La postura que ha asumido el director de policía en el municipio de Playas de Rosarito, Francisco Castro Trenti, se encuentra fuera de legalidad, gracias a su protector y jefe el alcalde Javier Robles, y a su egocentrismo, vanidad y estólida postura de no aceptar los resultados de sus exámenes de control y confianza que le fueron aplicados en el Centro de Control y Evaluación, dependiente del gobierno estatal.
De acuerdo al propio reprobado y a su superior jerárquico, el alcalde Javier Robles Aguirre, los datos que aporta el Centro responsable de las evaluaciones de todos los elementos policiacos de las diferentes policías del estado y municipios, son resultado de un manipuleo político gestado desde la subsecretaria de Seguridad Pública del Estado a cargo del Capitán Jorge Eduardo Montero Álvarez, para impedir su arribo y trabajo en el municipio más joven de la entidad.
Ante ésta dinámica de impunidad y omisión, el alcalde solicito a la federación se apliquen de nueva cuenta los exámenes a su director de la policía ya que no se confía en la profesionalización e imparcialidad del Centro de Control y Evaluación del estado, por cierto, primer entidad de este tipo en ser certificado por el gobierno federal, con el fin de mostrar y demostrar que los exámenes de Francisco Castro fueron manipulados de manera negativa.
Con relación a lo anterior, hago de lado la aberrante ocurrencia, para no llamarla de otra forma, del alcalde, de exigir que fuera el FBI quien realizara la exanimación de Francisco Castro, dando muestra con ello el primer edil de desprecio a las instituciones mexicanas y a la capacidad de sus funcionarios.
En fin, entrampados en el limbo de la ilegalidad, ya que su director fue aceptado por el cabildo sin haber presentado los referidos exámenes como lo exige la Ley de la materia, y ahora, con la no aprobación de los mismos, al alcalde le respondieron que en Centro de Evaluación es el único que aplica los exámenes y que estos son similares para todo el país.
Y lo ¨invitan¨ a que acepte el resultado de los mismos y actué en consecuencia, es decir, que tramite de manera inmediata la baja de Francisco Castro, de lo contrario continuara fomentando y protegiendo una ilegalidad.
Por otra parte, y en el caso, que así será, de no aceptar las sugerencias del gobierno estatal, de continuar el alcalde mandando al carajo al Centro de Evaluación, cuando menos debe de impedir que su director de seguridad publica ande armado, ya que no cuenta con la autorización para ello, le fue negado el oficio de comisión para la portación de arma, con la independencia de no haber sido aprobado en los exámenes.
Y Francisco Castro, retirar de su sequito de escoltas a quien sin ser policía porta el uniforme indebidamente de la corporación de nombre Claudia Cristina Espinoza García, quien no puede presentar los exámenes para ingresar a la corporación por contar con antecedentes que le impiden pertenecer al cuerpo preventivo de seguridad pública rosaritense.
Ante éste panorama de inmunidad e impunidad gubernamental municipal, solo resta cuestionar, quien dará solución a estas ilegalidades en las que se encuentran el alcalde y su director de policía. El Sindico Procurador Roberto Perales Sánchez, imposible, el ¨10-15¨ como le dicen sus conocidos se encuentra ocupado en asuntos de mayor y sustancial interés personal.
Mientras tanto los oficiales municipales se encuentran sumidos en una tarjea de corrupción, donde predominan la entrega de cuotas a los mandos, perdón, ya son ¨cundinas¨, solo que no pasa del primer número, y estas como siempre salen de las extorsiones a los ciudadanos y protección a los delincuentes, en detrimento directo de la seguridad de los rosaritenses.
Pobre Rosarito, quien visualizo esto.
Y aun faltan 13 meses.
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