Las sustanciales entradas económicas extraoficiales que se registran en la jefatura de Afiliación y Cobranza en la delegación del IMSS en Baja California, son para mandos y subordinados de esa área administrativa de la institución, una lucrativa adicción que les permite a través de auditorias ayudar a “regularizar" su situación con sus adeudos al IMSS a empresas y patrones.
Ejemplo de lo anterior, son las pasadas administraciones presididas en su momento por Iván Beltrones Burgos, durante el gobierno de Enríque Peña Nieto, y por Salvador Morales Rubí, en la presente administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador, ambas, con fétidos aromas, señalamientos y denuncias de corrupción, realizadas principalmente por sus hombres de confianza colocados exprofeso en el área de Afiliación y Cobranza, que no sólo les género cuantiosas cantidades de dinero, sino también, serias consecuencias jurídicas, mediáticas y físicas.
Al final de la gestión de Beltrones Burgos, el 30 de noviembre de 2018, fue asesinado uno de sus operadores en Tijuana, hecho que quedo en el olvido y que nunca se relacionó con las actividades que llevaba a cabo por instrucciones de su superior, debido a la indolencia de las autoridades responsables de investigar el crimen, y porque la atención de los medios y ciudadanía se centraron en el cambio de administración federal con el arribo de AMLO a la presidencia de México.
Cuando Morales Rubí sustituye a Iván Beltrones, su primer acción fue la de desarticular los grupos de extorsionadores que constituyó en cada sub delegación su antecesor, e integrar y poner a operar sus propias gavillas manejadas y controladas por sus hombres de confianza, José Parra Bernal, Álvaro Lam y Miguel Melendrez Barbosa, quienes al igual de quien los antecedió se dedicaron a ir por los grandes deudores del IMSS para convencerlos que a través de ellos y con la entrega de una sustancial comisión, su crédito fiscal sería desvanecido.
Sus operaciones dan inicio con la selección de las posibles víctimas en el padrón de contribuyentes morosos, los de mayores montos adeudados, en especial, los del ramo de la construcción y las empresas outsoursing. Al tener la lista de agraciados, el siguiente paso es la localización y el contacto con los potenciales clientes para ofertarles sus servicios de gestoría en la eliminación de los créditos fiscales que tengan con la institución, y las costas de sus servicios de gestoría será un porcentaje del total de sus adeudos, que fijarán de común acuerdo las partes.
Los deudores se enganchan en el juego al conocer que quienes les ofrecen zanjar su situación fiscal ante el IMSS son funcionarios de la dependencia y por su ambición de desaparecer su crédito fiscal con un monto menor al adeudado.
Sólo que sus estafadores les ocultan información básica e importante, que los créditos fiscales que se registran en el sistema de la institución no pueden ser modificados o eliminados en ninguna oficina delegacional, y que éstos sólo son borrados del sistema a través de sus respectivas liquidaciones. Es por ello, que los vivales estafadores simulan declaraciones ante la dependencia de que los patrones o empresas morosas no son localizables, por lo que se les deja de buscar y en consecuencia ya no son molestados para exigir la cobertura de sus créditos.
Sin embargo, los problemas surgen y se tornan peligrosos para los estafadores cuando alguno de esos grandes deudores confiado de que su nombre ya no aparece en el sistema como un patrón moroso se vuelve a dar de alta en el sistema y éste lo detecta y exhibe su estatus crediticio con la administración y se libera de inmediato la orden la localización para exigir el pago del adeudo, y es entonces, que se percatan que fueron engañados y estafados por los funcionarios de la jefatura de Afiliación y Cobranza.
Y este engaño en ocasiones ha generado para los coludidos consecuencias fatales.
Lo anterior, es del conocimiento de la actual delegada, Desireé Sagarnaga Durante, quien a su arribo y al ser enterada de las trapacerías cometidas por su antecesor, Salvador Morales Rubí, se comprometió a realizar las investigaciones necesarias para presentar las denuncias respectivas, removió personal de las diversas áreas y mandos, colocando en la oficina de mayor proclividad a los actos de corrupción, Afiliación y Cobranza en Tijuana, a Luís Gerardo Lerma Salcido, por recomendación de su hijo, para inhibir las malas prácticas de la gavilla de corruptos funcionarios heredados de la administración que le antecedió, manejados por Indalecio Jiménez Stratta.
Pero esas buenas intenciones le duraron poco tiempo, hasta que llego a la entidad el grave problema de salud generado por el COVID-19, y a partir de entonces, no sólo sepulto sus intenciones, sino que pactó con Morales Rubí.
Y mientras tanto….
El gobernador Jaime Bonilla Valdéz ya encarrerado en las expropiaciones, también le expropio la tercera Ley a Isaac Newton para dársela a Albert Einstein.
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