Por Gilberto Lavenant
En días pasados surgió un escándalo político, cuando en un periódico capitalino se reveló la transcripción de una llamada telefónica entre el líder estatal de la CNOP, Enrique Acosta Fregoso, y el diputado local, Eli Topete, con lo que se puso de manifiesto que en Baja California se están realizando labores de espionaje, las cuales son ilegales y por lo tanto severamente penadas.
La treta, respecto a la difusión del contenido de la charla telefónica, era tratar de descalificar al Senador priísta Fernando Castro Trenti, involucrándolo en presuntas negociaciones indebidas respecto a la importación y venta de autos usados, pues los protagonistas hacen referencia a un Senador, y aunque no mencionan el nombre, cualquiera sabe que ambos están estrechamente ligados con el citado legislador federal.
Los agraviados, de inmediato voltearon hacia el edificio de enfrente, donde se ubican las oficinas del Gobernador Osuna Millán, a quien acusaron de estar espiando a políticos, empresarios, periodistas y demás actores políticos. La tibia negativa de los acusados, fortaleció las sospechas.
Preocupados por haber detectado “pajaros en el alámbre” y lógicamente con la evidente intención de desvirtuar el contenido y alcance de la conversación, los protagonistas de la charla telefónica de inmediato presentaron sus respectivas denuncias ante la PGR en tanto que integrantes de la Legislatura Estatal anunciaban que citarían a comparecer a los principales colaboradores del Gobernador Osuna Millán, para que dieram explicaciones.
La comparecencia se llevó a cabo ayer en el edificio legislativo. Los integrantes de la Coordinación Política, cuestionaron a los funcionarios públicos por separado. El primero fue Daniel de la Rosa, Secretario de Seguridad Pública Estatal, principal sospechoso, quien durante dos horas se dedicó a negar que realizaba labores de espionaje.
Le siguió el Procurador, Rommel Moreno Manjarrez, quien iba preparado con el “rollo” de las limitantes legales para espiar. Que sólo es posible mediante orden judicial y en casos de combate al crímen organizado. Su disertación, que duró apenas unos 35 minutos, no convenció a ninguno de los legisladores. El último en comparecer, lo fue Cuauhtémoc Cardona Benavides, Secretario General de Gobierno, quien al igual que sus antecesores, se dedicó a tratar de minimizar o aniquilar las sospechas sobre el presunto espionaje.
Los legisladores, estuvieron a punto de soltarse riendo, por las versiones infantiles de los comparecientes. Dicen que están pensando seriamente en acusarlos por intento de homicidio. Los quisieron matar, pero de risa, con las payasadas que dijeron. Sin embargo, estaban preparados para poner al descubierto que de manera ilegal el Ejecutivo Estatal, realiza labores de espionaje, a diestra y siniestra, con equipo sofisticado. Como dicen, tienen “los pelos de la burra en la mano”. No hay duda de eso.
El diputado Julio Felipe García, coordinador del grupo parlamentario priísta, fue el encargado de arrancarles la careta a los espías fracasados. Le recordó a Cardona Benavides, Secretario General de Gobierno, que en días pasado, en una charla sobre este tema, le reveló que el único que podía realizar labores de espionaje, era Daniel de la Rosa, Secretario de Seguridad Pública Estatal, a petición del Gobernador Osuna Millán. Ante tal señalamiento, a “bocajarro”, el “Temo” tragó saliva y se le saltaron los ojos.
Sobre todo, aunque insistió en tratar de minimizar las sospechas de espionaje, aduciendo que era simple morbo, “ni pío dijo” cuando Julio Felipe le mostró las facturas mediante las cuales en 2008 el Gobierno Estatal adquirió equipo especial para espiar y contrató la capacitación de personal para ello.
Las compras ascienden a varios millones de pesos y destacan la adquisición de un sistema de grabación de líneas telefónicas analógicas, con un costo de 48 mil dólares, tres estaciones de vigilancia GSM multibandas, con un costo de 402 mil dólares cada una, y 3 geolocalizadores de objetos y mapeo, con un costo unitario de 3 mil dólares, así como el pago de dos servicios de capacitación para investigadores técnicos en monitoreo electrónico “Penlik”, con un costo de 13 mil 500 dólares, impartido a cinco personas. El servicio de “Penlink” produce intercepción de datos y vigilancia de los equipos y programas informáticos que incluye entre otros: líneas de teléfono alámbricas, inalámbricas, satelitales 3G, entre otras.
Julio Felipe reveló que dicha documentación la obtuvieron de auditorías federales y estatales, realizadas al Gobierno del Estado. En especial mostró facturase expedidas por la empresa “Safeguard Products of México”, en la cual se detallan adquisiciones y pago de servicios que proporciona dicha empresa, para la intervención de líneas telefónicas.
Las comparecencias de los tres integrantes del gabinete del Gobierno estatal fueron presididas por el Diputado Gregorio Carranza y asistieron los Diputados: Claudia Agatón, Rubén Alanis, Alfonso Garzón, Juan Montejano, Rosana Soto, Virginia Noriega, Carlos Murguía, Rubén Fernández, Arcelia Galarza, Ricardo Magaña, María del Rosario Rodríguez y Máximo García. Todos, sin excepción alguna, quedaron convencidos de que sus charlas podían estar siendo grabadas desde el edificio de enfrente.
A partir de ahora, seguramente inventarán claves para comunicarse. Sobre todo, cuando pretendan criticar acciones del Gobernador Osuna Millán. Hasta ahora, algunos entendieron la razón por la cual cuando se entrevistaban con el Jefe delEjecutivo Estatal, los trataba con frialidad, distante o visiblemente molesto. Los “pajarracos” le han de haber informado que se expresaron mal de él.
Los legisladores pasaron de las sospechas a la certidumbre, los “pajarracos” son del grupo de Osuna Millán. Ahora cabe exigir una demostración del equipo y la exhibición de grabaciones y archivos “confidenciales”, así como nombres de espiados y destino de la información, lo que se debe informar a la PGR. El juicio político, está en puerta.
gil_lavenants@hotmail.com
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