Por Gilberto Lavenant
Aunque parezca insólito, el grupo parlamentario del PRI en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, presentó una iniciativa de reforma para que se reduzca la edad penal, a 11 años. Al paso que van, no tardará demasiado para que se tipifique como delito el simple hecho de vivir y que las escuelas de educación básica sean convertidas en centros penitenciarios.
El diputado local y coordinador del grupo parlamentario del PRI, Tonatiuh González, pretendiendo justificar la propuesta, dijo que, en la actualidad, un alto porcentaje de los delitos que se cometen en la Ciudad de México, tales como robo con violencia, violación, secuestro y asesinatos, son perpetrados por jóvenes, de 11 a 17 años de edad.
Para el legislador defeño, es urgente y necesario aplicar medidas que terminen con ese fenómeno social. Señaló categórico que el criterio de la edad no puede ser sostenible para obsequiar impunidad o una protección especial, pues el papel del Estado es preservar la seguridad de sus gobernados.
Hizo hincapié en que la delincuencia organizada ha expandido sus ilícitas actividades, y su ámbito de penetración no se circunscribe a la manipulación de personas mayores de 18 aٶos, sino a menores de edad, incluso de 11 años.
La iniciativa presentada esta semana por los diputados priístas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pretende que cuando un menor de 11 años de edad cometa homicidio calificado, secuestro o violación, sea castigado como si fuese mayor de edad. Imaginen nada más, un menor que resulte involucrado en un asunto grave, que sea sancionado con penas de cuando menos 20 años de cárcel, cuando purge la condena saldrá convertido en un profesional del crímen.
Los seres humanos no nacen criminales, salvo que alguien aduzca y compruebe que los genes de sus padres los llevan a cometer crímenes a temprana edad. Por el contrario, las criaturas más inocentes, casi invariablemente terminan delinquiendo, cuando se desarrollan en la promiscuidad, en zonas de pobreza extrema y de alta incidencia delictiva, sin oportunidades de estudio, de recreación o sin la guía adecuada de sus padres.
En su ignorancia, los flamantes legisladores capitalinos, suponen que la “Ley del garrote” es ideal parea someter a los niños descarriados. Pretenden que se les castigue como adultos, cuando incurran en algún delito, teniendo 11 años de edad.
El abogado mexicalense Daniel Solorio Ramírez, ante esa pretensión punitiva hacia los niños, señaló : “Qué se puede decir de una propuesta troglodita, de diputados que sólo saben reprimir ? Burrillos los proponentes, pués. Que pidan perdón y se metan en la cola del perro por el resto de trienio, y se les podrá perdonar por esta propuesta”.
La Constitución General de la República, en el Artículo 18, prescribe que : “La federación, los Estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las personas menores de doce años, que hayan realizado una conducta prevista como delito en la Ley, sólo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social”. Pero los legisladores capitalinos pretenden que se les sancione como si fuesen adultos.
Cabe observar que en esta entidad existe la Ley de Justicia Para Adolescentes, publicada en el Periódico Oficial No. 45, de fecha 27 de octubre del 2006, en cuyo artículo 1 observa que es aplicable a las personas que tengan entre doce años y menos de dieciocho años de edad, a quienes se les atribuya la realización de conductas tipificadas como delito por las leyes estatales.
La tendencia a criminalizar y sancionar penalmente a los niños o menores de edad, en principio en la capital del país, se hizo patente en diciembre del 2011, al establecer el llamado Marco para la Convivencia Escolar en las Escuelas de Educación Básica del Distrito Federal.
A partir de entonces, conforme a dicha normatividad, aplicable en alrededor de 9 mil 200 escuelas públicas y privadas, se señalan medidas específicas para cada nivel. Por ejemplo, la sanción para un niño de prescolar, de entre tres y seis años, por llevar a la escuela objetos que distraigan su atención, consiste, entre otras, en que se le devolverá dicho material hasta la conclusión del ciclo escolar. Y si daña el mobiliario escolar o las instalaciones, el pequeño deberá realizar actividades de reparación del daño, de acuerdo a sus posibilidades.
En el caso de alumnos de educación primaria, que utilicen un lenguaje o gestos obscenos, vulgares o abusivos, se refieran a sus compañeros con apodos ofensivos o distribuyan literatura difamatoria, podrán ser castigados con no participar en la escolta o en el cuadro de honor, temporalmente, entre otras medidas.
En secundaria, quienes participen en el acoso escolar –llamado bullying– podrán ser suspendidos tres días dentro de la escuela o de cinco a ocho días en las técnicas, y de cinco a 10 días en las generales, a sugerencia del Consejo Consultivo Escolar.
También se prevee sancionar actos o hechos presuntamente delictivos, tales como amenazar con estallar una bomba, detonar objetos, agresión sexual o física, por los cuales además de llamar a sus padres, se puede ordenar su tratamiento en instituciones especializadas y la presentación ante las autoridades administrativas y penales correspondientes.
Resulta absurdo que todo se pretenda resolver con castigos. Así, hasta vivir será un delito. De paso, esto muestra claramente que no todas las causas de la problemática educativa, son autoría de la maestra Gordillo. Los padres de familia, el gobierno y legisladores como los del D.F., también tienen gran parte de culpa.
gil_lavenants@hotmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario