Los Delitos Electorales sólo se castigan a gritos y sobrerazos

* Peña Nieto en Campaña
Por Ricardo Alemán
No está claro si es legal o ilegal que un gobernador haga proselitismo a favor de un candidato de su partido, en otra entidad federativa. Por lo menos ninguna institución electoral ha sancionado a gobernador alguno.
Y los ejemplos de ese proselitismo sobran. Durante su jefatura de gobierno, Andrés Manuel López Obrador se convirtió en principal promotor de la candidatura de Marcelo Ebrard, por quien incluso llamó a votar. También impuso y promovió candidaturas de amigos en los estados de Tabasco y Michoacán. El propio Marcelo promueve la candidatura de Gabino Cué, en Oaxaca, y otras alianzas opositoras.
No es secreto que en las elecciones de julio de 2009, Enrique Peña Nieto impulsó política y financieramente a candidatos del PRI en Nuevo León, Querétaro y San Luis Potosí, y que gracias a ese apoyo se los arrebató al PAN. Tampoco es novedad que el gobernador mexiquense apoya con dinero y operadores políticos a buena parte de los candidatos del PRI en los 12 estados a renovarse el 4 de julio.
No está claro si ese apoyo es legal o ilegal. Pero lo cierto es que por lo menos se trata de un acto político inmoral, a los ojos de todos; liviandad en que incurrieron AMLO y Fox; en la que insisten Marcelo y Peña, quien desde su partido es el verdadero jefe de campaña en la elección de 2010. Campaña que, por cierto, dará jugosos frutos el domingo en Yucatán, donde el PRI recuperará Mérida, el histórico bastión azul.
Si Peña Nieto es el inmoral jefe de campaña del PRI en los 12 estados donde habrá elecciones, sólo falta que los opositores del PAN y el PRD demuestren y denuncien el apoyo ilegal que realiza el gobernador mexiquense, para que intervengan los órganos electores, como el IFE y el Tribunal Federal. ¿Y que requieren para ello? Poca cosa.
Demostrar que Peña Nieto es el jefe de un grupo político para el que operan eficientes hilanderos como Natividad González Parás y Rodrigo Medina —ex gobernador y gobernador de Nuevo León—, los diputados Luis Videgaray y Felipe Enríquez, y muchos otros que envían dinero y operadores políticos a donde sea necesario. Pero el problema no se resuelve y el delito electoral no se castiga, sólo con gritos y sombrerazos. Se requieren pruebas. ¿Y quién tiene esas pruebas? Es probable que las tengan en el PAN y el PRD. Pero no las harán públicas. ¿Por qué?
Porque el PRI también las tiene, pero contra el PAN y el PRD. Y es que todos saben que un gobierno estatal, municipal y el federal; un congreso estatal o las cámaras de diputados y senadores, son ricas minas que financian candidatos, sean azules, amarillos o tricolores. Nadie probará nada a Peña Nieto, porque todos tienen la cara igual de socia. Todas son campañas inmorales.