Por Sergio Anzures.
Es cuestión de días para que en Tijuana la cifra de ejecuciones llegue a los 900 en estos cinco meses. El índice e impunidad, desde hace más de un año, se le atribuye a la falta de prisión preventiva para quienes son detenidos con armas de fuego.
Esta situación es parcialmente real. La nula disposición y capacitación de los primeros respondientes, así como las deficientes disposiciones del asegurado ahora imputado, obligan a que muchos jueces no encuentren argumentos suficientes para dejar en prisión a quienes portan armas cortas y largas.
De lado dejaron los argumentos de alta peligrosidad y perjuicio a la sociedad. Sencillamente el individuo “entra y sale como Juan por su casa”.
En una plática con dos jueces, explicaron a AJEDREZ POLÍTICO que el Ministerio Público debe reunir los elementos necesarios que le brindan los primeros respondientes, en este caso cualquier policía que conoce del hecho y detiene a quienes traen las armas, para solicitar ante el juez que el individuo se quede en prisión preventiva, pero muchas veces los argumentos no son fundamentados.
En el caso de la flagrancia, bastaría con el error de los tiempos de la detención para que las personas puedan salir.
No podemos precisar si debemos esperar diez años en esta curva de aprendizaje, como lo señalan especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Penales, para entender el Nuevo Sistema de Justicia Penal, o durante esta curva se trate de proponer ajustes y reformas a las leyes (como se ha hecho) para que quien porte un arma se quede “guardado”.
Tampoco podemos pensar que la ignorancia o complicidad de agentes y policías municipales (algunos, no todos), ante los vacíos legales, estén abriendo la puerta giratoria que da más vueltas que un carrusel día con día.
Tampoco podemos pensar que las propuestas legislativas y acuerdos ante el Consejo de Seguridad Pública, como recientemente lo han informado las autoridades, logre que los sujetos sean aprehendidos y resguardados en prisión.
Hoy, los principales actores políticos y titulares de seguridad se han atribuido logros de estos acuerdos y propuestas de cambio en las leyes, sin embargo, aún no está concluido dicho proceso.
Lo cierto es que para los especialistas en del Nuevo Sistema de Justicia Penal, la disposición atenta contra la esencia de dicho sistema, y pone de manifiesto la falta de capacidad de las autoridades por resolver un problema de manera integral y no solo correctiva.
Ahora, han transcurrido los meses y parece nunca acabar la tasa tan alta de homicidios, ni con propuestas ni modificaciones a la ley ni con banderas políticas o certificaciones disminuye la violencia en Tijuana.
En tan solo una tarde, cuatro personas fueron ejecutadas y el sábado 10 asesinados.
Muertos siguen y siguen sin que el problema se resuelva.
¿Ahora qué tendrán que modificar o proponer?
¿A quién culpar por la ineficiencia e ineptitud?
Las armas y asesinatos siguen en las calles de Tijuana y las armas no vienen de otro planeta.
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