Mujeres

Por Teresa Gurza

Las cifras oficiales aseguran que en México dos de cada tres mujeres sufren violencia intrafamiliar.

Que más de medio millón de las que pueden ser contabilizadas porque viven en medios urbanos, fueron amenazadas de muerte; y que son asesinadas un promedio de 14 mujeres cada día, a manos precisamente de quienes debieran protegerlas: maridos, novios o parejas.
 
Esos datos hablan de la urgencia de implementar medidas para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres; y construir más albergues donde puedan refugiarse, para huir de golpes, maltratos y amenazas.
 
 Actualmente hay ya 66 diseminados por el país, pero la mayoría de ellos son poco accesibles; y no cuentan con personal capacitado para ayudar a las mujeres a salir del círculo vicioso de dependencia con su agresor.
 
La experiencia indica que para poder romper esa dependencia emocional, son de vital importancia los refugios.
 
Eso, porque según datos del INEGI el 60 por ciento de las mujeres violentadas salidas de esos asilos, se niega a seguir viviendo con su agresor; lo que evitará que formen parte del 70 por ciento de mujeres golpeadas que vuelven a serlo en el lapso de un año.
 
Las que lo hacen, ponen antes reglas de convivencia; y sólo el 10 por ciento, recae en a la situación de la que intentó escapar.
 
Lo grave, es que todavía el 82 por ciento de las agredidas no denuncia los hechos por temor, por pensar que no logrará sino empeorar las cosas, por ignorar sus derechos, o simplemente porque piensa que es normal que toda mujer sea maltratada.
 
La violencia dentro de la familia deja secuelas físicas o sicológicas permanentes; y se hace evidente en hogares que no funcionan, ojos tristes, caras hinchadas, moretones que se intentan ocultar, depresión que lleva a no hacer nada o al suicidio; o a entradas y salidas de hospitales, como ocurrió a las más de cinco mil mujeres internadas en el estado de México en solo tres meses, por golpizas que casi las matan. 
 
Con denuncias o sin ellas, lo más descorazonador del asunto es que la mayoría de los casos quedan sin castigo.
 
Hace cuatro años entró en vigor la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para obligar a la Federación, entidades y municipios a actuar coordinadamente para prevenir, penar y eliminar la violencia de género. 
 
Pero muy poco se ha logrado, entre otras cosas porque no existe aún el banco de datos con información estadística que permitiría elaborar las respectivas políticas nacionales. 
 
La investigadora de la UNAM Regina Montero, entrevistada por La Jornada, dice al respecto que es dudosa la eficacia de políticas públicas si no se sabe cuál es la dimensión real del problema; si se desconocen los puntos rojos que hay que atender. 
 
Y según el editorial de El Universal, titulado En deuda con las mujeres, todavía varios estados de la República carecen del  reglamento que mandata la ley; a lo que hay que añadir que de nada sirven las leyes, sin la voluntad de las autoridades que deben encargarse de hacerlas cumplir.
 
Por su lado, Marisela Ortiz fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, de Ciudad Juárez, Chihuahua, que hay que actuar y dar resultados para que no sigan muriendo más mujeres. 
 
Y el Observatorio Nacional de Feminicidios ha denunciado que el tema ha sido una herramienta de denuncia política, en lugar de un incentivo para encontrar soluciones.
 
Lástima porque las podríamos haber celebrado este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
 
Lo que sí podemos festejar, es la decisión del gobierno del Distrito Federal de instituir el Seguro contra la Violencia; que consiste en un apoyo económico que se otorga durante algunos meses, a mujeres maltratadas que huyen de sus parejas, a fin de que puedan  pagar renta y alimentos.
 
Hay discrepancias sobre el origen de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, pero la versión más extendida precisa que se instituyó universalmente en honor de las 146 obreras de la fábrica textil Cotton de Nueva York, que en 1908 murieron calcinadas en un incendio provocado por sus patrones, que así querían acabar con sus protestas por los bajos salarios y pésimas condiciones de trabajo.