Secuelas del 68: fiscalía y comisiones fracasadas

Por J. Antonio Aspiros V.
A los activistas del 68, entre ellos mi hermano Alejandro
En 1993, cuando se cumplieron 25 años del movimiento estudiantil mexicano, la Cámara de Diputados integró una Comisión de la Verdad para investigar la realidad de los sucesos del 2 de octubre, y hace una década se formó otra Comisión Investigadora en la misma legisladora, en ambos casos con resultados estériles debido a que no había acceso a los archivos oficiales -considerados secretos-, y a que el secretario de Gobernación en 1968, Luis Echeverría, no cooperaba..

En 1998 ya existía el propósito de crear una ley -como ya la había en el resto del mundo- que permitiera a cualquier ciudadano consultar archivos del gobierno, lo que sucedió en el sexenio de Vicente Fox, cuando fue promulgada la -poco eficaz en muchos casos- Ley de Acceso a la Información Pública Gubernamental.
También durante el régimen foxista fue creada la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), encargada de investigar tanto los crímenes del 68, como la guerra sucia del gobierno contra los movimientos armados.
En octubre de 2001 el entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, ordenó al director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Eduardo Medina Mora, entregar los archivos relacionados con la matanza del 2 de octubre de 1968 a las autoridades que investigarían las violaciones a los derechos humanos y los delitos cometidos por funcionarios públicos.
Pero nada. Las expectativas de una reconciliación con el pasado por medio de la justicia y la reparación de los daños, quedó en un intento fallido según comentó a José Antonio Román, de La Jornada (2-X-2008), el secretario de la ONG 'Red Nacional de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos', Édgar Cortez.
De acuerdo con la misma nota, el trabajo de la Femospp "fue limitado y sin consecuencias", es decir, "fracasó en todos los sentidos (…) pese a los grandes recursos económicos que recibió para su funcionamiento" -casi 250 millones de pesos-, dijo por su parte el vocero de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Alejandro Juárez Zepeda.
Esa Fiscalía no fue ratificada por el calderonismo, y sus valiosos y completos archivos, dejados en custodia el último día del gobierno foxista a la Procuraduría General de la República (a cargo de Medina Mora desde el día siguiente), están perdidos.
A juicio del doctor Sergio Aguayo Quesada, "Si el 2 de octubre sigue recordándose es porque persisten los huecos en el conocimiento, porque la masacre de aquella tarde se replicó a escala menor en buena parte del territorio nacional y porque es la obra maestra de la impunidad". ('Llaga expuesta', varios medios, 2-X-2008).
El investigador y analista político documentó uno de los varios esfuerzos fallidos de particulares por acceder a esos archivos que la PGR dice que no existen, pese a que el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) le ordenó en octubre de 2007 una búsqueda exhaustiva de ellos para entregarlos al solicitante.
A un año de distancia, escribió el doctor Aguayo, "la PGR guarda silencio y es imposible saber si nuestra Procuraduría desapareció, traspapeló u ocultó uno de los archivos más completos y mejor organizados sobre la represión", y así "se diluyó (…) el compromiso panista con la verdad".
Según el titular de la Femospp, Ignacio Carrillo Prieto, con el trabajo de esa fiscalía se avanzó en la tarea encomendada pues logró someter a un juez federal a Luis Echeverría. "Avanzamos en el esclarecimiento de estos hechos, como lo fue obtener la verdad histórica y exigir el castigo a los responsables, pero que no hayamos podido acabarlo todo fue necedad política", dijo el ex funcionario al reportero Arturo Jiménez, de El Universal (1-X-2008).
El caso no está cerrado. En ocasión del 40 aniversario de la masacre del 68, Amnistía Internacional pidió al gobierno actual una investigación nueva e independiente, y la apertura de los archivos desaparecidos. El silencio presidencial ha sido la respuesta.
Mientras tanto, el único funcionario superviviente del gobierno diazordacista, Luis Echeverría, sigue negando cualquier culpa en aquella matanza, y cuando el periodista Rogelio Cárdenas Estandía le preguntó si quería pedir perdón al pueblo de México, respondió: -"No, de nada. He trabajado intensamente siempre, ni pido perdón a nadie ni me lo doy" ('Luis Echeverría Álvarez. Entre lo Personal y lo Político', Planeta, 2008).