Atiendo lo Político: Osuna no tiene recato en engañar al que se preste, para presentar la simulación de “una gran obra de su Gobierno” en tiempos electorales. Quizás, el señor Rafael Romo Muñoz cree que la colosal plancha de concreto que pretenden disfrazar de “atrio de su catedral”, pueda darle el ahorro (en m²) que tuvo, para dedicar a su monumental negocio de $300 millones de dólares, vendiendo criptas, en un predio propiedad del dominio público de la federación. Quizás, los empresarios que se prestaron para conformar el Patronato de marras, imaginan (ilusoriamente) que le hacen un bien a la Ciudad , independientemente, de los ingresos personales que les pueda dejar el irracional proyecto. Quizás, los Arquitectos participantes, proyectaron una utopía sin sentido.
Despilfarrar (como lo ofrece Osuna) la tremenda cantidad de $700 millones de pesos de los bajacalifornianos, en la inútil y a la par ostentosa “plaza cívica”, no es únicamente un acto fuera de lo legal, porque no tiene autorización del Congreso del Estado para ello, sino que igual resulta ser una tomadura de pelo a la ciudadanía, que espera que sus gobernantes atiendan, primero, el rubro de la lacerante inseguridad, que promuevan el empleo, que garanticen la calidad de la educación, que velen por la salud de todos y que una vez cumplidas sus obligaciones cabalmente, los domingos se pueden dar “golpes de pecho”, pero no allegarse “indulgencias plenarias” con cargo al dinero del Pueblo. La petición inmoral e ilegal que hace la Iglesia del Vaticano a favor de los candidatos del PAN, a partir de su supuesto de que la ciudadanía está mayoritariamente compuesta por estúpidos e ignorantes, es la alerta de la desesperación del panismo, que avizora su inminente derrota y desplazamiento vergonzante del poder público.
Ignorantes son los que llaman “zócalo” a una plaza cívica, cuando en realidad dicho término significa “cimiento” de un monumento. Si bien, me opuse a la necedad de (Roberto de la Madrid ) destrozar parcialmente el parque que divide los centros de Gobierno estatal y municipal, para construir la que originalmente se llamó Biblioteca José López Portillo (y nada pude hacer en ese entonces), ahora, ya les hice saber a los miembros del Patronato en comento, que dado el caso, presentaré una denuncia en base a la ‘Ley de Protección al Ambiente’, que les avisa:
“ARTÍCULO 207.- Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que procedan, toda persona que contamine, deteriore el ambiente, o afecte los recursos naturales de competencia estatal o municipal, será responsable y estará obligada a reparar los daños causados, de conformidad con la legislación civil aplicable. El término para demandar la responsabilidad ambiental, será de cinco años contados a partir del momento en que se tenga conocimiento del hecho, acto u omisión correspondiente. (y)
ARTÍCULO 340 BIS.- A quien sin autorización de autoridad ambiental competente, extraiga, corte, tale o trasplante uno o varios árboles ubicados en áreas públicas de competencia estatal o municipal o en terrenos estatales forestales, se le impondrá pena de prisión de seis meses a siete años y multa de cincuenta a dos mil quinientos días de salario mínimo vigente en la entidad.”; Así pues, que sobre advertencia, no habrá sorpresa alguna. Doy fe.
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