COLUMN: Palco de Prensa

* “Los sospechosos”
Por Gilberto Lavenánt
Esta semana la revista capitalina “Proceso”, edición número 1754, correspondiente al 13 de Junio del 2010, tuvo una venta inusitada en Baja California. Sin duda alguna. Autodenominada “Semanario de Información y Análisis” comúnmente resulta controversial por el tipo y calidad de sus trabajos periodísticos. En esta edición en especial, toca un tema que podría decirse escandalizó a muchos políticos a nivel nacional.

“El NARCO en el Congreso”, lo destaca como tema principal en primera plana y en interiores le dedica las páginas 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23, mediante varios trabajos y bajo aspectos diversos, pero en todos ellos relacionando a legisladores federales con el crimen organizado.

El trabajo en su conjunto lo identifica como “Narcotráfico/Reporte Especial” y bajo el encabezado de “Los sospechosos de San Lázaro”, de entrada observa que “…La sombra del crimen organizado planea sobre el Palacio Legislativo de San Lázaro… Los nombres de 21 representantes populares -13 del PRI, 6 del PAN y 2 del PRD- han aparecido en diversos documentos oficiales de México y Estados Unidos, unas veces como sospechosos de complicidad con la delincuencia, otras como testigos o víctimas de amenazas o ataques. Cada vez más palmaria, la realidad de la narcopolítica en el país se impone con crudeza…”

El trabajo periodístico, firmado por Jesusa Cervantes y Esteban David Rodríguez, inicia indicando que “…En diferentes momentos, 21 diputados de la LXI Legislatura federal han sido señalados como benefactores o protectores de la delincuencia rganizada o se les ha acusado de recibir financiamiento del narcotráfico. Es más, sus nombres incluso han figurado en documentos de la DEA o de la Procuraduría General de la República (PGR) vinculados con el crimen organizado”.

“…En algunos casos –agrega- los legisladores fueron involucrados, a partir de testimonios judiciales, con estructuras delictivas; fueron testigos de descargo de personas sujetas a averiguaciones; tienen familiares implicados en actividades del narcotráfico o han sido amedrentados por sicarios”.

“…Proceso –explica en el tercer párrafo- investigó los señalamientos acerca de las posibles relaciones de diputados con organizaciones criminales. Aunque fuentes judiciales ubicaron como sospechosos a cuando menos 40 legisladores federales, este semanario sólo da cuenta de los casos que logró documentar”.

Luego narra o describe los casos presuntamente documentados. En total hace referencia a 21 legisladores federales, de los cuales 13 son priístas, 6 panistas y 2 perredistas. Entre los panistas, menciona a un personaje conocido en Baja California, bastante conocido. Se trata de Miguel Antonio Osuna Millán, hermano del Gobernador de Baja California.
Del legislador bajacaliforniano dice que “…fue detenido en Tijuana en marzo de 2009, junto con otras 60 personas, en la fiesta de una sobrina de Angel Jácome Gamboa, El Kaibil, lugarteniente de Teodoro García Simental, El Teo, quien dejó la organización de los hermanos Arellano Félix para sumarse al cártel de Sinaloa, y al que se le atribuye la matanza de 40 personas ocurrida en 2008”.

Luego agrega que “…Los detenidos fueron trasladados al centro de arraigo de la SIEDO, salvo algunos policías por quienes intercedió el Gobernador Osuna. De esos, uno había sido escolta suyo y otro del propio Miguel Antonio Osuna, sobre quien no se esclareció si había declarado como los demás. Volvió a su campaña por la diputación federal. Preside la Comisión de Salud”.

Hata ahí la referencia de Miguel Antonio. No es mucho, pero si bastante para provocar el enojo, malestar e indignación del legislador federal, quien, obviamente, hizo las reclamaciones correspondientes al director general de la revista Proceso, mediante escrito formal.
Osuna Millán dice que la referencia es absolutamente falsa y afirma que sabe escoger muy bien a sus amigos, advierte que el reportaje es a todas luces carente de veracidad, sin ninguna prueba ni sustento, que es falso de toda falsedad que haya sido detenido y sumamente molestó señaló que es inaceptable que se basen en supuestas declaraciones de testigos de descargo, testimoniales que se citan como fuentes de información anónimas, sin dar el número averiguaciones en donde constan esos testimoniales o referencias de los declarantes.
Tiene mucha razón el legislador en enojarse e indignarse, pero debe saber que en un sistema politico como el de México, muchos individuos están en prisión, por meros señalamientos genéricos, en base a declaraciones de supuestos testigos protegidos y a los que en muchos casos, luego de largas condenas y de haberles difamado públicamente, les liberan sin siquiera darles un “usted disculpe”.
Quizás muchos ni sabían lo del trabajo periodístico de Proceso, pero el lunes 14 de junio, en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias, se publicó nota relativa al tema y se hace alusion al reclamo del legislador. Esto generó al menos 79 comentarios diversos. Quienes tuvieron oportunidad de leer esto, seguramente de inmediato acudieron a las librerías a tratar de comprar la revista en mención. De ahí pus la inusitada venta de Proceso. Dicen que la edición se agotó de inmediato.
Seguramente el hermano del Gobernador Osuna Millán, sintió en carne propia lo que muchas personas, respetables y respetuosas, son exhibidas, difamadas y denigradas, por simples acusaciones infundadas y sin prueba alguna. Lo malo es que aunque reclamen y traten de aclarar las cosas, la calidad de sospechosos, no se las quita nadie.

El tema da para mucho más. Luego habremos de continuar. En principio, el legislador tiene tarea. Si es que no quiere que esto se repita. A muchos otros les ha ido peor. Aún están en prisión.
gil_Lavenant@hotmail.com