COLUMNA: Palco de Prensa

* Los gastos ilícitos
Por Gilberto Lavenánt
Seguramente muchos recuerdan que, con cierta frecuencia, y especialmente en períodos previos a los informes de gobierno, el alcalde panista Jorge Ramos Hernández, prácticamente “tapizaba” la ciudad con anuncios espectaculares, además de espacios en los divesos medios de difusión, en los que aparecía el rostro del funcionario y un breve mensaje sobre sus supuestos logros.
De lejos se podían ver los anuncios, pero se le identificaba solamente a Ramos, aunque el texto del mensaje apenas si se alcanzaba a leer.



Quizás muchos no saben que ese tipo de publicidad oficial, está prohibida. Lo advierte tanto la Constitución Federal, como la de Baja California.



En el artículo 100 de la Constitución Política del Estado de Baja California, se señala claramente que “…La propaganda , bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional. En ningún caso ésta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor político”. En los mismos términos lo establece la Constitución General de la República en el Artículo 134.



Tal parece que esta disposición no es del conocimiento de los funcionarios, como lo fue en el caso de Ramos Hernández, al igual que en muchos otros casos, tanto priístas como panistas : “…En ningún caso ésta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor político”.



¿Qué significa que funcionarios como Ramos Hernández, dediquen o destinen recursos públicos, para promover su imágen personal, contraviniendo las citadas disposiciones constitucionales ?



En principio, se trata de un acto anticonstitucional, o sea contrario a nuestras leyes fundamentales y por ende ilícito y de ninguna manera justificable.



El Ayuntamiento de Tijuana, es un ente jurídico público, no particular y los recursos económicos de que dispone, se deben manejar o administrar, conforme lo indiquen las leyes sobre la materia.



Una vez que se ejerce el presupuesto, se debe presentar el informe correspondiente, para que la Legislatura Estatal proceda a su revisión y lo sancione, o sea determine si las constancias acreditan el buen uso de los recursos públicos, o bien, al detectar fallas, recomendar las correcciones o aclaraciones que correspondan.



En el caso de que las irregularidades prácticamente sean insalvables, o sea que ya no sea posible corregirlas, en tanto que el gasto ya fue ejercido de manera irregular e incluso ilegal, se fincan responsabilidades al funcionario titular del órgano de gobierno que ejerció el gasto.



De acuerdo a la gravedad del caso, se decreta su inhabilitación para ostentar cargos públicos, o bien se le somete a juicio político, como requisito de procedibilidad, para llevar el caso a la vía penal.



Lamentablemente, las revisiones de las cuentas públicas, a cargo de la Legislatura Estatal, no son tan expeditas como se requiere. Hace unos días, se acaban de emitir dictámenes relativos a cuentas del 2009 y por regla general, sobre todo cuando el funcionario que actúo indebidamente y los encargados del órgano revisor, son del mismo partido, pues se pasan por alto todo tipo de irregularidades. Se hacen de la “vista gorda”.



Bueno, es más, hasta cuando son de partidos distintos, no se atreven a enderezar procedimientos penales en contra de los funcionarios de conducta ilegal y se convierten todos en “tapaderas”, unos de otros. Conjugan perfectamente el verbo tapar. Yo te tapo, tú me tapas, nosotros nos tapamos, ellos nos tapan. Así ha sido a través de la historia.



Nada más hagan un modesto análisis y traten de verificar cuántos funcionarios públicos cochinos y corruptos están en prisión. Caen algunos de cargos menores, y hasta esos, por una razón u otra, tarde que temprano salen libres.



En el caso concreto de Ramos Hernández y los exagerados gastos ílicitos que hizo en relación a su promoción personalizada, contrarios a las disposiciones costitucionales ya citadas, la administración del priísta Carlos Bustamante Anchondo, está obligada a iniciar el procedimiento correspondiente, para determinar el monto de lo gastado indebidamente, a fin de fincarle responsabilidad y además, como mínimo, inhabilitarlo para la función pública, pues resulta ser un criminal en potencia, que podría reincidir en los mismos actos.



Ya no se deben tolerar este tipo de gastos ilícitos. Ningún presupuesto alcanza, ante tales desviaciones.



Lamentablemente, ya lo advierten muchos, don Carlos Bustamante podrá aparentar que es sumamente furioso, cuando se lo propone, pero sumamente lento. Tanto, que pareciera que está más preocupado por cubrir las cochinadas de Ramos Hernández, que en descubrirlas y proceder en consecuencia.





gil_lavenant@hotmail.com