COLUMNA: Palco de Prensa

* El Tribunal Electoral Por Gilberto Lavenánt
El Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, es uno de los órganos más importante de la estructura gubernamental en la entidad. Díganlo si no, es el encargado de dirimir cualesquier controversia que se suscite en un proceso electoral.
Forma parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Lo integran tres magistrados numerarios y hasta dos supernumerarios. De los numerarios, uno de ellos funge como Presidente, el cual es electo entre ellos mismos. Opera en pleno, reunidos todos los Magistrados Electorales y en lo individual, cada uno de ellos a cargo de una sala, como primera instancia, en asuntos electorales.



Por acuerdo del pleno, el 15 de diciembre del 2010, el Magistrado Germán Leal Franco, fue electo Presidente de dicho órgano de justicia, sustituyendo a la Lic. Elva Regina Jiménez Castillo, quien ahora funge sólo como Magistrada Numeraria, al igual que el Lic. Armando Bejarano Calderas.



Fungiendo como juzgadores, son independientes. Se supone. Resuelven en base a los elementos de prueba aportados y contenidos en un expediente, conforme a la ley, a su experiencia y su criterio jurídico.



Hasta fines del 2010, este Tribunal podía disponer de los recursos asignados para su funcionamiento, casi a su antojo, o al menos con cierta libertad. Reunidos en pleno, los Magistrados Electorales, ponían y quitaban, autorizaban gastos e incluso premiaban o sancionaban al personal.



Sin embargo, mediante reforma al Artículo 64 de la Constitución local, publicada en el Periódico Oficial del Estado, el 24 de septiembre del 2010, misma que entró en vigor el primero de dicembre del 2010, el pleno dejó de atender asuntos que son propios del tribunal, pero ajenos a la tarea judicial.



El segundo párrafo del artículo transitorio del decreto mediante el cual se hace efectiva la reforma, establece que : “…A partir del día primero de diciembre de 2010 las atribuciones o facultades que en materia de vigilancia, administración, disciplina y carrera judicial que actualmente se confieren en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California corresponderá ejercerlas a la Comisión de Administración”.



Dicha Comisión de Administración, se integra por el Magistrado Presidente del Tribunal, o sea el Lic Germán Leal Franco, un Magistrado designado por el pleno del Tribunal Superior de justicia del Estado, o sea el Magistrado Ignacio Pérez Castañeda, y un Consejero del Consejo de la Judicatura del Estado, o sea el Lic. José Luis Cebreros.



Así es que todo está claro, los Magistrados Electorales, a la labor judicial, y los integrantes de la Comisión de Administración, a atender todas las demás tareas del Tribunal de Justicia Electoral. Como dicen, zapatero a tus zapatos.



Sin embargo, algo está pasando en este Tribunal, pues los Magistrados Electorales, quizás porque no tienen nada qué hacer, cuando no hay comicios, pues les valió gorro la reforma constitucional que les quitá la facultad de administradores y han adoptado el papel de caciques o dueños del “changarro”, regenteándolo a su leal saber y entender, aunque definitivamente al márgen de la ley.



Por simple mayoría de votos, reunidos en pleno, los Magistrados Electorales, tomando atribuciones que no les corresponden, han despedido personal, contratando a quienes ahora los sustituyen, han reducido sueldos a personal de base, han efectuado transferencias presupuestales, han contratado personal sin que existan plazas para ello, no solo presupuestalmente, sino incluso tampoco en la estructura legal del Tribunal.



Curiosamente, o de manera absurda, las nuevas contrataciones se hicieron unos minutos después de inciado el período vacacional, lo que generó pagos indebidos, en perjuicio del erario público, lo que definitivamente es contrario a la austeridad, racionalidad del gasto público y el equilibrio presupuestal, que pregona la Legislatura Estatal.



Definitivamente esto, tarde que temprano tendrá que reventar y los señores Magistrados Electorales, podrían pasar de funcionarios judiciales, a “clientes” de los juzgados penales, pues lo que están haciendo, encuadra perfectamente no en uno, sino en varios delitos.



El asunto es serio, por donde quiera que se le vea. Se trata de Magistrados que carecen de facultades para administrar recursos, y al hacerlo, se están excediendo de sus funciones. Están realizando un ejercicio indebido, aue podría ser motivo de un cese fulminante, en cuanto se determine la veracidad de tales hechos. De cualquier forma, tan solo por falta de probidad, no pueden continuar en funciones.



Por otra parte, los integrantes de la Comisión de Administración, entre ellos el propio Presidente del Tribunal Electoral, también incurrirán en responsabilidad, sino intervienen de inmediato y frenan tales actos indebidos.



Este es, definitivamente, un asunto delicado para la Lic. Maria Esther Rentería, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, a quien le corresponde frenar y meter en cintura a los malos funcionarios judiciales.



El escándalo se asoma.

gil_lavenant@hotmail.com