En aquellas familias, en las que hay 3 hermanos, se dá un fenómeno especial. Se dice que los padres, generalmente, tienen predilección y trato especial, para el mayor y el menor, y en cambio, muestran desinterés por el de en medio. Le identifican como el fenómeno de “el sándwich”. Al mediano, siempre le toca la peor parte.
Algo semejante ocurre con los tres poderes que constituyen el Gobierno del Estado de Baja California. Dos de ellos, son eminentemente políticos, el ejecutivo y el legislativo. Para formar parte de ambos, al menos a nivel de titulares, se llega por la vía electoral, siendo postulados como candidatos, por los diversos partidos políticos. Es el caso del Gobernador y los diputados locales.
En medio de dichos poderes, se encuentra el tercer poder, el judicial, que no es propiamente un órgano político, pues la vía para ocupar cargos, de magistrados o jueces, por ejemplo, son el participar en concursos de conocimientos. No dejan de tener influencia los partidos políticos, pero, básicamente, los aspirantes deben acreditar capacidad y experiencia profesional.
Siendo eminentemente políticos, el poder ejecutivo, encabezado por el gobernador, y el legislativo, integrado por los diputados locales, a toda costa tratan de lograr cuotas de poder dentro del poder judicial. Les seduce la posibilidad de tener, bajo su dominio, a magistrados y jueces, que les permita ordenar los términos o condiciones de las resoluciones judiciales. Sobre todo, en asuntos de gran cuantía.
Para ello, se confabulan, tratando de tener bajo control, a este tercer poder, bajo una fórmula simplista. Lo tienen “a pan y agua”, aunque podría decirse que “a pan y pri”. Cuando se trata de proponer y aprobar el presupuesto del poder judicial, el legislativo le mete tijera y le aprueba apenas lo elemental, para cubrir su costo de operación.
Para ello, el ejecutivo “mete las manos”, dando la consigna a los diputados del partido del gobernador en turno, para el mismo propósito: “mantener a raya” al poder judicial. Por la vía económica, lo “achican”, no lo dejan crecer, mantienen ocupados a magistrados y jueces, con excesiva carga de trabajo, para que no tengan tiempo de involucrarse en actividades ajenas a la justicia, como la política.
En caso de que el poder judicial, solicite al legislativo un aumento de presupuesto, para atender sus necesidades, se requiere del ejecutivo un dictamen de “viabilidad financiera”, o sea, una constancia mediante la cual se indique, que sí hay recursos, para acceder a la petición planteada. Generalmente el dictamen es en sentido negativo y por lo tanto, la solicitud de recursos, va a parar al bote de la basura.
Por si fuese poco, los políticos, de los poderes políticos, el ejecutivo y el legislativo, siempre están generando “grillas” o maquinando estrategias, para vulnerar al poder judicial. Insertan elementos en la estructura del poder judicial, o alientan movimientos externos, para descalificarlo y propiciar reclamos. Como si fuese poco, el limitarle los recursos al máximo.
Cada vez que el poder judicial, envía su proyecto de presupuesto al legislativo, por indicaciones o recomendaciones del ejecutivo, o sea del gobernador del estado, en turno, le recortan recursos, no permitiéndole la contratación de más personal, o la creación de nuevos tribunales. Por eso, es común observar, sobre los escritorios de los juzgados, montañas de expedientes en trámite o pendientes de resolución.
Estas maquinaciones, han frenado la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, que solamente funciona en Mexicali, y el adoptar el procedimiento oral en materia civil o mercantil en toda la entidad, para lo que se requiere de salas especiales. En los reducidos espacios, con que cuentan actualmente los tribunales del fuero común, es imposible pensar en que esté próxima la fecha de que sean una realidad los juicios orales.
Además, los políticos, de los poderes políticos, el ejecutivo y el legislativo, son tan cínicos y desvergonzados, que responsabilizan al poder judicial, respecto de la deficiente justicia, que ocasionan, al no otorgarle los recursos que requiere. Fingen ser inocentes.
Eso es lo que está ocurriendo en Ensenada. Desde hace muchos años, los ensenadenses han estado solicitando la creación de un segundo juzgado de lo familiar. La XX Legislatura lo creó por decreto, pero no autorizó recursos, ni para la construcción de las instalaciones, ni para su operación. El ejecutivo, por su parte, simplemente dice que no hay recursos para ello. La viabilidad financiera, siempre es en sentido negativo.
No obstante que esto es de todos conocidos, el diputado panista, Cuauhtémoc Cardona Benavides, como antes lo hicieron los legisladores priístas, integrantes de la XX Legislatura, ha estado maquinando, con abogados ensenadenses, para linchar, al menos mediáticamente, a la magistrada presidente del tribunal Superior de Justicia, María Esther Rentería, bajo el supuesto de que el citado juzgado no opera, por mero capricho de ella. Simples “grillas”.
El caso es que, Cardona, anda desatado, se ha anticipado a los procesos electorales, construyendo su proyecto político, en busca de la candidatura a la alcaldía de Tijuana, para los comicios del 2016, o quizás antes, una diputación federal, en el 2015.
Para su desgracia, Cardona está haciendo el ridículo, pues en fecha próxima el poder judicial estrenará nuevas instalaciones en el puerto de Ensenada, incluso ya está listo el espacio para el citado juzgado segundo de lo Familiar, creado por decreto por la XX Legislatura, pero cuyo inicio de actividades seguirá pendiente, hasta que ejecutivo y legislativo le autoricen los recursos correspondientes. Los “grillos”, solamente hacen ruido, no trabajan.
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