MEXICO, D.F.- Miguel Badillo Cruz, director general de la revista Contralínea, fue detenido está mañana en la capital del país, por un presunto de desacato a una orden de un juez del estado de Guadalajara, derivada de una demanda por daño moral que interpuso en su contra la empresa Multigas del empresario Alfonso Zaragoza López. La detención, se trata de un arresto administrativo de 36 horas por desacato a una orden judicial.
El abogado del periodista, Horacio Gómez Mendieta, explicó que a Badillo Cruz se la acusa de negarse a recibir la notificación que hicieran en su domicilio, sin embargo su cliente niega que se le haya hecho dicha notificación.
Gómez Mendieta informó que también se giró una orden de arresto contra la reportera de Contralínea Ana Lilia Pérez Mendoza por la misma causa
Los dos periodistas enfrenta actualmente una serie de demandas por el grupo de empresarios encabezados por Zaragoza López por reportajes publicados en Contralinea, que revelan presuntas irregularidades en la asignación de millonarios contratos del gobierno a las empresas del grupo.
Recientemente un juez ordeno que se investigaran las cuentas personales de los dos periodistas para establecerles el monto de la multa que tenían que pagar por una de las demandas.
El 5 de agosto de 2007, a las 15:30 horas, los abogados Graham Alberto Zubía Félix, Francisco Cuellar Ontiveros, Diego Romero Velasco y Juan Manuel Aguilar Maya –representantes de Zaragoza López y de Grupo Zeta–, encabezados por el actuario Juan Manuel Aguilar Maya y el perito auxiliar Sergio Guillermo González Pulido, irrumpieron en las instalaciones de la revista Contralínea.
Los abogados estuvieron acompañados por guardaespaldas armados y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Entonces, los representantes de Jesús Zaragoza amenazaron con desaparecer a la revista y exigieron que se revelaran las fuentes de información, afirmó la reportera Ana Lilia Pérez.
El CEPET lamenta la forma como se detuvo al periodista Miguel Badillo Cruz y el hostigamiento judicial que se ha emprendido contra la revista Contralínea y sus colaboradores y recuerda que la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión de la ONU.
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