Hoy en manos del priísta Julio Felipe García Muñoz, la delegación en Baja California de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha servido para dos cosas: para enriquecer a sus titulares y, desde luego, para solapar abusos de gasolineros y gaseros, que son los que mejor pagan el favor.
Me llama la atención que el ex diputado local García Muñoz, en su momento gato del ahora embajador de México en Argentina, Fernando Castro Trenti, se haya puesto muy enérgico con las gasolineras y haya ordenado un operativo de supervisión en 100 estaciones de servicio, durante el cual se reportó la inhabilitación de 100 mangueras despachadoras.
El número de mangueras inhabilitadas, me parece una burla, especialmente cuando es del dominio público, que en la gran mayoría de las estaciones de servicio, se roba impunemente a los consumidores.
El operativo mismo del que habla el funcionario, es sólo un paliativo mediático en el tema de la supervisión de gasolineras, motivado por la investigación del equipo de reporteros del Grupo Reforma que, en los días más recientes, ha puesto a temblar al cartel de Profeco que se encarga de la colecta mensual de decenas de millones de pesos.
Precisamente la investigación del Grupo Reforma reportó, por ejemplo en Monterrey, que en ninguna de 30 gasolineras seleccionadas al azar, se despacharon litros completos. El ejercicio que realizaron los reporteros, estuvo acompañado de notario público y el despacho, sin que los empleados lo supieran, se hizo en depósitos certificados adaptados a los vehículos que se ocuparon.
Por lo anterior, es insultante el reporte de que en 100 gasolineras supervisadas por el honestísimo delegado de Profeco, Julio Felipe García, se tuvo un reporte de 58 mangueras inhabilitadas; menos del 10 por ciento del equipo en operación, si calculamos conservadoramente que en cada estación de servicio se dispone de 6 mangueras.
Lo que me queda claro, es que en Baja California no se tocó ni con el pétalo de una rosa a las gasolineras, cuyos propietarios pertenecen a la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), cuya dirigencia nacional, es la encargada de operar la entrega de algo así como 20 mil pesos mensuales por gasolinera, para no ser molestados.
Obvio, tampoco se molestó a las integrantes del grupo Gasmart, cuyo propietario, Alberto Uribe Maytorena entrega mensualmente una maleta llena de billetes, al delegado en turno de la Procuraduría Federal del Consumidor en Baja California, como lo hace ahora con el señorito Julio Felipe García Muñoz.
Tengo referencia de la atención que brindaron (y brindan ocasionalmente, me dicen) un grupo de gasolineros al ex delegado de la Profeco, ahora diputado local, René Mendivil Acsta, a quien incluso le patrocinan la atención de terceros.
Para coronar la burla a los consumidores, luego de su ridículo operativo,
García Muñoz invitó a los usuarios a denunciar a las gasolineras, cuando detecten irregularidades en el despacho del combustible, a denunciar al 01 800 4688722, donde lo único que tienen proporcionar es el número de estación de servicio, el cual se encuentra bajo el logotipo de Pemex en la gasolinera, y la dirección donde está ubicada.
El asunto del robo multi millonario en que incurren los gasolineros, le va a explotar en la cara a muchos, incluidos algunos delegados, en cuya lista ya se apuntó el de Baja California, Julio Felipe García.
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