Un 30 por ciento de ellas, las menores de 15 años, dejarán la escuela y podrán pertenecer a la tercera parte de los hogares encabezados por jóvenes que viven en la miseria. Sin contar a los cientos de nacimientos provenientes de niñas entre los 10 y 12 años que las autoridades no cuentan en los cifras de agresión sexual, pero que sólo en los primeros dos años del sexenio de Enrique Peña Nieto sumaron 394, México continúa al frente de los países de la OCDE con más embarazos adolescentes.
Ciudad de México, 10 de mayo (SinEmbargo).– El pasado 28 de abril, en la carretera México-Pachuca, cuatro adolescentes abordaron un camión cuando cruzaba por el Estado de México.
Los cuatro se veían de lo más normal; eran dos hombres y dos mujeres. Pero una vez adentro, sorpresivamente se pusieron de pie y soltaron un balazo.
–¡Para que vea que va en serio! –gritó uno de ellos.
Pidieron las pertenencias de todos los pasajeros, desde carteras hasta mochilas y bolsas. Y comenzaron a recolectarlas.
Otro de los asaltantes soltó dos balazos más mientras continuaba el saqueo. Uno de los tiros hirió a su compañera. Después se sabría que es su esposa; tiene apenas 15 años y 7 meses de embarazo.
El caso de esta joven, Jaqueline de Jesús, llegó al Ministerio Público porque acudió a una clínica particular en el Estado de México con una herida de bala. Se cambió el nombre y pretendió vender la versión de que ella era la víctima de un intento de asalto.
Hoy está a disposición de las autoridades.
Su caso contiene ingredientes de dos fenómenos que vive México: por un lado, los jóvenes metidos en bandas criminales; por el otro, el aumento de mujeres que se embarazan en la adolescencia.
México es desde 2007 el primer lugar entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en embarazos de adolescentes entre 15 y 19 años, pues en el censo más reciente realizado en 2010 se contabilizaron 662 mil 979 mujeres en estas condiciones, es decir, el 7.95 por ciento de la población femenina dentro de esta edad, aunque no se contemplan datos de niñas de 10 y 11 años que elevarían la cifra.
Asimismo, y pese a que en mortalidad materna en general los números han disminuido, en el caso de las madres adolescentes existe una alza sostenida de 137 a 142 defunciones anuales, siendo los estados de Campeche, Morelos, Quintana Roo y Chihuahua los de mayor incidencia.
El estudio “Embarazo y Maternidad en la Adolescencia” de la organización internacional Save the Children señala que el 85 por ciento de estos fallecimientos se dio bajo atención médica, la mayor parte de ellos en sitios a cargo de la Secretaría de Salud. “Quiere decir que la falta de acceso a servicios de salud no es la única causa de muerte materna en México, sino fundamentalmente la calidad de la misma atención”, escriben.
CHIAPAS, EL PEOR ESTADO PARA SER MADRE
En dicho informe se incluye también el Ranking de las madres en México, con el fin de visibilizar los avances y retos para asegurar la supervivencia infantil y de la progenitora, y fueron Baja California, Quintana Roo, Aguascalientes, Nayarit y Colima los estados que encabezaron la lista, con las condiciones más favorables.
Por el otro lado, Chiapas, Guerrero, Durango, Hidalgo y Puebla quedaron al fondo de la tabla.
Para obtener este ranking, se tomaron en cuenta distintos factores, divididos en cinco componentes que, basados en la mortalidad materna e infantil, pudieron dar un panorama de las condiciones para tener hijos en cada estado mexicano: el bienestar de la madre, bienestar del niño, y las condiciones económicas, educativas y políticas.
“Los dos primeros componentes evalúan el riesgo de muerte en virtud de la maternidad o de la infancia […] Los tres componentes siguientes evalúan condiciones a las que se enfrentan las mujeres al momento de ser madres: educativas, económicas y políticas. Las dos primeras muestran que son las condiciones educativas y económicas las que más pueden posibilitar o coartar el desarrollo de las capacidades humanas, en este caso, de las madres. El ámbito político abre una ventana de posibilidad para el mejoramiento de las condiciones de vida de las madres y los hijos(as)”, explica la organización en su metodología.
Aclaran que estos datos aportan una descripción general, pues las zonas rurales remotas y barrios pobres urbanos tienen menor acceso a los servicios, además “la violencia, la corrupción y la ilegalidad también hacen un gran daño al bienestar de las madres y los niños”.
¿POR QUÉ HAY TANTAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS?
“Yo estudiaba la primaria, no recuerdo qué me pasó. Ahora estudio la secundaria y tengo un hijo de tres años. No estoy segura si quiero continuar estudiando, no siento que la vida cambie”. Son las palabras de Karina, quien a sus 16 años tiene ya un niño de tres a quien mantener en las de por sí complicadas condiciones en las que ella se desarrollaba.
“Cuando las maestras le preguntaron qué había pasado, dijo que no recordaba nada. Para ese entonces era muy evidente que estaba embarazada, pero no había recibido ningún tipo de atención. En ese momento, supimos que ella fue víctima de violencia sexual, acompañamos a su madre en la denuncia. Fue cesárea. En el hospital le recomendaron llevar a la niña de 13 años a terapias, pero a ellos no les alcanza el dinero para pagar transportes. Su mamá apenas mantiene a la familia, ella trabaja de jornalera agrícola”, dice una integrante de Save the Children identificada como Leticia.
El reporte recaba una serie de factores que influyen en el aumento en las cifras de este tipo de embarazos, que en general están regidos por la desigualdad y falta de acceso a información y servicios.
Informan que la decisión planeada o no (pues alrededor del 40 por ciento de los embarazos entre adolescentes que pertenecen a un estrato socioeconómico bajo, son deseados) obedece a una mezcla de situaciones relacionadas con el género, las condiciones sociales, económicas, geográficas y pertenencias étnicas.
El primero de ellos es la falta de acceso a la información, servicios integrales de salud sexual y reproductiva y a la educación integral en sexualidad, es decir, pese a que el 90 por ciento de los adolescentes sabe de la existencia de los métodos anticonceptivos, el 44.9 por ciento de las mujeres entre 15 y 19 años no usó ninguno en su primera relación sexual.
Después están los estereotipos de género y relaciones de poder desiguales que culturalmente continúan presentes en el país, sobre todo en áreas rurales en las que se refuerza “la noción de la masculinidad que posee control social sobre la sexualidad y los cuerpos de las mujeres”, en situaciones como el matrimonio forzado, por ejemplo, denuncia la ONG.
Este es justo otro de los puntos: el matrimonio infantil, considerado una violación grave de los derechos humanos y uno de los mayores obstáculos del desarrollo.
Luego están la pobreza, marginación y falta de oportunidades de desarrollo económico, pues se sabe que el 50.1 por ciento de los adolescentes se encuentran situación de pobreza.
El acoso y la violencia sexual y de género es el último punto, que llama la atención pues pese a que no existen cifras oficiales que consideren los embarazos en niñas de 10 a 12 años, solamente en 2013 y 2014 ocurrieron 394 nacimientos en este sector.
“Se encuentra pendiente una labor de visibilización y atención urgente del ejercicio de violencias ligadas a los embarazos tempranos […] Por un lado se encuentra el fenómeno de la violencia sexual cercano a mujeres de edades muy tempranas, que no se mide o se mide bajo diferentes patrones, lo que provoca un desconocimiento o una invisibilización de la situación.
Por otro, ya en el grupo de las adolescentes que tienen hijos se ejerce una violencia manifiesta de varias maneras, en su independencia económica, en sus oportunidades laborales, en su toma de decisiones, en una libre determinación reproductiva, en la discriminación de entornos escolares o familiares”.
“Tanto los embarazos no deseados como deseados a esta edad tienen las mismas consecuencias en la salud, educación, proyecto de vida y situación laboral tanto de los hombres como de las mujeres adolescentes. Esta situación puede conducir a la propagación de la pobreza y a la falta de oportunidades dignas, así como a la obstaculización en el ejercicio de los derechos humanos, principalmente en relación a la autonomía de las mujeres”, concluye Save the Children.
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