Por Gilberto Lavenant
El juicio de amparo, es la principal figura del sistema jurídico mexicano. Es un juicio mediante el cual se vigila y se exige que los actos de las autoridades estén apegados a la ley, básicamente conforme a la Constitución General de la República y leyes que de ella emanen, pero sobre todo, que no violen las garantías individuales de nadie.
Es la última esperanza de justicia de los ciudadanos. Al menos en territorio mexicano. Se supone que es algo así como un antídoto contra todo acto arbitrario de cualesquier autoridad, que agravie a los residentes del país.
El problema es que quienes tienen en sus manos la facultad y responsabilidad de que el amparo cumpla su misión, los jueces, magistrados o ministros, son seres humanos, con debilidades, defectos, intereses y filiaciones partidistas. Son algo así como divinidades, que hacen valer su voluntad, y en muchas ocasiones sus caprichos.
Viene al caso apuntar esto, para comentar sobre la personalidad de quien tiene en sus manos el asunto relativo a la inejecución de sentencia, derivado de un juicio de amparo en el que el juez del caso resolvió a favor de personas a las que el gobierno estatal les despojó terrenos, ubicados en el predio El Monumento, afectados con la construcción del segundo acceso al Fraccionamiento Playas de Tijuana.
Los agraviados recurrieron al juicio de amparo, obteniendo sentencia favorable, que obliga al gobierno estatal a pagarles el valor del despojo. El asunto trascendió a la luz pública, cuando el lunes 22 de octubre del año en curso, se publicó nota informativa en el periódico capitalino Milenio, en la que se refería que la Suprema Corte de Justicia de la Unión analizaría el desacato del Gobernador de Baja California respecto a una sentencia de amparo que le obliga a indemnizar a los afectados por un acto expropiatorio.
Un año atrás, se había dado a conocer que por un caso similar, un juez federal había ordenado el cese, desafuero y proceso penal de Osuna Millán, por otro asunto distinto, que también se ventiló como incidente de inejecución de sentencia, bajo la advertencia que tal desobediencia equivale a un delito e implica el cese y procesamiento del desobediente.
Lo que resultó extraño, fue que el Gobernador Osuna Millán, envalentonado, como jovenzuelo pendenciero, ese mismo día comentó el asunto. Dijo que se trataba de un abuso, que pretendían que el gobierno pagara una cantidad exagerada de dinero y que estaba dispuesto a que lo cesaran y procesaran penalmente, pero que defendería el interés público y que estaba litigando a favor de los ciudadanos.
Revisando el portal de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se corroboró que efectivamente el asunto, registrado como Incidente de Inejecución de Sentencia 548/2012, se ventila en la Segunda Sala y que el Ministro ponente, o sea el que presentará el proyecto de resolución, lo es Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Inicialmente, fue programado para verse en sesión del 17 de octubre. Llegó ese día, y nada. Han pasado los días y sigue sin resolverse. Supuestamente está programado para la sesión del 17 de noviembre. La cuestión es que el Ministro Ponente, Aguirre Anguiano, concluye la gestión de su cargo el viernes 30 de noviembre. Es uno de los dos Ministros que serán removidos estos días, por término de función.
Dadas las circunstancias de este asunto, la lentitud con la que aparentemente se ha estado manejando, no obstante que dentro de unos días Aguirre Anguiano dejará de ser Ministro de la Corte, aunado a la manifiesta tranquilidad del Gobernador Osuna Millán, que se fue de viaje promocional al Asia, el columnista decidió indagar un poco sobre la personalidad del Ministro Ponente. Los resultados, no son nada agradables, para las personas afectadas por el acto expropiatorio y la necedad de no pagarles.
Aguirre Anguiano, se indica claramente en Wikipedia, la enciclopedia libre, ha sido duramente cuestionado por su antigua militancia panista y conservadora. Ha generado numerosas polémicas por sus pronunciamientos. Entre los casos más sonados, se opuso a que el gobernador panista de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, acusado de estar involucrado con el crímen organizado, fuese destituído. La filiación partidista, fue factor decisivo. Allá en noviembre del 2004.
Absurdamente, estuvo a favor de la absolución del gobernador priísta de Puebla, Mario Marín, el llamado “gober precioso”, en un serio asunto de violación de los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho, quien le acusó de estar involucrado en asuntos de pederastía. El asunto fue manejado en Noviembre del 2007.
Otro más, desechó el juicio promovido por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para tratar de impedir el desafuero del entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, precisamente por desacato a una sentencia de amparo. También en este asunto, el aspecto partidista, fue de gran peso, aunque en contra. Esto fue en julio del 2004.
En el caso de las reformas al Código Penal del Distrito Federal, que despenalizaron el delito de aborto, su pronunciamiento fue en el sentido de que eran anticonstitucionales. Al final, las reformas persistieron. Se le conoce como “el paladín de los antiabortistas”, pues, fiel a su filiación partidista, en todo momento se ha pronunciado en contra de despenalizar el aborto. Esto, en agosto del 2008.
También se opuso a la propuesta de que los miembros de las fuerzas armadas que cometan delitos contra civiles, fuesen juzgados por tribunales ordinarios. Esto, en agosto del 2009.
Aguirre Anguiano, es panista. Bajo las siglas del blanquiazul, fue regidor del Ayuntamiento de Guadalajara, durante el período 1985-1986. Dicen, que “no niega la cruz de su parroquia”. Vistos los antecedentes, del Señor Ministro, no se necesita ser adivino para anticipar los términos en que resolverá el asunto de Osuna Millán. Panista, no come panista. Malo, para los afectados por el acto expropiatorio. Quizás si hubiesen sacado a relucir su filiación partidista, todo sería distinto.
gil_lavenants@hotmail.com
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