Al advertir que en el terreno político, se encontraba en desventaja, la Síndico del XX Ayuntamiento de Tijuana, Yolanda Enríquez, llevó el asunto de su enjuiciamiento político, al terreno judicial, en donde se librará una interesante contienda entre la ley y la política. ¿Cuál ganará ? Ya lo veremos.
Independientemente de que el llamado Juicio Político, tenga mucho de eso, o sea de político, es un proceso jurisdiccional excepcional a cargo de los legisladores locales, que tiene su desarrollo en el ámbito administrativo, pero que no se puede apartar de la observación de las normas jurídicas que lo regulan, de los principios generales del derecho y sobre todo de las leyes fundamentales, que son la Constitución General de la República y la Constitución local, en especial en lo que se refiere a las garantías individuales.
Si en los casos de los delincuentes más peligrosos, se les deben respetar sus derechos, con mayor razón en aquellos asuntos en donde no se han cometido delitos, sino supuestas o aparente faltas, fallas o excesos, en el desempeño de cargo o función pública, como ocurre en lo relativo al enjuiciamiento de la Síndico de Tijuana.
Yolanda Enríquez, observa sorprendida que sus “amigos” y compañeros de partido político, pretenden “quemarla en leña verde” y no les cree cuando le aseguran que actuarán y resolverán conforme a derecho, pues resulta evidente, no solo que la enjuiciarán, sino que la intención es castigarla, retirándola del cargo e inhabilitándola, para que quede de ejemplo para todos aquellos que se resistan a alinearse o doblegarse, ante disposiciones o lineamientos “superiores”.
Por eso, no la pensó dos veces cuando sus abogados, que son los defensores del empresario priísta Jorge Hank, le recomendaron y observaron la posibilidad de acudir a la vía judicial, cuando que en el terreno político todo se ve negro.
Así fue cómo, el viernes 5 de Agosto, presentó ante la oficialía de partes común del Poder Judicial de la Federación, en Tijuana, escrito inicial de demanda de amparo, reclamando la protección de la justicia federal en contra del juicio político a que se pretende someterla, al considerar que es violatorio de sus garantías individuales, pues en su opinión no se reúnen los elementos para ello.
La demanda quedó radicada ante el Juzgado Sexto de Distrito, bajo expediente 425/2011, en donde ayer miércoles se emitió el acuerdo de radicación y admisión, concediendo la suspensión provisional solicitada y fijando el 8 de septiembre para la celebración de la audiencia incidental.
Ahora, corresponde a la Legislatura Estatal, comparecer al terreno judicial, por conducto de sus representantes legales, a justificar las intenciones de someter a la Síndico a juicio político, pero al márgen de interpretaciones o pretensiones políticas, sino estrictamente apegadas a derecho. Y aquí, como dicen en el rancho, “es donde la puerca torció el rabo”. El juicio político, se deberá desprender de su vestidura política, y conservar sólo su forma jurídica. Nada de revanchismos, como se duele el Alcalde Carlos Bustamante, nada de utilizar de ejemplo a la funcionaria municipal, para sentar el precedente de que ya terminó la época de las impunidades, como la de “El Palaco” o “Diputadogate” panista.
Deberá observarse pulcritud jurídica en este juicio político, por llamarle de alguna manera, en tanto que deberá manejarse al márgen de cuestiones políticas, que no siempre son fundadas, ni mucho menos justificadas. Ya no estará sujeto a la interpretación de los legisladores locales, sino a la del juzgador federal, o sea a un experto en la materia de legalidad y respeto de las garantías individuales, y en especial en eso de enjuiciamientos.
La primera versión que se tenía sobre el juicio político en contra de la Síndico de Tijuana, era precisamente de que se manejaría en base a criterios y lineamientos de carácter político, más que políticos. Incluso se advertía que resultaba inútil que la funcionaria buscara el respaldo de abogados prestigiados, pues en el terreno político sale sobrando la técnica jurídica.
Ahora, se tendrá que cambiar la versión, pues si bien es cierto que lo político prevalecerá, pero será a partir de que se respeten las disposiciones jurídicas fundamentales, aplicables al caso. Para empezar, se tiene que acreditar plenamente que el caso de Yolanda Enríquez sí se encuadra dentro de la figura del juicio político. Que sí se agotan los extremos, como dicen los abogados, para que resulte procedente el enjuiciamiento de la funcionaria.
Ya han surgido opiniones, de estudiosos del derecho, que afirman que los actos de la Síndico, en el asunto del “tabledance policiaco”, no pueden ser encuadrados en la figura del juicio político. Pero los legisladores, en funciones de juzgadores, se resisten a aceptar tales criterios, pues para ellos sí resulta procedente.
Ahora será el Juez Sexto de Distrito, el que pondrá las cosas en claro, al menos en el terreno jurídico. Lo político, se quedará en el terreno político. La Síndico, podría encontrar en la vía judicial, la comprensión, apoyo y protección que infructuosamente buscó en el terreno político y los políticos que pretenden “afusilarla”, tendrán que guardar el juicio político para otra ocasión. La “Carabino de Ambrosio”, volverá al lugar donde ha permanecido guardada, durante tantos años.
gil_lavenants@hotmail.com
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