Si en verdad el gobernador del estado quiere castigar a funcionarios de la anterior administración estatal que abusaron de su posición para hacerse de recursos económicos a través de acciones de corrupción, entonces su óptica está quedando muy corta al suscribir la acción de denuncia penal solo en contra del ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid y algunos de sus colaboradores como los ex Secretarios de Finanzas Antonio Valladolid y Bladimiro Hernández Díaz, o de la diputada local Loreto Quintero Quintero, quién lucrara como titular de la Oficialía Mayor.
Hay personajes a los que debe de voltear a ver, que incrementaron exponencialmente su peculio personal y familiar durante su permanencia en el encargo obtenido en el gobierno del estado, y no solo en la administración fallida y corrupta de Kiko Vega, también en las anteriores, y un caso icónico de lo anterior es Saúl Castro Verdugo, quién, gracias a Eugenio Elourduy Walter llegó a la dirección del Instituto Estatal del Deporte y Cultura Física, dependencia en la que en 2001 inició la construcción de lo que hoy se conoce como Centro de Alto Rendimiento (CAR), y que enriqueció considerablemente la estancia de Saúl Castro Verdugo.
En la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a cargo del Capitán Jorge Ayón Monsalve, las intrigas y el fuego amigo se encuentran a la orden del día en contra del militar en situación de retiro, los intereses de grupúsculos internos en la corporación preventiva están generando las diatribas contra Ayón Monsalve buscando provocar su salida.
El Nombre de José Alberto Castellanos, responsable de la sección de tránsito, es un claro referente en lo que se refiere a la intriga y el fuego amigo se refiere, tiene un gran aliciente para ello, su sueño de convertirse en el titular de la SSPM, titularidad que buscó con vehemente ambición durante los meses de transición, lo que no consiguió debido a su historia con el Ejército Mexicano en el 2009, pero su inclusión en la plantilla de la dependencia le da la oportunidad desde el interior, intentar lograr su ambicioso objetivo.
La salida de Javier Salas de la dirección de Vialidad y Transporte Público del XXIII Ayuntamiento, de inmediato fue aprovechada por el titular de la Secretaria de Movilidad, Román Aboytes para incrustar en la subdirección a Alfonso Mitre, incondicional al que coloca en sitio para que a través de acciones determinadas le garantice una sustancial recaudación de recursos económicos extraoficiales que generan el transporte de carga, carga pesada, transporte personal y la revisión mecánica, aprovechando que aún no llega a tomar el lugar que ocupaba Javier Salas, el nuevo alfil de ALTISA, empresa que usufructúa la dependencia, Bernardo Sánchez Ríos.
Aboytes confía en que este madruguete al próximo director de Vialidad y Transporte se consolidará y Sánchez Ríos no lo objetara y su imposición le redituara los frutos ambicionados ya que para el abogado desleal a los amigos, no comulga con la aburrida cantaleta de la austeridad republicana de la 4T.
Vaya prueba a la que sometieron algunos de sus colaboradores al gobernador Jaime Bonilla Valdéz, por actos de corrupción en los que presuntamente incurrieron la Secretaria de Bienestar, el Oficial Mayor y su Secretario General de Gobierno, Cynthia Gissel García Soberanes, Jesús Damián Núñez Camacho y Amador Rodríguez Lozano, respectivamente, de acuerdo a una serie de audios que circulan en las redes sociales y a la investigación que realiza la Secretaria de Honestidad y Función Pública, a cargo de Vicenta Espinoza Martínez.
Si el gobernador no quiere que esta sombra de corrupción le persiga durante su mandato, deberá de cortar de tajo el problema y dar de baja, con las reservas que señala la ley, a todos los actores involucrados, ya sea por omisión o comisión. Nadie por encima de la ley, nadie por fuera de la ley.
Intensa la simulación que viene desarrollando el fiscal carnal…y compadre, Guillermo Ruíz, a través de los elementos de la Guardia Estatal de Seguridad, inscritos en la nueva y poderosa FGE (Fiscalía General del Estado) que titula, realizando decomisos, detenciones y turnaciones a juzgados, con la firme convicción de que con estas acciones hará olvidar a los ciudadanos de que el cargo que hoy ostenta, no fue obtenido con base en sus méritos o capacidades, sino por la ayuda del poder legislativo, cuya mayoría de integrantes sufragaron en favor de eliminar el obstáculo que le impedía consolidar su sueño, la edad máxima para ocupar el cargo de fiscal general y así convertirse en el fiscal carnal…y compadre.
Y mientras tanto….
Que alguien le informe a la presidente municipal de Playas de Rosarito, Aracely Brown Figaredo, que no hay zona libre en esta frontera.
Presiona la imagen y...
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