En la edad media, en europa, los señores feudales eran aquellos individuos de las clases altas, a los que los gobernantes o monarcas, les asignaban un territorio o feudo, con amplias facultades sobre sus habitantes, tanto para el cobro de impuestos, como para regular las actividades de estos.
Esa figura ancestral se sigue aplicando, en la práctica, en la ciudad de Tijuana. Específicamente en el Aeropuerto Internacional “Abelardo L. Rodríguez”. Es increíble lo que pasa.
Este puerto aéreo, es el quinto más importante de la República Mexicana. En el 2013, manejó 4.2 milones de pasajeros. En el 2014, la cifra subió a 4.4 millones. Sin duda alguna, es un negocio sumamente redituable, para quienes lo operan.
Sin embargo, algo irónico y absurdo, es que quienes manejan este aeropuerto, se niegan a contribuir para el gasto público de la ciudad. En especial, se niegan a pagar el impuesto predial. Según ellos, no están obligados a pagar impuestos a las autoridades locales, por tratarse de una concesión federal, o sea un inmueble del gobierno federal.
Pero no solo eso, las empresas privadas, que operan dentro de sus instalaciones, habían venido funcionando al margen de la ley. Sin cumplir o acatar ninguna disposición contenida en reglamentos municipales.
Durante varias administraciones municipales, han realizado infructuosos intentos por obligar a los administradores del aeropuerto, al menos a pagar el impuesto predial. No respecto de las extensiones de terreno en las que se ubican las instalaciones para la prestación del servicio público del transporte de pasajeros. Sería una exageración, pues el monto a pagar sería elevadísimo y eso se reflejaría en las tarfifas de este servicio público federal.
Al menos sobre las zonas que utilizan para la operación de empresas mercantiles diversas, respecto de las cuales, conforme a criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí hay obligación de tributar.
Resulta, que a fin de determinar los montos que deben pagar, de impuesto predial, por las zonas comerciales, personal del XXI Ayuntamiento de Tijuana, recientemente se dedicó a tomar medidas de las mismas.
Pues bien, durante la realización de estos trabajos, se detectó, que dichas empresas privadas, operaban al margen de la ley. Sin acatar ninguna disposición o reglamento. Es más, ni siquiera contaban con licencia de operación municipal.
Al parecer, los administradores del aeropuerto, los tenían convencidos de que no estaban obligados a nada, por estar ubicados dentro de zona federal. La única obligación era pagar renta a la administradora del puerto. Y conste, montos sumamente elevados.
El 15 de diciembre del 2014, en forma conjunta con personal de la Procuraduría Federal del Consumidor, elementos de Inspección y Verificación Municipal, así como de la Dirección de Administración Urbana, realizaron un operativo que concluyó con la clausura temporal de 22 empresas privadas, que operan en las zonas comerciales de dicho aeropuerto.
Casas de cambio, agencias de viajes, importadoras, farmacias, expendedoras de productos diversos, tales como alimentos, renta de automóviles, bebidas y abarrtotes. Incluso los estacionamientos de automóviles.
Los propietarios de dichas empresas, algunas de las cuales operan en puntos diversos de la ciudad y por lo tanto conocen perfectamente los requisitos que deben cubrir para su funcionamiento, evidentemente apenados, por haber creido que efectivamente no tenían obligación alguna con las autoridades municipales, en el menor tiempo posible acudieron a regularizarse.
¿Quien o cuál es la empresa, insolente e indolente, que administra aeropuerto tan importante, que además de negarse a contribuir con el gasto público de la ciudad, pretende que las empresas privadas que operan dentro de sus instalaciones, no paguen impuestos al gobierno municipal, ni respeten o acaten reglamento alguno?
Son inversionistas españoles, identificados como Grupo Aeroportuario del Pacífico, a través de la empresa mercantil denominada Aeropuerto de Tijuana, S.A. de C.V. Quizás de ahí las costumbres o prácticas feudales.
El GAP, opera en total 12 aeropuertos, en las regiones del Pacífico y centro de México. Fue integrado en 1998, aprovechando el proceso de apertura del sistema aeroportuario mexicano a la inversión privada. Sin duda alguna, sus ingresos son multimillonarios.
En el 2013, atendió a 23.2 milones de pasajeros. El 80% en los aeropuertos de Guadalajara, Tijuana, Los Cabos y Puerto Vallareta.
¿Cómo es posible, que estos tipos vengan a explotar las bondades de Tijuana, sin contribuir al gasto público de la ciudad?
¿Cómo es que el gobierno federal, permite a estas empresas, actuar como señores feudales y sin guardar el mínimo respeto a las autoridades locales?
¿Dónde están los Senadores y Diputados Federales por Baja California, que nada hacen al respecto?
Según ellos, está haciendo un favor a Tijuana. Como si el servicio aéreo no contaminara, ni requiriera de servicios públicos municipales.
gil_lavenants@hotmail.com
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