El Colegio de Comunicólogos de Baja California tomó conocimiento y corroboró que la tarde de ayer sábado 7 de enero, agentes de la Gendarmería Nacional agredieron física y verbalmente a los periodistas Laura Sánchez Ley, corresponsal del periódico El Universal en Baja California; Luis Alonso Pérez, colaborador de Univisión y del portal Animal Político; Daniel Ángel Rubio y Armando Castillo, reportero y camarógrafo, respectivamente, del canal Síntesis TV; Manuel Ayala y Joebeth Terríquez, colaboradores de la revista Newsweek en Español Baja California; así como a Yolanda Caballero, reportera del periódico El Sol de Tijuana, quienes sufrieron vejaciones que van desde los insultos y empujones, hasta los golpes en cuerpo y rostro, la detención de dos de ellos por algunas horas y el daño en al menos una de las cámaras de video. Además, se confirmó que elementos de la Policía Estatal Preventiva rociaron gas pimienta en el rostro de Jesús Bustamante, fotoperiodista del periódico Frontera.
Los agravios se presentaron a pesar de que los periodistas se identificaron como tales y mientras cumplían su labor de informar acerca de la confrontación que se suscitó cuando los agentes intentaron desalojar a los manifestantes que por días mantuvieron bloqueado el acceso a la planta de Pemex en Playas de Rosarito, por lo que en relación a estos hechos, el Colegio de Comunicólogos de Baja California manifiesta lo siguiente:
Que condenamos enérgicamente estos hechos y toda clase de violencia que atente contra la vida, la integridad y la dignidad de periodistas que cumplen su labor de informar, por lo que reprobamos el actuar de los agentes de la Gendarmería Nacional, cuya función es la de mantener el orden con pleno respeto a los derechos humanos y no la de interferir en la labor periodística.
Que lo ocurrido es inadmisible porque el periodismo constituye una vía de acceso al conocimiento y un espacio para la libre manifestación de las ideas, por lo que cualquier agresión contra periodistas no solamente genera zozobra y autocensura en otros periodistas, sino que priva a la sociedad de su derecho vital a estar informada veraz y oportunamente.
Que nos solidarizamos con los periodistas víctimas de estos agravios, compartiendo su indignación, por lo que demandamos que la Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), asuma un papel más activo, comprometido y contundente, a fin de que estas agresiones no queden impunes y cese cualquier acto violento o de intimidación en contra de quienes ejercen la labor periodística en nuestro estado.
Que, asimismo, demandamos la intervención de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación, que preside la diputada federal Brenda Velázquez, a fin de que estas agresiones no queden impunes y se brinde el apoyo necesario a las víctimas.
Que en escenarios como los que hoy vive el país y nuestro estado, la falta de información y el accionar violento de los agentes solo abona a la incertidumbre, exacerbando el malestar y el ánimo de confrontación derivados de los incrementos en el precio de los combustibles, por lo que es vital salvaguardar la labor periodística, a fin de que nuestra sociedad conserve la calma y disponga oportunamente de información fidedigna para tomar decisiones basadas en el conocimiento y la comprensión de los hechos, no así en la especulación o en la desinformación.
Que, por todo lo anterior, nos unimos a la exigencia del gremio periodístico para que el Poder Ejecutivo, a través de sus representantes en los tres órdenes de gobierno y en coordinación con las diferentes instancias del Poder Legislativo y del Poder Judicial, actúe de manera contundente para salvaguardar el derecho a informar y a estar informado, brindando mayores garantías para el ejercicio periodístico en nuestro estado.
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