jueves, 26 de noviembre de 2015

Presenta iniciativa Roberto Dávalos para poner freno a la corrupción de permisos para urbanizar

* Muchos fraccionadores han obtenido permisos aún en contra de los requisitos exigidos por la legislación y sus reglamentos

MEXICALI.- Debido a  que muchas familias en el Estado, se han  enfrentado  a  serios problemas  al adquirir viviendas que se fraccionan  en terrenos en condiciones irregulares,  el  diputado Roberto Dávalos Flores, presentó una  iniciativa para sancionar  al servidor público que dentro de su competencia, otorgue permisos, autorizaciones  o aprobaciones para urbanizar  o  fraccionar el suelo, sin que exija los requisitos de  ley.



Esta iniciativa de reforma al artículo 293 del Código Penal para el  Estado de Baja California, la cual contiene los supuestos del delito de abuso de autoridad y que es aplicable a quien realice este tipo de acciones que van en detrimento de la  transparencia  y además fomentan la corrupción.



Resaltó que muchos fraccionadores han obtenido permisos aún en contra de los requisitos exigidos por la legislación y sus reglamentos, por ello las denuncias e inconformidades de  muchas familias contra conocidas inmobiliarias.



Roberto Dávalos,  detalló que incluso  muchas de las casas ofertadas y adquiridas por los clientes, no contaron  con agua potable y energía eléctrica, entre otras carencias, englobando con todo esto una violación  al debido uso de suelo.



En su exposición de motivos,  ante el pleno del congreso local, Dávalos Flores, asentó que la corrupción  en las instituciones  públicas es un flagelo que merma en las políticas públicas lo que ha dado al traste  de una sociedad que no confía en sus instituciones.

Otro dato que expuso el diputado presidente de la comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, es que transparencia internacional concluyó que México obtuvo  una puntuación de 35 sobre  100 y se ubicó en la posición  103 de 175 países.



“Sin lugar a dudas, debe  preocuparnos esta situación  y nuestra obligación es establecer medidas legislativas que en lo posible ayuden a disminuir la incidencia, regulando obligaciones y prohibiciones más severas en la ley de responsabilidades de los servidores públicos del Estado”,  subrayó el legislador.

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