Por Gilberto Lavenánt
Muchas actividades humanas requieren de pesos y contrapesos, para guardar un cierto equilibrio, de orden, de respeto, y con ello lograr la paz social. De la misma manera, se hace uso de premios y castigos.
Se premian las buenas acciones, pero se debe castigar los actos indebidos, las faltas a la ley.
Con los premios, se estimulan los actos positivos, favorables al ser humano en particular y a la sociedad en general, alentando, a los premiados, a seguir repitiendo esos actos buenos y a los demás, que escuchan u observan, a que hagan lo mismo.
En cambio, a los que acostumbran actuar al márgen de la ley, o a pasar por encima de ésta, que no la respetan para nada, hay que castigarlos, reprimirlos, sancionarlos, para tratar de impedir que sigan haciendo cosas malas y que otros no tomen sus actos como ejemplo para hacer lo mismo. A esos, a la cárcel.
Lamentablemente, en ocasiones se distorsionan las reglas. Diríamos que se premia al evasor y se castiga al ciudadano cumplidor, honrado, respetuoso. El ejemplo lo estamos viendo ahora con el manoseado asunto de Fidel Villanueva y su Anapromex.
A duras penas, con poca claridad, precipitadamente y con exceso de poder, el gobierno estatal bajacaliforniano, se dió a la tarea de aniquilar a este individuo, que había hecho un prospero negocio al márgen de la ley. Vendía supuesta protección a quienes no querían, o no podían, cubrir el costo de importación de sus vehículos a territorio mexicano.
Mediante cuotas de “cooperación”, conforme al modelo y estado de los vehículos, les expedía supuestas placas o engomados, que aparentemente amparaban a los propietarios, a circular sus vehículos, sin placas. Como efectivamente ninguna autoridad los molestaba, pues les resultaba más cómodo acudir al negocio de Fidel, que realizar los engorrosos y costosos trámites de importación de sus vehículos. Y Anapromex, creciendo, como una prospera empresa. Ya casi participaba en la Bolsa de Valores.
En cuanto a los vehículos “chocolate”, como les dicen, nadie se pone de acuerdo respecto al número de los que circulan en Baja California. Unos dicen que son 100 mil, otros 200 e incluso hay quienes aseguran que son unos 800 mil.
Pues bien, a reserva de revisar los expedientes, en los que se hacen constar los hechos, respecto de los cuales Fidel Villanueva fue detenido y enviado a prisión, que en principio corresponde a sus defensores particulares hacerlo, es interesante y necesario ver y analizar el trato que decidió darles el Gobernador Osuna Millán, a los supuestos asociados a Anapromex. Tan “generoso” y “caritativo”, con el dinero del gobierno.
Para empezar, cometieron un acto ilegal, contrabando, al internar a territorio mexicano, vehículos de motor, sin importarlos. Además, hubo faltas administrativas y quizás también incurrieron en delitos diversos, al acudir a una empresa particular, a adquirir documentos que supuestamente les permitían evadir el pago de placas de circulación, que expide el Gobierno Estatal.
Dichas personas, independientemente de sus condiciones económicas, sabían, y saben, que estaban actuando al márgen de la ley. El argumento de que fueron engañados por Villanueva, que ni ellos mismos se lo creen, solo fue para meter a la cárcel al dueño de Anapromex.
Así es que si metieron a la cárcel al creador y regenteador de este negocio ilícito, lo menos que se esperaba era que el gobierno estatal iniciara la revisión, detención y decomiso de los vehículos “chocolate”, que en forma descarada circulan, supuestamente amparados por Anapromex. Los castigos se aplican para reprimir y desalentar los actos indebidos. Eso era lo lógico.
Sin embargo, don José Guadalupe Osuna Millán, quien cobra como Gobernador del Estado, anticipándose para los próximos comicios, decidió premiar a los evasores fiscales, tanto federales como estatales, o sea a los supuestos afiliados o asociados a Anapromex, pagándoles el costo de importación de sus vehículos “chocolate”. Son votos, ha de haber dicho.
Osuna Millán puso en marcha un programa de regularziación de “vehículos Anapromex”, para lo cual regalará a cada uno de los propietarios, la cantidad de $ 5,000.00 pesos, con lo que cubrirán el costo de importación. Se pretende regularizar cuando menos 5 mil vehículos y para lo cual el gobierno estatal destinará 25 millones de pesos.
Además de aberrante, al premiar a quienes debe sancionar, por evadir la ley, bajo el supuesto de que fueron engañados, son muchos los cuestionamientos que han surgido sobre tales acciones del gobierno de José Guadalupe, entre ellos los siguientes :
¿Bajo qué supuesto programa social, regalará dinero público, a quienes evadieron la ley ?
¿En realidad piensa que con este regalo, reprimirá o frenará la circulación de autos “chocolate” ?
¿No sería mucho mejor, utilizar esos recursos para pagar el costo de desayunos escolares ?
No se requiere ser muy inteligente, para advertir que este tipo de “generosidades” oficiales, podrían ser encuadradas en el delito de peculado, pero, al final de cuentas, producirán votos para las próximas contiendas. No se ve, ningúna otra razón para ello.
gil_lavenant@hotmail.com
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