* Hubo una reunión con representantes de la empresa para aclarar tarifas autorizadas.
TIJUANA.- Ante diversas denuncias ciudadanas hechas en las redes sociales que señalaban que la empresa concesionaria Azul y Blanco anunciaba incrementos hasta de dos pesos en las tarifas de las rutas 10 de Mayo y Nido, el Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) aclaró que tales aumentos no están autorizados.
El director de la paraestatal, Jorge Alberto Gutiérrez Topete, informó que el último incremento a las tarifas de transporte fue autorizado por el Ayuntamiento de Tijuana en 2017, cuando quedaron establecidas las tarifas vigentes.
“Según lo que nos comentaron los representantes de Azul y Blanco, estos anuncios de incremento se dan ante una interpretación incorrecta del Acuerdo de Cabildo de Tijuana, del 12 de julio de 2017, donde se establecen las tarifas de transporte público. En ese sentido, en IMOS les aclaramos sus dudas a fin de que de inmediato den revesa a la información anunciada de forma errónea por la empresa y continúen cobrando los 14 pesos autorizados para estas rutas”, dijo el funcionario estatal.
En el Acuerdo de Cabildo publicado por el Ayuntamiento de Tijuana en 2017, que puede ser consultado en el sitio www.tijuana.gob.mx/dependencias/cabildo/pdf/sesion/2017/11-11.pdf, se establece que para la empresa Azul y Blanco todas las rutas tienen una tarifa máxima de 14 pesos, con excepción de cuatro rutas, al ser las más largas y sinuosas, que son Ruta #5 Lázaro Cárdenas - Centro, con tarifa autorizada de 15 pesos; Ruta #17 Milenio - Artesanal - Centro, con tarifa autorizada de 15.50; Ruta #8 Prado - Delicias - 2000 - Otay - Centro - Miramar, con tarifa autorizada de 16 pesos; y Ruta #18 Delicias - Natura - 2000 - Fontana - Otay - Línea - Centro, con tarifa autorizada de 16 pesos.
Finalmente, Gutiérrez Topete afirmó que el IMOS será vigilante de que se respeten las tarifas autorizadas y de que se ofrezcan servicios de calidad, pues es un compromiso de la Gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda que el transporte público sea un actor principal en las estrategias de movilidad sustentable, segura e incluyente en las que trabaja su administración.
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