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| Alejandro González Guilbot y Luis Torres Torres. |
TIJUANA.- La aduana de Tijuana, considerado uno de los puertos terrestres más importantes de México, por donde ingresan diariamente más de 35 mil vehículos y 10 mil peatones diariamente, en los últimos años ha estado involucrada en escándalos relacionados con corrupción y tráfico de armas.
De acuerdo con el Colegio de la Frontera Norte (Colef), el declive se ha suscitado en los últimos años y se ha corroborado con el aumento en el ingreso ilegal de armas de fuego por los puertos terrestres de Baja California, y especialmente por la garita de Tijuana, la aduana más importante de México seguida por la de Tamaulipas.
José María Ramos, investigador especialista en seguridad fronteriza del Colef, señaló que estadísticas de la PGR indican que en los últimos tres años se han asegurado más de 30 mil armas de fuegos provenientes de Estados Unidos.
“Por esta misma importancia que tiene la aduana de Tijuana, en términos comerciales se puede afirmar que es considerada una de las fronteras más importantes a nivel internacional. Por lo tanto, debería existir una gestión aduanera bastante eficaz, y desafortunadamente se ha vinculado a tráfico de armas y de drogas por una deficiente gestión aduanera”.
Delegados, cuestionados
El actuar de los últimos dos delegados —el primero Luis Torres Torres y el actual, Alejandro Amadeo González Guilbot— ha sido cuestionado. Del primero se cuestionó su desempeño ante la implementación del Sistema de Supervisión y Control Vehicular (Siave) y los pocos resultados que género.
En 2012, el senador panista Ernesto Ruffo criticó públicamente que durante tres años el Siave, que se supone tenía como objetivo la detección de contrabando, drogas y armas, no funcionó. Un proyecto implementado por el gobierno calderonista en la garita de Tijuana, que costó 14 millones de pesos, y sólo logro incautar 10 armas y la detención de 10 personas. Ruffo dejó entrever que también ingresaron armas del operativo estadounidense Rápido y furioso.
Recordó que “sospechosamente”, dos semanas antes de que ingresaran más de 2 mil armas como parte del operativo encubierto, se retiraron las concesiones privadas encargadas de vigilar a los agentes aduanales que resguardan las aduanas, incluida la de Tijuana.
Fue incluso la Policía Estatal Preventiva (PEP) la que dejó al descubierto en la administración de Torres Torres que las armas ingresaban por la aduana. En 2010, en la zona centro de Tijuana, localizada a menos de cinco minutos de la garita, fueron detenidos tres sujetos con rifles y cuernos de chivos. Durante su declaración aseguraron que tenían tiempo traficando desde Phoenix, Arizona, que llegaban a Los Ángeles y después las trasladaban a Baja California para su venta.
En recientes fechas y a menos de un mes del nombramiento de Alejandro Amadeo González Guilbot como encargado de la aduana, la Cámara de Comercio en Tijuana y la Asociación de Autos Usados denunciaron que más de un millón de autos ilegales chocolate ingresaban cada año por la aduana de Tijuana.
Ante el desinterés del gobierno federal y la impunidad de los delegados, “en este negocio participan políticos, empresarios y funcionarios de los tres niveles de gobierno solapados por las autoridades fiscales”, denunciarían a principios de año.
Administrador poco conocido
EL UNIVERSAL reveló que González Guilbot, quien hace tres meses fue nombrado administrador de la aduana, vive como rico y gasta sumas de más de 400 mil dólares, se transporta en autos de lujo y es propietario de casas en Estados Unidos. Aunque por la aduana nadie lo ha visto.
Algunos trabajadores del SAT admiten que no serían capaces de reconocerlo.
“Yo no lo reconozco. Me sé su nombre, pero no sé quién es, nunca anda por aquí”, refiere un empleado. Al tratar de entablar una comunicación con el administrador, desde el 16 de marzo su secretaria asegura que “está en reuniones”.
Anteriormente, el funcionario federal se desempeñaba como director regional del SAT. En el año 2011 fue denunciado por vendedores de swap meets de proteger a funcionarios que se dedicaron a extorsionar y cobrar derecho de piso a comerciantes.
“Los lujos de González Guilbot se pueden prestar a malos entendidos”, afirma el investigador del Colef, José María Ramos, “y eso será un reto muy importante para la gestión pública hace las investigaciones y las denuncias oportunas, comprobar que efectivamente esos objetos o autos son adquiridos a través de un proceso licito. Estas fronteras han dado pie a los problemas de corrupción y la falta de transparencia”.
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