COLUMNA: Palco de Prensa

Legítima defensa
Por Gilberto Lavenant

El caso del.estudiante de arquitectura del Instituto Tecnológico de Tijuana, Javier Piña Zavala, que estaba siendo procesado por delito de homicidio doloso, en hechos en los que actuó en plena legítima defensa, puso en entredicho a las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia de la entidad.

Nadie entendía la razón por la cual las autoridades habian actuado de tal forma. No se necesita ser Licenciado en Derecho para observar que se trataba de un caso de legítima defensa, que conforme al derecho penal, es excluyente de responsabilidad. No obstante, resulta extraño que a 8 meses de ocurridos los hechos, el estudiante que dió muerte a un mozalbete, sin oficio, ni beneficio, en la lucha por preservar su vida y la de su padre, aún continuaba recluido en la Penitenciaria del Estado, en La Mesa.

El lamentable hecho del homicidio, ocurrió en julio del 2009. Apenas en días pasados el joven recuperó su libertad. Aunque no se aclaró con precisión, cuales fueron las bases para su liberación. Unos dicen que en atención a un incidente de desvanecimiento de datos. Otros que el juez penal por fin había reconocido que operaba a favor del joven la excluyente de responsabilidad de la legítima defensa. Lento para reaccionar, pues.

Pareciera que, tarde, muy tarde, pero por fin la justicia se hizo realidad. Y hoy, todo vuelve a la “normalidad”. Como si nada malo hubiese pasado.

Nadie cuestiona la ligereza, insensibilidad y aberración de las autoridades encargadas de la procuración de justicia, al determinar consignar al jóven estudiante, por homicidio en riña, cuando efectivamente peleó por conservar su vida. No se trataba de medir fuerzas o de imponerse al agresor. Simple y sencillamente : era él o su agresor. Si no se huibiese defendido, seguramente hubiera perdido su vida y quizás hasta la de su padre.

Y la mismas actitudes de ligereza, insensibilidad y aberración, adoptó el juzgador que conoció el caso, al determinar dictar auto de formal prisión en su contra e iniciarle proceso, que lo mantuvo 8 meses en prisión.

El que ahora se haya resuelto dejarlo en libertad, no corrige los agravios, ni el daño moral y social que le ocasionaron al joven Piña Zavala. Pero así se la gastan las autoridades en nuestro país. Piensan o creen que con un “usted disculpe”, queda todo solucionado y olvidado.

Primeramente cabe observar que la figura de la Legítima Defensa, no es nueva y ahí está inserta en el Código Penal de Baja California, como en la legislación de las demás entidades del país. El problema es que para que dicha excluyente de responsabilidad sea reconocida formalmente, se requiere que en los hechos a juzgar, se den diversos elementos técnicos, que evidentemente los protagonistas desconocen y que las autoridades a cargo de investigarlos y sancionarlos, son extremadamente rigurosas e insensible, además de faltas de criterio. Son muy cuadradas, pues.

Si el presunto responsable al narrar los hechos, no argumenta que agredió o se defendió, en defensa de su vida, honor y bienes, o de la vida, honor y bienes de otros, y ante un temor fundado de que sufriría un daño inminente e irreparable y que por lo tanto se vió en la necesidad de actuar, las autoridades de manera simplista le aplican el calificativo de delincuente y le dan el trato de tal, en consecuencia.

No son capaces, las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia, de tratar de entender la angustia del presunto responsable. No son capaces de ponerse unos momentos en el lugar de este, al momento de ocurrir los hechos, en los que seguramente hubiesen actuado de manera similar, con todo y sus conocimientos jurídicos. Pues ante una situación de riesgo, se actúa. Ni tiempo hay para adoptar posees o buscar salvedades jurídicas.

Pero las autoridades son frias e insensibles y simplemente aplican el dicho aquel de que a nadie se le niega un auto de formal prisión, que al fin y al cabo tiene el derecho a defendrse y demostrar que es inocente y que ellos no pueden violar el principio que advierte que en materia penal no se puede resolver en base a meras analogías, sino en estricto derecho.

Que quede algo claro : no son las leyes las que fallan, son los individuos a cargo de su aplicación. Son insensibles, frios, deshumanizados e injustos. Se sienten semidioses, capaces de acabar con la trayectoria positiva y sana de una persona, que de pronto resulta involucrada en un hecho delictivo, no por gusto, sino por mera necesidad, ante el constante surgimiento y proliferación de lacras sociales que libremente atentan contra los demás, sin respetar edades, credos o condiciones sociales.

E irónicamente, las autoridades pareciera que están para proteger a los delincuentes, antes que a las personas de bien. Les fabrican el papel de víctimas, cuando que son los agresores y a los verdaderos agredidos, los mandan a prisión, como ocurrió con el joven estudiante de arquitectura.

El Gobernador del Estado, por conducto del Procurador de Justicia, debería revisar tales actuaciones para corregirlas. Que no se vuelvan a repetir, pues desgraciadamente se repiten constantemente. En los penales, están recluidos no precisamente los delincuentes, sino los que no tuvieron dinero para contratar abogados capaces o para comprar libertades.

Y al Tribunal Superior de Justicia, así como al Consejo de la Judicatura, le corresponde revisar las actuaciones de juzgadores y demás encargados de administrar justicia. Que sean más concientes, más humanos, más justos. Que dejen de ser frios, insensibles e injustos.

Ya basta del “borrón y cuenta nueva”, o del simple “usted disculpe”.
gil_lavenant@hotmail.com