Palco de Prensa:Los pajarracos verdes

Por Gilberto Lavenant
El ejército mexicano, durante años fue considerado como una organización gubernamental de auxilio y protección civil.
En lugar de armas, portaban picos y palas, que utilizaban para cavar zanjas a fin de desviar corrientes de agua que destruían todo a su paso, el llenar sacos de arena para contenerlas y salvaguardar el patrimonio modesto de infinidad de familias. Hablar de la armada mexicana, era hablar de respeto, honorabilidad, solidaridad social. Los hombres de verde, aunque de parco hablar, eran considerados amigos de los mexicanos. Cuando no había desastres naturales, pero en alguna institución educativa, por ejemplo, requerían apoyo, bastaba sólo una sencilla solicitud, la respuesta surgia de inmediato. Pero el Presidente Felipe Calderón sacó a los militares de sus cuarteles y los puso a patrullar calles y zonas de difícil acceso, para combatir al narcotráfico. Nadie deja de reconocer el valor de la participación de las fuerzas armadas en esta narcoguerra calderonista, pero esto cambió el concepto que de dichos elementos tenían los mexicanos. De fuerzas de solidaridad social, se convirtieron en fuerzas de combate y represión. En su lucha contra el crímen organizado, ha habido excelentes resultados, pero también ha habido abusos y actos salvajes en agravio de la sociedad civil. Las labores policiacas que realiza el ejército, no tienen sustento legal. Es más, existe fuerte oposición a la posibilidad de que continúe en las calles. Se reclama su regreso a los cuarteles, para que quede claro que México no es un Estado Militar. El caso es que los propósitos oficiales son los de ampliar las tareas policiacas de los militares. Esta semana quedó al descubierto que la Secretaría de la Defensa Nacional compró equipo de espionaje e inteligencia con un valor de 5 mil millones de pesos, capaz de intervenir teléfonos móviles, para escuchar las conversaciones de los uisuarios, espiar la mensajería instantánea y extraer los mensajes de texto. Este equipo permitirá a los militares revisar correos electrónicos, verificar listas de contactos, fotografías, operar cámaras de manera remota y activar el micrófono para escuchar las voces de quienes estén cerca. El equipo es tan sofisticado, que permite obtener imágenes a través de paredes. Igualito que Superman. Todo tuvo un costo de 5 mil millones de pesos y fue adquirido a una sola empresa, al parecer fantasma, en una forma cuestionable, sin licitación alguna, pese al monto de la misma. No obstante que pudiese haber responsabilidades, por la compra dudosa de dicho equipo, lo más cuestionable es que las fuerzas armadas del país adquieran equipo que las convierte en una institución de espionaje. Sobre todo, porque además de que la Secretaría de la Defensa Nacional no tiene facultades de policía, ni de investigación, ni de persecución, el espionaje en México es una actividad ilegal, que sólo podría realizarse mediante orden de juez competente. Legislación como la Ley de Seguridad Nacional y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, precisan las limitantes para espiar y las condiciones para poder realizar labores de espionaje. La Ley de Seguridad Nacional, establece la posibilidad de que el Estado Mexicano intervenga comunicaciones, cuando se encuentre en riesgo la seguridad nacional, siempre y cuando no se violen los derechos humanos y se obtenga autorización judicial para ello. Sin tener facultades policiacas, el ejército en ningún caso, salvo en aquellos en que se encuentre en riesgo la seguridad nacional, podría solicitar y obtener autorización para espiar. La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en el Artículo 16, señala con claridad la imposibilidad de que el ejército se convierta en una institución oficial que se dedique a realizar labores de espionaje. Dicho numeral precisa que cuando en “…la averiguación previa de alguno de los delitos a que se refiere esta ley o durante el proceso respectivo, el Procurador General de la República o el titular de la unidad especializada a que se refiere el artículo 8º. anterior, consideren necesaria la intervención de comunicaciones privadas, lo solicitarán por escrito al Juez de Distrito, expresando el objeto y necesidad de la intervención, los indicios que hagan presumir fundadamente La solicitudes para espiar, deben contener el nombre o nombres de las personas que serán objeto de espionaje o a quienes les intervendrán sus comunicaciones, el lugar o lugares en donde se realizará, el tipo de comunicación que será intervenida, su duración, el procedimiento y equipo que se utilizará para ello, así como la identificación de la persona a cuyo cargo está la prestación del servicio de espionaje. Habría qué preguntar en cuántos casos la SEDENA ha solicitado y obtenido autorizaciones para espiar, en tanto que intervenir comunicaciones privadas es una labor de investigación y el ejército carece de facultades para investigar, lo que implica que es ilegal la adquisición de equipo para espiar, si no tiene facultades para usarlo, ni siquiera con autorización judicial, pues tales labores se deben realizar dentro de una averiguación previa. Este tema fue ampliamente abordado ayer lunes por el periódico El Universal. Recientemente se suscitó un escándalo político cuando fue revelada una charla telefónica entre el dirigente estatal de la CNOP, Enrique Acosta Fregoso, y el diputado local Eli Topete. Siguiendo el método de investigación de “El Pato”, los legisladores se percataron de que quien los espia son los hombres del Gobernador Osuna Millán. El método de “El Pato”, para quienes no lo recuerdan, es aquel que precisa que si tiene plumas de pato, pico de pato, patas de pato y hace cuac cuac, pues es pato. En ese caso, fueron pajarracos. Total, ahora resulta que hasta “pajarracos verdes” hay en el alámbre. Y ni permiso piden para espiarnos. gil_lavenants@hotmail.com