Este día la Comisión de Puntos Constitucionales, acordó solicitar la expedición de la Ley General de Trata de Personas, para que sea aplicable en toda la república mexicana.
En ese contexto, Oscar Arce precisó que la defensa de la igualdad y la libertad debe ser una constante a asumir por el Estado, a fin de “consagrar prerrogativas indispensables para el desarrollo integral de las personas”.
Agregó que la trata de personas no es una manifestación meramente circunstancial que afecta a una cuantas personas, sino que repercute en cuestiones de estructuras de los Estados en el tejido social y económico, así como en las organizaciones de la sociedad.
“No debemos permitir que se violenten los derechos humanos del individuo, sobre todo, de aquellos que tienen un status vulnerable; como las mujeres, los niños y los migrantes, esto por que adolecen de educación y oportunidades de trabajo”, expuso el legislador federal.
Explicó que actualmente en México, estamos frente a un fenómeno socio-delictivo, que no ha sido frenado por la insuficiencia de los diversos ordenamientos jurídicos vigentes en México, por la agudización paulatina de la globalización y el desarrollo tecnológico, además de que convergen factores de carácter económico, social, migratorio, discriminatorio, de delincuencia organizada y corrupción.
“Las redes del crimen organizado apuntan firmemente a la niñez como producto de cambio, cuyo beneficio deriva en vender a estos para que trabajen como siervos o de manera forzada, estas prácticas debemos concebirlas como inhumanas y criminales, por ello, es preciso detenerlas”, dijo enérgico el legislador federal panista.
Por tal motivo explicó que la comisión dictaminadora considera necesario proponer una reforma al párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución, para que la trata de personas se incorpore a los delitos en los cuales el Juez declara oficiosamente la prisión preventiva cuando el imputado esté siendo procesado, lo anterior toma fundamento por la afectación social que produce el ilícito y por el riesgo de que el sujeto activo se sustraiga de la acción de la justicia.
También dijo que fue pertinente, reformar la fracción V del apartado C del artículo 20 constitucional, para incluir dentro de los derechos de las víctimas y ofendidos por el delito de Trata de Personas, el resguardo de su identidad y datos personales, toda vez que, por las características de este delito, resulta necesario se proteja la identidad y datos de la víctima, con el fin de que, en el proceso penal, se cumplan con las mínimas medidas de seguridad.
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