REFORMA
La iniciativa de ley reglamentaria en materia de telecomunicaciones quebró en dos al Partido Acción Nacional. Los coordinadores panistas en el Senado y la Cámara de Diputados confrontaron ayer a su presidenta nacional, Cecilia Romero, por las críticas que hizo —en mancuerna con la dirigencia nacional del PRD— a la iniciativa propuesta por el Ejecutivo. Jorge Luis Preciado, coordinador de los senadores del blanquiazul, advirtió que las críticas contra el proyecto del Ejecutivo representan exclusivamente la opinión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y no la de los legisladores de ese partido.
La autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) podría ponerse en riesgo. La iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión da al Ejecutivo facultades para priorizar la agenda del regulador. "De manera excepcional y sólo cuando exista urgencia, atendiendo al interés social y al orden público, el Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría (SCT) podrá solicitar al comisionado presidente (del IFT) que los asuntos en que tenga interés sean sustanciados y resueltos de manera prioritaria, sin modificar de ningún modo los plazos previstos por la Ley", señala el artículo 44 de la propuesta.
No sólo el crimen organizado golpea a los municipios del país, también el llamado moche que les cobran legisladores federales para concederles recursos. Así lo planteó la presidenta municipal de León, Guanajuato, Barbara Botello, quien también preside la Conferencia Nacional de Alcaldes. Durante una reunión de trabajo de las comisiones unidas de Fortalecimiento al Federalismo y de Desarrollo Municipal, la Alcaldesa priista demandó acabar con la intervención de gestores oportunistas que cobran moches a cambio de asignaciones presupuestales. "Muchos municipios en el País ya se enfrentan al flagelo del crimen organizado, agotando recursos y energías", manifestó. "Si a eso sumamos el tráfico de influencias y la extorsión, entramos en una situación de vulnerabilidad insostenible".
Ya sea que Gustavo Madero se alce con el triunfo o lo haga Ernesto Cordero, el verdadero ganador de la contienda interna del PAN será El Yunque, pues tiene veladoras prendidas con ambos. El apoyo de los yunquistas es más claro en el caso de Cordero, dado que trae como compañero de fórmula a Juan Manuel Oliva, exgobernador de Guanajuato, cuna del yunquismo. Y al lado de Madero está un connotado yunquista como Marco Antonio Adame. Y aunque Cecilia Romero no es del todo maderista, seguramente saldrá beneficiada con el eventual triunfo del chihuahuense.
EL UNIVERSAL
La Procuraduría General de la República (PGR) investiga a siete integrantes del Poder Judicial —entre ellos cuatro jueces de Distrito—, por delitos contra la administración de justicia, por haber emitido fallos en los que presuntamente beneficiaron a casinos y centros de apuestas en Monterrey, Nuevo León, para permitir su operación. Entre los servidores públicos indiciados en el expediente que se inició en 2011, y que está a cargo de la Subprocuraduría de Delitos Federales, aparecen, entre otros, Luis Armando Jerezano Treviño y Ricardo Hiram Barbosa Alanís, dos juzgadores que fueron suspendidos de sus funciones por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ante las irregularidades en su actuación y posibles actos de corrupción, aunque ahora también podrían enfrentar cargos penales.
A lo largo de 13 años, Petróleos Mexicanos (Pemex) ajustó licitaciones para beneficiar, en alguno momento, a la empresa Oceanografía, revelan documentos de la paraestatal en poder de El Universal. Durante ese tiempo, mantuvieron una estrecha relación comercial, a través de la cual los directores de su filial Exploración y Producción (PEP) conocieron y aprobaron 111 contratos con un valor de 38,298 millones de pesos. En ese periodo, al mando de PEP, solo estuvieron dos funcionarios: Luis Ramírez Corzo y Carlos Arnoldo Morales Gil. Ejemplo de esos beneficios se dio en 2004, cuando PEP entregó un contrato a la empresa de Amado Yáñez para "inspección, mantenimiento y protección anticorrosiva con apoyo de un barco taller a instalaciones de exportación de petróleo en las terminales marítimas de Dos Bocas, Tabasco; Cayo Arcas, Campeche; y en el Golfo de México", por 208 millones de pesos y 17 millones de dólares.
Después de los hechos de violencia del fin de semana en el estadio Jalisco, la Cámara de Diputados metió el acelerador para aprobar reformas a la Ley General de Cultura Física y Deporte, con la que se pretende imponer hasta cuatro años y medio de cárcel para los rijosos en los eventos deportivos. Este martes, el pleno de la Cámara de Diputados recibió el dictamen que aprobaron el 20 de febrero las Comisiones Unidas del Deporte y Justicia, y le dio primera lectura. Se espera que mañana sea debatido por los 500 diputados. Este dictamen permanecía detenido, debido a la falta de acuerdos sobre las penas, multas y la definición de en qué ordenamiento debían quedar establecidas las sanciones.
Los brazos caídos de los 33 senadores panistas presentes en la sesión del martes dieron luces a los priistas de Emilio Gambia Patrón de la verdadera fuerza del PAN y de que sus votos no son indipensables para sacar adelante las leyes secundarias, nos dicen. Los azules de Jorge Luis Preciado se negaron a ejercer su voto para la ratificación del comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, quien tuvo 71 votos del PRI, PRD, Verde, PT y Movimiento Ciudadano. Los legisladores panistas nomás se negaron a utilizar el tablero y recibir a don Monte Alejandro, quien antes del pleno acudió a ver a los perredistas, quienes dialogaban con el gobernador de Morelos, Graco Ramírez. Los azules mostraron su verdadera fuerza y el abanico posible de alianzas entre otros partidos, comentaron en el equipo de Gamboa Patrón.
MILENIO
El incremento de la violencia en el Estado de México, particularmente en municipios que colindan con el DF, amerita que el gobierno federal sume todas sus capacidades con las autoridades mexiquenses para frenar la ola delictiva en esa región. Así lo dijo en entrevista con Milenio el recién nombrado titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Monte Alejandro Rubido García, quien en 31 años ha ocupado diversos cargos en áreas de seguridad nacional, entre ellos el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. "Yo sí creo que hoy en día la situación que se está viviendo (de violencia) en el Estado de México, principalmente en las zonas Valle de México y oriente, amerita que sumemos todas nuestras capacidades, nuestros esfuerzos (del gobierno federal) con el gobierno del estado", declaró.
La investigación que se inició contra la empresa naviera y de construcción marítima Oceanografía por fraude también abarca la localización de compañías fantasma y outsourcing que simularon pagos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Funcionarios federales comentaron que las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Procuraduría General de la República (PGR) aún no han podido determinar cuántas de esas empresas evadieron el pago de cuotas de trabajadores. De acuerdo con información proporcionada por los funcionarios, las compañías se constituyeron, tienen o tuvieron presencia en Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, además del extranjero, las cuales guardan relación con Oceanografía, de la cual es accionista mayoritario Amado Yáñez Osuna.
Televisa afirmó que las nuevas obligaciones en la ley secundaria de telecomunicaciones exceden por mucho las antes impuestas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), además de que las sanciones económicas son totalmente desproporcionadas. La empresa dio a conocer su postura respecto al documento enviado por el presidente Enrique Peña Nieto al Senado y destaca que las disposiciones obstaculizarán su operación. Dichas limitaciones se refieren a su infraestructura instalada, venta de publicidad, producción, programación y distribución de contenidos, así como en la adquisición de exclusividades y participación en otros medios de comunicación.
Que en el Congreso de la Unión llamó la atención que los presidentes de PAN, Cecilia Romero, y PRD, Jesús Zambrano, se quejaran de que la iniciativa de reforma en telecomunicaciones mantuviera el tema de la regulación de contenidos en radio y tv en la Secretaría Gobernación, y no se traspasara al organismo autónomo del Ifetel. Desconocían que por 466 votos a favor y 15 en contra se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación, en donde se dotó de recursos a la Segob, por todos los partidos, para realizar precisa y expresamente la vigilancia y supervisión de contenidos.
EXCÉLSIOR
Carlos Manuel Hoo Ramírez, "El Cóndor", quien se identificó como "el secretario particular" de Joaquín Guzmán Loera, reveló en su declaración ministerial la estructura con que operaba el líder del cártel del Pacífico, así como sus enemigos. Según documentos en poder de Excélsior, Hoo Ramírez afirma que Guzmán Loera operaba en la zona de Nogales y junto a sus hijos Iván Archivaldo y Alfredo se encargaba de traficar droga hacia EU en alianza con Los Yiyos. Estos documentos revelan además que la detención de Joaquín El Chapo Guzmán contó con un personaje clave de quien, hasta ahora se ignoraba su participación.
El desgaste en los materiales fijos y rodantes de los sistemas férreos es un proceso normal, como argumentó este martes el exdirector del Metro Francisco Bojórquez, sin embargo, el que experimentan las vías y trenes de la Línea 12 se sale de los parámetros regulares. Quien pusiera en marcha la Línea Dorada dijo ante la Comisión de Investigación de la Asamblea Legislativa del DF que el desgaste en vías es un proceso normal. Aunque especialistas del STC, pertenecientes a la actual administración, coincidieron con la versión que ofreció el exdirector del Metro, han señalado en reiteradas ocasiones que el desgaste que afecta a la Línea Dorada es acelerado, factor que motivó su cierre.
Los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD en el Senado avanzaron anoche en la integración de la comision especial que atenderá el caso Oceanografía. Hasta este martes estaban confirmados los perredistas Dolores Padierna, Angélica de la Peña y Mario Delgado. Por el PRI, Arely Gómez, a la cabeza del grupo que integrarán cuatro legisladores de ese partido, mientras que por el PAN estaba confirmado Roberto Gil Zuarth. Al cierre de esta edición, los senadores se concentraban en la definición del resto de los nombres, pero ya era un hecho que no formarán parte de ese grupo de trabajo los integrantes de la Comisión de Energía, porque ningún grupo parlamentario quiere que el problema de Oceanografía contamine la próxima discusión de la Estrategia Nacional de Energía y de las leyes secundarias en la materia.
Cloaca financiera. El cómo lo hizo Amado Yáñez Osuna, no está claro; qué, sí, un fraude de alrededor de 500 millones de dólares a un banco, en transacciones ilícitas de su empresa Oceanografía que involucraron a Pemex. La explicación de Jesús Murillo Karam, procurador General de la República, sobre el arraigo que otorgó un juez en contra de Yáñez, se basa en ganar tiempo para reunir las evidencias e integrar la consignación correcta. Lo importante, Karam insistió en que no se provocarán daños patrimoniales que pongan en riesgo la operatividad de Pemex, y se asegurará el trabajo de 11,000 trabajadores de la empresa. La cuenta pendiente de Amado será abultada. Está en su casa. No podrá escapar.
LA JORNADA
El pleno del Senado dio entrada a la propuesta de legislación secundaria en materia de telecomunicaciones enviada por el presidente Enrique Peña Nieto, y la turnó a comisiones en medio de críticas de PRD, PT y algunos senadores del PAN que están dispuestos a llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como ocurrió con la llamada ley Televisa, si el PRI y sus aliados aprueban ese proyecto. El coordinador de los senadores del tricolor, Emilio Gamboa Patrón, dijo que están abiertos a modificar la propuesta presidencial si los opositores les presentan argumentos sólidos, pero dejó en claro que a pesar de ello "habrá ley secundaria en materia de telecomunicaciones".
Teléfonos de México (Telmex) podrá solicitar la concesión única que le permitiría entrar al negocio de la televisión en 2017, después de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) compruebe que cumplió durante 24 meses ininterrumpidos con todas las obligaciones impuestas por ser agente económico preponderante. Telmex lleva por lo menos ocho años intentando que el gobierno federal le conceda el cambio de título de concesión para entrar al negocio de la televisión, y con ello ofrecer servicios de triple o cuádruple play. Sin embargo, hace tres años, durante la administración de Felipe Calderón, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) le negó ese beneficio por considerar que la empresa no había cumplido con el acuerdo de convergencia, que la obligaba a proporcionar sin discriminación la interconexión a su red, garantizar la interoperabilidad de redes y la portabilidad numérica.
La primera legislación secundaria por las reformas constitucionales promovidas por el Ejecutivo federal se aprobó ayer en la Cámara de Diputados. La Ley Federal de Competencia Económica, que pretende proteger y garantizar la libre concurrencia y la competencia económica, colocando diques a los monopolios, fue respaldada por el PRI, PAN, Partido Verde y Nueva Alianza. La sesión en San Lázaro fue soporífera. Las curules de los legisladores –en su notable mayoría– permanecieron vacías. Y el documento, que con anticipación había sido avalado en la Comisión de Economía, transitó sin contratiempos en el pleno donde la aplanadora PRI-PAN y su apéndice, el Partido Verde, rechazaron todas las propuestas de modificación promovidas por los partidos Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y del PRD.
EL PAÍS
Cataluña no es soberana, pero puede aspirar a serlo. El pleno del Tribunal Constitucional anuló este martes, por unanimidad, el primer principio de la declaración de soberanía aprobada por el Parlamento catalán en enero de 2013, que proclamaba al pueblo catalán como "sujeto político y jurídico soberano". Sin embargo, el tribunal ha considerado, también por unanimidad, que el resto de principios, incluidas las referencias al inicio del proceso para conseguir el "derecho a decidir" de los ciudadanos de Cataluña, "no son inconstitucionales". Aunque, para llegar a conseguir ese objetivo, el Constitucional aclara que habría de adoptarse dentro del marco legal y constitucional vigente.
El Ministerio del Interior está dispuesto a asumir todas las observaciones de los informes críticos realizados, entre otros otros, por el Consejo del Poder Judicial y el Consejo Fiscal sobre el polémico proyecto de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, según fuentes del departamento. Falta aún el preceptivo informe del Consejo de Estado. "Cambiaremos todos los artículos afectados para que no haya dudas sobre su constitucionalidad", han añadido. Nada más presentar el proyecto de ley, los partidos de oposición, todas las asociaciones judiciales y diversos colectivos sociales se lanzaron en tromba contra el proyecto legislativo por creer que cercena las libertades y recorta los derechos ciudadanos.
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