A las historias relativas a actos de corrupción, los políticos suelen llamarlas “leyendas urbanas”, jactándose de supuestas inocencias, pese al cúmulo de sospechas e indicios acusatorios.
Y efectivamente, muchos asuntos quedan en simples “leyendas urbanas”, porque el sistema político lo permite, pues los solapa, los encubre, los blinda y en caso de denuncias formales, las declaran improcedentes o simplemente las envían al “archivo muerto”.
Si se hiciera una minuciosa revisión a las agencias del ministerio público, se encontraría, además de muchos hechos violentos sin aclarar y resolver, infinidad de denuncias en contra de políticos de todos los niveles.
El columnista recuerda que, dos meses antes de que el panista Alejandro González Alcocer, asumiera la gubernatura de Baja California, al fallecer don Héctor Terán Terán, en un juzgado penal del Partido Judicial de Tijuana, se estaba por girar orden de aprehensión en su contra. El expediente, obviamente, ya ha de haber desaparecido.
Otro asunto, también olvidado por las autoridades de la procuración de justicia, fue el llamado “facturagate”, relativo al asunto aquel que levantó tanto escándalo, al descubrirse que varios regidores justificaban sus gastos con facturas falsas o alteradas. Algunos de los presuntos, incluso ya fallecieron y otros siguen en la política, cual si su imagen fuese impecable.
Más recientemente, en la administración del XIX Ayuntamiento de Tijuana, encabezado por Jorge Ramos Hernández, se descubrió que dos hermanos del exalcalde Jesús González Reyes, uno de ellos Manuel, exdiputado federal y actual delegado en Tijuana, de la Secretaria General del Gobierno del Estado, ofrecían conseguir recursos a organizaciones no gubernamentales, les pedían facturas en blanco para el trámite correspondiente, se quedaban con la mayor parte y les daban migajas a los supuestos beneficiarios.
La denuncia fue presentada, el columnista tiene copia de la misma, pero como en este país todo es posible, los González Reyes andan por ahí tan frescos, como si nunca hubiesen quebrado “ni un plato”. Ahora se pueden jactar de que ese asunto, es simple “leyenda urbana”.
El columnista, frecuentemente recibe constancias de asuntos que muchas personas desconocen y que evidencian que las mentadas “leyendas urbanas”, no son tales, sino que realmente se maquinan negocios a la sombra del gobierno, con altísimos dividendos.
Indagando respecto al asunto de las luminarias, tan comentado, pero tan poco conocido por los tijuanenses, el columnista encontró constancias que indican que el autor de este proyecto lo fue el exalcalde panista Jorge Ramos Hernández. No se conformaba con el asunto del PIRE, sino que quería aprovechar las deficiencias del sistema de alumbrado público de Tijuana y realizó las primeras gestiones para ello.
El proyecto de Ramos, señalaba que se necesitaban unos 400 millones de pesos, para modernizar el sistema de alumbrado público, y que al no tener dinero el gobierno municipal, pues entonces debería ser concesionado a particulares, a un plazo de 15 años, para que invirtieran en la modernización y pudiesen recuperar su dinero.
Llegó al punto de que los regidores del XIX Ayuntamiento, cual si fuesen “inocentes palomitas”, aprobaran realizar la licitación para otorgar la concesión en mención. Para fortuna de los tijuanenses, el cierre de la administración de Ramos Hernández fue tormentoso y no se dió tiempo para concretar su proyecto. De lo contrario, Tijuana estaría endeudada y los tijuanenses condenados a pagar la iluminación.
Luego vendría el empresario priísta, Carlos Bustamante, quien al frente del XX Ayuntamiento revivió el asunto de las luminarias, pero “modesto que es”, no lo planteó con un costo de 400 millones de pesos como el panista Ramos Hernández, sino de 144 millones.
La cuestión es que fue pésimamente asesorado, la supuesta adquisición de las luminarias la realizó bajo la modalidad de arrendamiento, lo que pocos entienden, pero lo hizo como una treta para no tener que requerir la autorización de la legislatura estatal, en el caso de una compra o endeudamiento por dicho monto. Por eso la disfrazó de arrendamiento y así la licitó a nivel nacional.
A quienes lo cuestionaban sobre este tema y las supuestas irregularidades, molesto les contestaba que eran simples mentiras, que se trataba de una leyenda urbana. Pero resulta que no fue así, ya andan circulando por ahí constancias de dicha “negociación” e incluso varios actores políticos han confiado al columnista que están preparando denuncias formales ante la agencia del ministerio público, por la presunta comisión de diversos delitos y contra quien resulte responsable.
Definitivamente, es remoto que la denuncia o denuncias sean atendidas con seriedad, pues resultan involucrados todos los integrantes del gabinete del XX Ayuntamiento, así como los regidores que aprobaron el proyecto sin chistar. La presunción de la comisión de ilícitos se robustecen, cuando el regidor del MC, Luis Felipe Ledezma, observa que conforme a los precios del mercado, las luminarias de Bustamante, realmente hubiesen costado apenas 29 millones 923 mil pesos.
Con los 144 millones pactados por Bustamante, a precios de mercado, se instalarían no las 63,400 luminarias que contrató en renta, sino 306 mil 16, y en propiedad. Con los 400 millones del proyecto de Ramos Hernández, el número de luminarias llegaría a 847 mil 511, o sea 13 veces más que las existentes en la ciudad y entonces sí que Tijuana luciría como un arbolito de navidad. Pero dicen que simplemente son “leyendas urbanas”.
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