El gran empresario puede ser cualquiera del consejo directivo de la multinacional Sempra Energy, como Carlos Ruiz Sacristán, ex titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Luis Téllez, ex titular de la SCT y de la Secretaría de Energía, o Donald E. Felsinger.
El hombre de negocios puede respirar la brisa marina y pasear tranquilo por la mansión de 17 millones de dólares, que cuenta con 14 habitaciones, cine, cocina, cantina y muebles de maderas finas. En los últimos 14 años ha tenido un gran éxito empresarial, consolidó su imperio en el norte de México con la construcción de una termoeléctrica en Mexicali, un gasoducto que atraviesa Baja California y una terminal de gas natural en el municipio de Ensenada. Con dos contratos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para el suministro de gas, que le han reportado ingresos de al menos de 13 mil millones de pesos, ha recuperado gran parte de lo invertido en toda la infraestructura en el estado.
En la mansión conocida como Casa Azul, ubicada a 27 kilómetros al norte de Ensenada, a un costado de la terminal de gas natural, el ejecutivo sabe que su imperio energético lo logró en base de alianzas con políticos priistas y panistas, que le permitieron imponerse a otras empresas.
Las florecitas
"Hay gente que quiere vivir sin que se mueva una florecita y yo les pregunto: ¿qué les decimos a toda la gente que quiere un empleo digno, de calidad, para poder vivir mejor?", así Eugenio Elorduy Walther respondía a los grupos ambientalistas que criticaban los proyectos de plantas de gas natural licuado (GNL) en las costas de Baja California.
Era agosto de 2003 y las autoridades municipales, estatales y federales panistas impulsaban que la iniciativa privada construyera y operara terminales de GNL, como quedó definido en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, instrumentado por el presidente Vicente Fox.
En Baja California eran seis empresas que buscaban instalarse y obtener el contrato de suministro de gas natural a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por un monto de mil 400 millones de dólares.
Conforme pasaba el tiempo, el número de multinacionales se reducía y surgía un ambiente de acusaciones dirigidas a funcionarios de los tres niveles de gobierno por fomentar lo que consideraban un monopolio administrado por Sempra Energy.
Chevron Texaco, que tenía el proyecto de una terminal en islas Coronados, frente a Tijuana y Playas de Rosarito, en noviembre de 2003 presentó ante la Comisión Federal de Competencia un recurso de inconformidad contra Sempra Energy.
En la demanda exponía que la transnacional californiana constituía una barrera para la libre competencia, porque en esos momentos ya contaba con gasoductos en los municipios de Mexicali, Tijuana y Playas de Rosarito.
Apuntaba que si se le otorgaban los permisos para la construcción y operación de un gasoducto a la empresa californiana se le beneficiaría indebidamente y se actuaría en perjuicio de sus competidores.
En marzo de 2007, dos años después que la filial de Sempra, Energía Costa Azul, obtuviera el contrato de la CFE, Chevron Texaco anunció que desistía de su proyecto. Antes habían abandonado sus proyectos otras empresas, como Tammsa y El Paso; pero no serían las únicas.
Unas coincidencias
Cada día de los meses de enero a marzo, el alto ejecutivo puede pararse en uno de los balcones de la Casa Azul y mirar la ruta de la ballena gris en su largo viaje de las costas de Alaska a las de Baja California Sur, donde encuentra las condiciones ideales para reproducirse.
"El tráfico de los barcos sobre la región puede traer como consecuencia accidentes con ballenas. Estos podrán minimizarse al realizar una menor operación de embarcaciones en las épocas de mayor tráfico de ballenas", detalla el manifiesto de impacto ambiental (MIA) que Sempra Energy entregó a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en agosto de 2002.
El MIA para la terminal de GNL fue realizado por la empresa Especialistas Ambientales S.A. de C.V., creada en 1998 por Víctor Lichtinger, José Antonio Ortega Rivero y Rodolfo Lacy Tamayo.
En 2002 y 2003 cuando la Secretaría del Medio Ambiente evaluó el proyecto, dos de los socios fundadores de Especialistas Ambientales trabajaban en la dependencia federal, Víctor Lichtinger como secretario y Rodolfo Lacy Tamayo como coordinador de asesores.
El 8 de abril de 2003, la Semarnat, a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, autorizó el MIA para la planta de gas natural de la filial de Sempra, Energía Costa Azul. En el manifiesto de impacto ambiental hay una más de las coincidencias que han motivado que los críticos, ya sea políticos, ambientalistas, ciudadanos o empresarios, sostengan que la transnacional ha sido beneficiada por el tráfico de influencias.
Esas coincidencias en empresas fundadas por funcionarios públicos no ha sido obstáculo para que la transnacional californiana haya dejado de recurrir de los servicios de Especialistas Ambientales S.A. de C.V. Otro de los proyectos en los que participó la compañía fundada por el ex secretario de Semarnat fue en la elaboración del manifiesto de impacto ambiental para la construcción del gasoducto de la terminal de Ensenada hasta el municipio de Tecate. En esa ocasión, Sempra Energy contó con un viejo aliado, que en esos momentos era el político más importante de Baja California.
Todos salimos beneficiados
En el caluroso mes de agosto de 2002, unos hombres de negocios visionarios se reunieron en Mexicali y acordaron disolver la empresa Próxima, S.A. de C.V. Meses después también decidieron ceder a Sempra Energy sus acciones en las compañías Distribuidora de Gas Natural de Mexicali, S. de R.L. de C.V., DGN Servicios, S. de R.L. de C.V., DGN Chihuahua, S. de R.L. de C.V., Transportadora de Gas Natural de Baja California, S. de R.L. de C.V., Prosempra, S.A. de C.V. y Próxima Gas, S.A. de C.V.
En diez años, las historias de los que fueron socios de Próxima habían y estaban cambiando. El hijo de Ricardo Charvel Tobías, Ricardo, asesoró a Vicente Fox en el periodo de transición a la presidencia de la República y trabajaba para Sempra Energy como gestor ante las autoridades de los tres niveles de gobierno. El hijo de Gastón Luken Aguilar, de mismo nombre, había sido contralor del gobierno del Distrito Federal, consejero del Instituto Federal Electoral y llegaría a ser diputado federal por el Partido Acción Nacional. Además, los accionistas de la empresa ahora contaban con un gobernador: Eugenio Elorduy Walther.
Las sospechas de que el entonces mandatario estatal era socio de Sempra Energy, como quedó demostrado en la primera parte del reportaje, motivaron que políticos y empresarios lo criticaran por favorecerla y buscar el beneficio personal.
Hasta la fecha, Elorduy Walther ha negado las acusaciones y ha declarado que ninguna compañía fue favorecida. "Simplemente vino una empresa, solicitó establecer aquí un negocio, cumplió con las reglas que marcan el gobierno de México, el gobierno del estado y el municipio de Ensenada. Y se llevó a cabo la inversión.
"Dejó empleos. Dejó beneficios de tener acceso a un producto que es el gas natural de manera más barata que lo que hemos venido recibiendo de Estados Unidos. Entonces hubo ganancia para Baja California, para los que aquí vivimos. Todos salimos... todos los bajacalifornianos salieron beneficiados", ha expresado.
En noviembre de 2002, representantes de la empresa Shell presentaron en la Semarnat los manifiestos de impacto ambiental para las construcciones de una planta de gas natural y un gasoducto en el Estado.
La terminal, al igual que la de Sempra Energy, estaría instalada en la zona conocida como Costa Azul, a 27 kilómetros al norte de Ensenada. Con la presentación del manifiesto de impacto ambiental del gasoducto, la transnacional holandesa pretendía tomar ventaja de las otras empresas que buscaban el contrato con la Comisión Federal de Electricidad.
En diciembre del mismo año, la dependencia federal solicitó al gobierno del Estado, entonces encabezado por Eugenio Elorduy, que emitiera una opinión sobre la obra del gasoducto. Las autoridades estatales no respondieron y fue una de las razones por las que el 8 de abril de 2008 Semarnat negó la aprobación del proyecto.
"Es importante señalar que en los ecosistemas en donde se van a llevar a cabo las diferentes obras y/o actividades relacionadas con el gasoducto existe una composición faunística y florística de gran importancia.
"En adición a lo anterior en el área del proyecto se detectaron diversas especies de flora y fauna enlistadas dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001", establece el resolutivo de Semarnat sobre el gasoducto de Shell.
Dos años después, los criterios de la dependencia federal cambiaron, principalmente por la intervención del gobierno del Estado; obviamente que esa nueva visión ambiental y de desarrollo económico no fue para favorecer a la transnacional holandesa.
En septiembre de 2003, Sempra Energy presentó a la Secretaría del Medio Ambiente el manifiesto de impacto ambiental para instalar un gasoducto de la planta de GNL que proyectaba en Costa Azul, en Ensenada, hasta el municipio de Tecate. El estudio fue realizado por la empresa fundada por Víctor Lichtinger, Especialistas Ambientales.
Al igual que ocurrió con el proyecto de Shell, la dependencia federal solicitó al gobierno del Estado que emitiera una opinión sobre la obra propuesta por Sempra Energy. A través de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidue), la autoridad estatal consideró que sí era factible la construcción del gasoducto: "toda vez que forma parte de la infraestructura de captación y distribución del energético requerido para el desarrollo social y económico del Estado.
"La infraestructura de gasoductos no corresponde a ninguno de los usos marcados como incompatibles en las Unidades de Gestión Ambiental por las que atraviesa el proyecto. La infraestructura de gasoductos tienen una función de transporte del gas no de almacenamiento", expuso.
Con relación de la afectación de diferentes ecosistemas y especies enlistadas dentro de una Norma Oficial Mexicana, que fueron las causas por las que el proyecto de Shell fue desechado, la Semarnat reconoció que habría un impacto negativo, pero que "no se detectaron impactos acumulativos por el desarrollo del proyecto, sin embargo se establecerán condicionantes enfocadas a la restauración del hábitat, así como medidas de compensación por la pérdida de cobertura vegetal".
En mayo de 2004, la dependencia federal autorizó el manifiesto de impacto ambiental para el gasoducto de Sempra Energy. La transnacional californiana consolidaba así su poderío energético en Baja California.
El panorama de la guerra por el control del gas natural en el Estado se despejaba poco a poco. A finales de 2003 Shell acordó utilizar las instalaciones de Energía Costa Azul para el suministro del combustible a empresas instaladas en Baja California. A principios de 2004, otra empresa también se quedaría en el camino, uno de los responsables el entonces gobernador Eugenio Elorduy Walther.
Los espías salvajes
A pesar que cuenta con la seguridad civil y militar mexicana en caso de ser necesaria, el alto ejecutivo sabe que sus críticos y enemigos conocen infinidad de detalles de la mansión que construyó Sempra Energy en Ensenada para reunirse con importantes políticos y hombres de negocios. Hay decenas de fotografías en internet que muestran el interior de la Casa Azul, con sus muebles de maderas finas de 9 mil dólares, sus lámparas de techo de 21 mil dólares, sus recámaras de 22 mil dólares y sus obras de arte de hasta de 9 mil dólares.
La historia en México de la transnacional californiana ha estado envuelta en demandas, filtraciones de información y acusaciones de espionaje y sobornos a funcionarios mexicanos. Rodolfo Michelon, quien laboró para Sempra Energy como contralor por cinco años, fue despedido en marzo de 2010 y en noviembre del mismo año presentó una demanda por despido injustificado en la Corte de California en San Diego.
Durante su proceso, quien fue representante legal de la empresa en México ha dado a conocer documentos que muestran la forma de operar de la transnacional californiana y de las otras empresas que buscaban obtener el mercado del gas natural en Baja California y el sur de California.
En febrero de 2004, el entonces gobernador de Baja California, Eugenio Elorduy Walther, expropió más de 800 hectáreas en la zona conocida como El Monumento de Playas de Tijuana. Los argumentos eran brindar certidumbre jurídica en la posesión de los terrenos y crear áreas para el desarrollo de vivienda, industria, comercio y reservas territoriales.
La decisión del titular del gobierno del Estado afectó los planes de la empresa Marathon Oil, que contaba con permiso de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para operar en El Monumento una planta de gas natural que atendería a dependencias públicas y empresas de la región Baja California-California.
"Lo único que te puedo decir es que Marathon Oil y el Centro Regional de Energía de Tijuana estamos sorprendidos y decepcionados por la decisión del Gobierno del Estado.
"No hemos podido lograr ningún progreso significativo por falta de apoyo local o regional, la acción del Gobierno es una señal muy clara de que no van a apoyar el proyecto y de que el Centro Regional de Energía no podrá construirse", declaró el representante de Marathon Oil en Tijuana, Mark Banks, dos días después de la expropiación.
Siete años después, ya finalizado el gobierno de Eugenio Elorduy Walther, ha resultado que la expropiación fue un fracaso para el gobierno del Estado y para las arcas públicas. Los propietarios de los terrenos en El Monumento se ampararon y poco a poco han ganado los juicios.
El 4 de junio de 2010 y el 21 de octubre de 2011, el actual gobernador José Guadalupe Osuna Millán se ha visto obligado a publicar en el Periódico oficial la revocación parcial del decreto de utilidad pública de los terrenos.
Sin embargo, tras la expropiación inicia una de las historias de espionaje político y empresarial que han rodeado la presencia de la transnacional californiana a México.
Un documento presentado por Rodolfo Michelon en su demanda laboral expone que supuestamente Marathon Oil pagó a la agencia de investigación Interfor, Inc. para que documentara un presunto soborno que Sempra Energy entregó a Eugenio Elorduy.
Los investigadores siguieron al mandatario estatal, a algunos de sus socios y funcionarios de confianza. Monitorearon sus llamadas. Enlistaron las empresas que tenía y los organismos empresariales en los que participaba. Detallaron las actividades de sus hijos y su esposa.
El soborno por favorecer a Sempra Energy nunca lo pudieron documentar los investigadores. Tampoco encontraron que Eugenio Elorduy fue socio de la multinacional a mediados de la década de 1990.
El reporte de la supuesta investigación de Interfor, Inc. fue entregado en abril de 2005. Para esa fecha, Sempra Energy ya contaba con los permisos para construir el gasoducto y la planta de gas natural en Ensenada, además había obtenido el contrato de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por mil 400 millones de dólares.
Sempra Energy, siempre muy cercana a los hombres del poder político, ya tenía asegurado su imperio energético en Baja California. El alto ejecutivo, frente a la vista privilegiada del océano Pacífico, también puede recordar que en esas fechas la empresa gozaba de otro contrato millonario con la CFE, el cual causaría daños al erario público por más de 200 millones de pesos. Tema que será abordado en la siguiente parte del reportaje.
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