COLUMNA: Palco de Prensa

* Las descalificaciones II
Por Gilberto Lavenánt
La madre de uno de los policías que pasó más de un año en la prisión de Nayarit y que se esperaba su arribo a Tijuana, ayer lunes, junto con cuatro ex oficiales más, exigió que sean investigados el Secretario de Seguridad Pública, Julián Leyzaola, el Director de la corporación, Gustavo Huerta y el Alcalde de la ciudad, Jorge Ramos Hernández.

La señora, Guadalupe Flores Herrera, es madre de Manuel Guerrero Flores, oficial de la policía municipal, de tan solo 30 años de edad, uno de los 13 policías liberados, por resolución de un juez federal de Chihuahua, y que permanecieron recluídos en Nayarit, durante varios meses.

Guerrero Flores, con cuatro años dentro de la policía, estaba adscrito a la delegación de San Antonio de los Buenos, cuando fue detenido y presentado como uno de los policías al servicio del crimen organizado, en apoyo a Eduardo Teodoro García Simental, alias “El Teo” o “El Tres Letras”. Tiene tres hijos, de 9 y 7 años de edad, además de un pequeño que nació mientras estaba preso. Obviamente quedaron desamparados, mientras su padre estaba en prisión. De no ser por la abuela, quizás hubieran muerto de hambre. Aunque les parezca exageración.

La madre, cuenta el drama vivido, durante el cautivero de su hijo. La familia, o sea su nuera y sus nietos, se los llevó a vivir a su casa, para poder subsistir. Su nuera esperaba dar a luz a su tercer hijo y toda vez que al detener a su esposo, fue dado de baja de la corporación , le cancelaron los servicios del ISSSTECALI y tuvo que pagar los gastos del parto en un hospital privado.

Sin poder ocultar su rabia, su coraje, su frustración, la madre del expolicía señala que por la detención de su hijo y de los demás expolicias municipales, deben ser investigados, el Secretario de Seguridad Pública, Julián Leyzaola, el Director de la corporación, Gustavo Huerta y el Alcalde de la ciudad, Jorge Ramos Hernández. Si conocieran la vergüenza, de perdido pedirían disculpas a los policías liberados y los reinstalarían. Si la conocieran.

Los citados funcionarios dieron la orden, la autorizaron o la ejecutaron, para que dichos policías fuesen detenidos, exhibidos como criminales, cesados en su empleo y puestos a disposición de autoridades competentes. Obviamente, no se preocuparon, o su ignorancia no les permitió percatarse de ello, que no había elementos suficientes para enjuiciarlos y condenarlos antes de tiempo, fuera de procedimiento. Eso se llama abuso de autoridad. Así de simple. Bueno, además de que evidencia incapacidad, negligencia o torpeza.

En justicia, la madre reclama para su hijo, y para los demás expolicías detenidos y ahora liberados, que se les reinstale, que se les paguen los salarios caídos, al no haberse acreditado que hayan incurrido en delito alguno. También pueden reclamar les sean reintegrados los montos de dinero que erogaron en su defensa y en la subsistencia de sus familias, además del daño moral, al haberlos exhibido como criminales, sin serlo, o al menos sin haberlo acreditado plenamente, como lo demuestra el hecho de que un juez federal haya ordenado su liberación.

Pero ya está visto que la justicia en Baja California, y en especial en Tijuana, es ciega, torpe y solapadora. Que las autoridades, antes que reconocer fallas o excesos, utilizan el sobado método de la descalificación, precisamente para tratar de restarle valor a las acusaciones y para eludir responsabilidades.

Igualito que como ocurrió con la recomendación del Procurador de los Derechos Humanos, Lic. Heriberto García, en la que señala a Leyzaola como torturador y violador de los derechos humanos, y el Alcalde Jorge Ramos, sin siquiera dedicarle unos minutos al análisis de la recomendación, de inmediato dijo que tenía tíntes políticos, y del Procurador se dijo que era gente de Mario Madrigal, del grupo de Jorge Hank Rhon.

Es tal el cinismo y la desvergüenza de los funcionarios públicos, en este caso los municipales, encabezados por el propio Ramos Hernández, que seguramente van a argumentar en su defensa que la madre del policía es comadre de Hank, o madrina de Madrigal, que recibió dinero a cambio de que hiciera tales señalamientos.

Pero que le sigan por ahí, los ciudadanos ya aprendieron que ante autoridades tan soberbias, arbitrarias y sordas, no hay remedio más infalible que el voto duro. Esto lo comprobaron en los comicios del 4 de julio. Y todavía tienen el descaro de preguntar el por qué perdieron los panistas. Leyzaola, por su parte, insiste en aferrarse a la chamba de Secretario de Seguridad Pública, como si realmente tuviese méritos para ello.

Si de descalificaciones se trata, esa clase de funcionarios, fueron, evidente y contundentemente, descalificados por los electores. Por ello, deben ir a la banca. Pero no a Banobras, como pretenden, sino a la lista de desempleados. Aunque algunos deberían ir a la sombra, para que sientan lo que se siente, estar tras las rejas. Con la diferencia de que ellos estarían con cargos de peso, que actualmente dicen se trata de simples “leyendas urbanas”. Ya veremos.


gil_lavenant@hotmail.com