Palco de Prensa: “Descuidos administrativos”

Por Gilberto Lavenant
El regidor panista, Erwin Areizaga, el mismo que de manera valiente, enérgica, estricta, implacable, denuncia ante la XX Legislatura estatal a la Síndico del XX Ayuntamiento de Tijuana, Yolanda Enríquez, y solicita se le someta a juicio político, por supuestas conductas irregulares, sale en defensa de sus compañeros de partido, los 7 exfuncionarios del XIX Ayuntamiento que fueron inhabilitados, y asegura que no incurrieron en irregularidad alguna, sino que fueron simples “descuidos administrativos”.
Por algo se advierte que en este mundo, nada es verdad, ni es mentira, que todo es conforme al color con que se mira. El regidor denunciante, siendo panista, el color rojo de la Síndico, le resulta repugnante, como seguramente ocurre con los tricolores, cuando se trata de juzgar los actos de los blanquiazules.



Para el regidor, la Síndico merece ser destituida e inhabilitada, debido a que supuestamente encubrió a los involucrados en el caso del “tabledance” policiaco, que causó un escándalo, luego de que fue difundido un video en el que se observa a varios policías obligando a una mujer a hacer “streaptease”, a cambio de dejarla en libertad.



Sin embargo, el mismo regidor, no asume la misma actitud, valiente, enérgica, estricta, implacable, mostrada al denunciar a la Síndico, que es miembro del Partido Revolucionario Institucional, ante el caso de 7 exfuncionarios del XIX Ayuntamiento, miembros de su mismo partido, el PAN, que fueron inhabilitados en relación al caso de un controvertido individuo que cobró sueldo, e incluso liquidación, luego de varios meses de haber sido sustituido en el cargo. En este asunto, palabras más, palabras menos, dice que se trata de simples “descuidos administrativos”.



La diferencia de actitudes es enorme. En el caso de la priísta, valiente, enérgica, estricta, implacable. En el asunto de los panistas, generoso, comprensivo, solidario. Solo faltó que ofreciera sus servicios como abogado de los inhabilitados.



Lo interesante es que los aludidos, también asumieron una actitud semejante a la asumida por su oficioso defensor. Para ellos, no hay tales irregularidades, sino simplemente confusiones o inconsistencias administrativas, de las que no se desprende que hayan incurrido en responsabilidades que justifiquen la inhabilitación. Esto, en sus escritos mediante los cuales declaran ante la Sindicatura, dentro de las indagatorias administrativas correspondientes, respecto de los cuales el columnista autor de Palco de Prensa tiene copias.



Curiosamente, los 7 inhabilitados, contestan de “machote”, o sea utilizando argumentos idénticos y ofrecen como pruebas de descargo las mismas documentales. Que al final de cuentas, prueban en contra de ellos mismos.



Por ejemplo, ofrecen como prueba oficio de 7 de mayo del 2010, mediante el cual se le indica a Mario Bórquez Espinoza, que es designado encargado de la Dirección de Inspección y Verificación Municipal del XIX Ayuntamiento. Cargo este que hasta esa fecha había venido ostentando el controvertido Gustavo Lemus Torres. Y si este ya no ocupaba dicho cargo, pues debieron exhibir y ofrecer como prueba el oficio mediante el cual se le haya designado para ocupar otro distinto.



No lo hacen, sino que simplemente ofrecen como prueba, el tardío trámite de baja y liquidación de Lemus Torres. Quizás a este tipo de “descuidos administrativos” es a los que se refiere el Regidor Areizaga cuando sale en defensa de los inhabilitados.



Al respecto, ofrecen como prueba, oficio de baja por remoción, de fecha 16 de agosto del 2010, o sea casi cuatro meses después de que fue sustituido en el cargo, sin que se definiera qué otro ocuparía, pero durante los cuales continuó cobrando sueldo de Director, sin serlo.



Así mismo, también ofrecen como prueba, el finiquito de Lemus Tores, de fecha 29 de Noviembre del 2010, cuando que fue sustituido en el cargo, desde el 7 de mayo, por Bórquez Espinoza. Siete meses después de ser retirado del cargo, le pagan su liquidación. Qué generosidad, con dinero público.



Los aludidos omiten indicar, y sobre todo acreditar, si el controvertido Lemus Torres realizó alguna actividad, para devengar el sueldo que continuó percibiendo. Lo dejan a la imaginación de quien los juzgue. Hubiese sido más sencillo decir, que ocupaba una de las múltiples plazas de “aviador” que existían en la nómina del XIX Ayuntamiento. Porque deben saber que este no fue el único caso.



Quienes integran este paquete de inhabilitados, responden a los nombres de Gustavo Lemus Torres, protagonista principal de este asunto, al cobrar, sin trabajar, 212 mil 450.67 pesos, y otros 6 exfuncionarios municipales, encabezados por Enrique Méndez Juárez, exSecretario General de Gobierno y actual dirigente municipal del PAN en Tijuana.



También Mario Alberto Martínez Castillo, ex oficial Mayor; Martha Alicia Fuentes García, exTesorera; Luis Ernesto Cuenca Ruiz, exsubdirector de Recursos Humanos de Oficialía; Ernesto Lucero López, exsubdirector de Egresos, Contabilidad y Presupuesto de Tesorería municipal y José Mario Hernández Ramírez, exjefe del Departamento de Nóminas.



Y aunque todos se dicen inocentes, se les aplica la sentencia popular que advierte : “…tanto peca el que mata la vaca, como el que le agarra la pata”. Ahora que, si insisten en que todo fueron simples descuidos, eso les ubica en el papel de tontos, negligentes y no aptos para la función pública. Así es que la inhabilitación está más que justificada.



gil_lavenants@hotmail.com