COLUMNA: Cicuta

* Salvajismos
Por Jaime Flores Martínez
Salvajismos
A principios de semana, como si se tratara de un simple ejercicio de distracción, por enésima vez trascendió que el secretario de Seguridad Publica de Tijuana Julián Leyzaola Pérez, había sido destituido. El supuesto despido genero una resonancia extrema entre los comunicadores. Esta vez, el origen del “borrego” fue la recomendación emitida el jueves de la semana pasada por el procurador de los derechos humanos de Baja California Heriberto García García. El ombudsman denuncio que Leyzaola es el número uno en la práctica de la tortura.
Casi paralelamente, un alud de críticas generaron los comentarios del periodista capitalino Carlos Loret de Mola, quien el miércoles 11 califico de “confiable” a la Policía Municipal de Tijuana. En el programa periodístico Tercer Grado, este comunicador se refirió “a una estadística que salió por allí”, donde la corporación policiaca de Tijuana destacaba por ser “la más confiable del país”. ¡Que tal si no lo fuera!
Justo desde ese momento, la autoridad municipal y sus detractores se dieron vuelo en la distribución del mentado video. En medio de la discusión sobre el involucramiento de las corporaciones municipales con la delincuencia organizada, Loret de Mola dijo que “según una estadística que salió por allí” la Policía Municipal es la única confiable de los 2 mil 500 municipios de México.
No hay duda que el señor Loret ignora la realidad de Tijuana. Personajes sensatos consideran que el periodista chilango-yucateco pudo “burlarse” de una realidad lacerante que mantiene secuestrada a la sociedad local. Loret no sabe que el sábado pasado, dos elementos policiacos que tripulaban la patrulla 3686, fueron detenidos por dedicarse a extorsionar albañiles en la Zona Este de Tijuana.
Tampoco tiene en cuenta que el jueves 29 de julio, los militares arrestaron y trasladaron a un penal de Nayarit a 62 policías (entre municipales y estatales) por estar supuestamente involucrados con el llamado crimen organizado. Loret parece desconocer que los secuestros, ejecuciones, trafico de drogas, cobro de piso, extorsiones telefónicas, asaltos a mano armada, robo de vehículos y asalto a casas habitación, son parte de la vida cotidiana en Tijuana.
Seguro que desconoce que el pasado jueves, el procurador de los Derechos Humanos de Baja California, Heriberto García García presento al gobierno local una escandalosa recomendación que involucra al Secretario de Seguridad Pública Municipal Julián Leyzaola Pérez como responsable de practicar la tortura a policías, ex policías y ciudadanos comunes. En términos coloquiales, Leyzaola fue acusado de torturador por el ombudsman bajacaliforniano.
Dos días después, el alcalde de Tijuana Jorge Ramos Hernández censuró tales recomendaciones, al señalar que “los ataques contra Leyzaola escondían evidentes intereses políticos” e iban encaminados a frenar los avances en materia de seguridad que habían sido alcanzados. ¡Hágame favor!
Paralelamente, para colmo de la autoridad, un juez federal decidió poner en libertad a 13 policías municipales que fueron encarcelados en marzo del año pasado en un penal de Nayarit, acusados de estar vinculados con la organización delictiva que encabezaba Teodoro García Simental, el Teo. El juez encargado del caso, concluyó que ninguno de los detenidos era responsable de las acusaciones que los llevaron a la cárcel.
Sin embargo, el caso reviste especial interés porque esos policías denunciaron “por escrito” que durante su arraigo de 40 días en las instalaciones militares de Tijuana, fueron brutalmente torturados por militares encabezados precisamente por Julián Leyzaola y en presencia de un agente del ministerio publico. Si alguien ubica a Leyzaola como víctima “del salvaje procurador de los derechos humanos”, entonces debe remitirse a lo acontecido la tarde del 17 de octubre del año pasado.
En aquella ocasión, se registro una balacera entre policías municipales y delincuentes frente a una empresa dedicada a la distribución de gas doméstico en la zona de La Mesa de Tijuana. Dos delincuentes y un policía municipal resultaron muertos.
Uno de los sicarios asesinados durante la refriega, ya se encontraba en el interior de la unidad del Servicio Médico Forense, hasta donde llego Julián Leyzaola. Con una frialdad que espanta, el militar retirado abrió las portezuelas, descubrió el rostro del delincuente y le propino furioso dos puñetazos, además de lanzarle un par de improperios.
El incidente fue testificado por los periodistas que observaban la escena del crimen desde un puente aledaño. La presencia de los reporteros molesto de sobremanera al teniente coronel Leyzaola. Después de insultar a los comunicadores donde más duele, Leyzaola ordeno a sus oficiales “que bajaran de allí a esos hijos de…”.
Después de conocer ese tipo de arranques ¿Quién podría dudar que practica la tortura? La postura del procurador de los derechos humanos es sin duda valerosa, pues a pesar de las criticas el se mantiene en su postura de demandar la destitución del secretario de seguridad pública, sobre todo porque sus recomendaciones no son señalamientos al vapor. Cada caso de tortura está perfectamente documentada y avalada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH): en resumen el señor Leyzaola está ubicado como el máximo torturador; la PDH no invento esas denuncias.
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