Muchas enfermedades, cuando no son atendidas oportunamente, para su curación, se dice que se convierten en males crónicos, para los que urge aplicar medidas drásticas, como la amputación.
En el caso de la administración pública, la corrupción es un mal crónico, que sólo podrá ser combatido, aunque difícilmente erradicado, clausurando y cancelando dependencias, donde el mal está tan arraigado, además de cesar y proceder penalmente contra quienes resulten responsables.
Causó extrañeza, en días pasados, el saber que en la propuesta panista de reforma política, a nivel estatal, se incluía el desaparecer las Sindicaturas Sociales, que apenas hacen su debut en las actuales administraciones municipales. Seguramente hubo un error y realmente lo que se pretende desaparecer, son las Sindicaturas Procuradoras.
Al menos en Tijuana, Mexicali y Ensenada, en sus primeros meses de gestión, las Sindicaturas Sociales han tenido un excelente desempeño. Contrario a lo que ha ocurrido con las Sindicaturas Procuradoras, que han operado como meras solapadoras de alcaldes y exalcaldes. Encubridoras, cómplices y además generadoras o focos de corrupción. Al menos, ese es el caso de la del Ayuntamiento de Tijuana.
La operatividad de la Sindicatura Procuradora, del Ayuntamiento de Tijuana, a cargo de Arturo Ledesma Romo, quedó en entredicho, cuando el Alcalde Jorge Astiazarán, denunció públicamente –aunque se negó a hacerlo formalmente ante las instancias correspondientes- que estaba siendo chantajeado o extorsionado por los hermanos Ledesma Romo, Arturo y Miguel, quienes, según dijo, le exigían el 50% de los ingresos ilegales del gobierno municipal.
Aunque el escándalo fue prácticamente sofocado, mediante el famoso procedimiento de “el enfriamiento”, quedaron muchas interrogantes sin respuesta, y por lo tanto un cúmulo enorme de sospechas, sobre prácticas corruptas al interior del Palacio Municipal y en especial en el área de la Sindicatura Procuradora, cuya función –irónicamente- es velar por el buen uso o destino de los recursos públicos.
Sorprendidos, al percatarse de que eran la atención de todo mundo, los protagonistas de tal escándalo, suspendieron los rasguños, patadas y mordidas, y aplicaron la fórmula básica de la Ley de Hilados y Tejidos, que advierte : “El hilo se revienta por lo más delgado” y decidieron correr a dos de los colaboradores del Síndico Ledesma Romo. Se manejó como “renuncia voluntaria”, pero ni el Síndico Procurador, ni Astiazarán, los denunciaron penalmente. Como si hubiese sido algo sin importancia.
En el inicio del escándalo, lo que motivó todo eso, fue que la Sindicatura Procuradora, suspendió las obras de reencarpetado de la Calle Segunda y provisionalmente a dos funcionarios responsables de la licitación y asignación de las mismas. Cuando ya parecía que “la tormenta” había pasado, la Sindicatura suspendió en definitiva a los referidos funcionarios, acusándolos de haber incurrido en serias irregularidades y actos de deshonestidad y los inhabilitó para ocupar cargos públicos en los próximos 3 años.
De pronto surgieron voces, anónimas, si es cierto, pero que advirtieron que la verdadera razón de la suspensión e inhabilitación de dichos funcionarios, fue porque no accedieron a los reclamos indecentes del Síndico Procurador, para asignar obras a empresas recomendadas por él, y, en otros casos, hasta con la complicidad de los directivos de las organizaciones de empresas constructoras o de profesionales del ramo.
Nadie se ha atrevido a presentar prueba de actos indebidos, que anónimamente atribuyen al Síndico, y seguramente quedarán como simples “leyendas urbanas”, si los funcionarios suspendidos, no se defienden, acreditan su inocencia y desvirtúan las acusaciones, dando a conocer las supuestas verdades de todo eso.
Lo último que trascendió a la opinión pública, el intento de extorsión a policía municipales, involucrados en hechos delictivos, pero ofreciendo “salvarlos” y otorgarles la constancia de liberación de responsabilidades, firmada por el propio Síndico Procurador, según se escucha en la grabación relativa a dichas “negociaciones”, a cambio de entregar, cada uno, la cantidad de 2,500 dólares.
La periodista Dora Elena Cortés Juárez, en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias, da amplios detalles sobre este caso de extorsión. Los policías suspendidos, conocen “el terreno” que pisan, y por lo tanto grabaron un audio con las exigencias del representante de la Sindicatura Procuradora, que les afirmaba que “traía línea” para ello.
Una vez trascendido este nuevo escándalo, el Síndico Procurador, Arturo Ledesma Romo, dió a conocer a los medios, que el empleado extorsionador, fue dado de baja. Pretendiendo deslindarse, observó que no dependía de él, sino de la Dirección de Responsabilidades, de la propia Sindicatura, o sea que al final de cuentas sí era uno de sus subalternos.
Sin embargo, resulta extraña la celeridad con la que se anuncia la baja, cuando que simplemente debió suspenderlo, realizar las indagaciones necesarias o pertinentes, así como las diligencias administrativas requeridas, para conocer hasta dónde llega la corrupción. Precisar el por qué el empleado de sindicatura aseguraba a los policías suspendidos, que les daría una constancia de responsabilidad, firmada por el propio Síndico, y ahora éste pretende “lavarse las manos”.
Lo curioso es que todos los demás actores políticos, de todos los partidos, se mantienen al margen, como simples espectadores, y quizás hasta divertidos observando los escándalos políticos en torno a la Sindicatura Procuradora y su titular Arturo Ledesma Romo.
Cada día, se fortalecen las sospechas, de que en las diversas áreas del gobierno municipal de Tijuana, la corrupción está que desborda, y que los Ledesma Romo, no se equivocaron al estimar en 80 millones de dólares -según el dicho de Astiazarán- la suma de los ingresos ilegales. Es más, quizás hasta se quedaron cortos. Esto, es un mal crónico.
gil_lavenants@hotmail.com
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