estaban almacenadas en el corralón, y que por mero trámite era necesario observar el estado en que se encontraban, para autorizar su baja del inventario de bienes, lo que no fue possible, precisamente porque nunca se tuvieron a la vista, el Síndico Municipal, Héctor Magaña, dijo que “era puro circo” y por lo tanto advirtió que espera que ahora no vuelva a decir lo mismo y que proceda como corresponde.
Curiosamente, cuando se cuestionan cosas como estas, los funcionarios municipales salen con que se trata de simples “leyendas urbanas”. Esperemos a ver si dicen lo mismo cuando el equipo del Alcalde electo, Carlos Bustamante, saque a relucir “los trapos sucios” de la actual administración municipal. Entonces, quizás salga lo que ahora esconden.

gil_lavenant@hotmail.com