Una vez más queda al descubierto que desde Los Pinos se emprenden acciones para alterar la normalidad democrática por objetivos electorales partidistas: ayer, el golpe fue para los panistas a través del madruguete a favor de Cordero; hoy, al PRI, con el uso político de la lucha anticrimen. Ante la provocación se debe mantener prudencia y demandar el esclarecimiento de los hechos.
La detención de Jorge Hank en Tijuana adquiere la mayor gravedad. Lo malo que se ha dicho de él no es poco; lo que se le ha comprobado es prácticamente insignificante, no obstante de la observación acuciosa de la que ha sido objeto por autoridades federales y del hecho de que su gestión como presidente municipal de Tijuana haya sido seguida por un gobierno del PAN, en un estado gobernado por el PAN. La madrugada de ayer, junto con una decena de personas, el Ejército lo detuvo en su domicilio a partir de una denuncia anónima. El cargo es el de acopio de armas.
Inevitablemente, el detenido remite al PRI. Su condición de candidato al gobierno de Baja California, ex alcalde de Tijuana y estirpe de uno de los íconos de la política tricolor, el profesor Carlos Hank, son insoslayables.
Por eso la acción adquiere la sospecha de que es motivada por razones partidistas. El delito que se le imputa era previsible, como puede suceder en el domicilio de un empresario de su categoría en los territorios donde el crimen organizado opera con impunidad. La autodefensa es un delito, pero es el recurso obligado de muchos frente a la impotencia de las autoridades responsables de garantizar seguridad. En noviembre pasado, en Tamaulipas, se hacía homenaje a don Alejo Garza, a quien con mérito digno se elevó a condición de héroe al enfrentar personalmente a los criminales con armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
De la información pública se infiere que las autoridades locales estuvieron al margen. Que el operativo haya estado a cargo del Ejército remite la responsabilidad a su comandante supremo, el presidente de la República. No se requería denuncia anónima para documentar la acción punitiva; es evidente que en el domicilio del señor Hank, como en el de cualquier otro empresario poderoso de la frontera, pueden encontrarse armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas. La no presencia de las policías estatales en la acción hace inferir que el objetivo era la detención del señor Hank, no la incautación de armas prohibidas, por ello el hecho remite a implicaciones de carácter político.
Queda la idea de que la acción punitiva es parte del anunciado relanzamiento de la campaña del PAN en el Estado de México. Un grave error a partir de tres consideraciones: la fragilidad de los cargos imputados, la imposibilidad de trasladar en costos electorales al PRI y a su candidato la detención, y el sabotaje presidencial al acuerdo de los tres dirigentes nacionales de PAN, PRI y PRD, quienes el lunes llamaban a mantener a raya al crimen organizado y evitar que la acción judicial se volviera argumento en la disputa electoral.
Una vez más queda al descubierto que desde Los Pinos se emprenden las acciones para alterar la normalidad democrática por objetivos electorales partidistas: ayer el golpe fue para los panistas a través del madruguete a favor del secretario Ernesto Cordero; hoy, al PRI, con el uso político de la lucha contra el crimen organizado. No es casual que en la entidad, desde tempranas horas, se haya deslizado el rumor de que la campaña del PRI en el Estado de México era financiada por el detenido Jorge Hank, argumento poco creíble por no decir falaz; tampoco que el candidato Bravo Mena de inmediato haya llevado el tema a su campaña.
En 2010 cuatro gobernadores del país fueron objeto de espionaje telefónico al cierre de las campañas para la renovación de Ejecutivo local. Por razones inexplicables, ni el Congreso ni el PRI demandaron esclarecer la autoría de la acción ilegal, no obstante la razonable sospecha de que el espionaje lo realizaron instituciones del Estado en la lucha contra el crimen organizado. Hoy, a un mes de la elección de gobernador en tres entidades, el Ejército procede a la detención de un emblemático priista, a quien se le acusa de posesión de armas en su domicilio para su defensa.Inaudito, por su biografía, que Jesús Zambrano, dirigente del PRD, busque capitalizar el uso judicial del Ejército frente al opositor.
Frente a la provocación, el PRI y el PRD deben mantener prudencia. Demandar a las autoridades responsables el esclarecimiento preciso y puntual de los hechos y dar oportunidad al detenido a una legítima defensa. De parte de todos se debe exigir al gobierno federal y al Presidente el mayor cuidado sobre operativos militares en acciones de discutible legalidad y con una evidente intencionalidad política y electoral. El espectro del fascismo llama a la puerta. La complacencia frente a lo menor puede conducir a lo peor, no importa el peso del prejuicio por los antecedentes o la calidad moral del detenido. Las fuerzas armadas no pueden utilizarse con tal ligereza. Del gobierno se espera documentar una presunta responsabilidad penal que vaya mucho más allá de la posesión de armas prohibidas.
Twitter: @berrueto
fberruetop@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario