Palco de Prensa: El juicio final

Por Gilberto Lavenant
El día de ayer, el Instituto Federal Electoral entregó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, decenas de cajas conteniendo las constancias relativas al recurso de inconformidad de la coalición Movimiento Progresista, que busca la nulidad de la elección presidencial.
Este es, lo que podría considerarse el juicio final de este proceso electoral. Al TEPJF, no solo le compete resolver esta impugnación, sino además calificar las elecciones para, en su caso, declarar la calificación de la elección del nuevo Presidente de la República. El plazo para ello vence el 6 de septiembre próximo. La comisión encargada de elaborar el proyecto de cómputo final y, en su caso, el proyecto de la declaración de validez y la de presidente electo, lo elaborará una comisión integrada por los magistrados Constancio Carrasco Daza, Flavio Galván Rivera y Salvador Olimpo Nava Gomar. Al final serán los 7 magistrados del TEPJF los que lo analicen y en su caso lo aprueben. En el 2006, durante la calificación de la elección presidencial, se revisaron 3 toneladas y media de documentos y pruebas relativas a la impugnación hecha valer por el candidato de las izquierdas, López Obrador. Algo similar ocurrió en esta ocasión. Independientemente de la aparente gravedad de los argumentos que hace valer el candidato de las izquierdas, para intentar la anulación de los comicios presidenciales, como lo son la compra de 5 millones de votos o la utilización de recursos públicos para apoyar la campaña del priísta Enrique Peña Nieto, el juicio final de este proceso electoral, parte de una sentencia : -Nadie gana en la mesa, lo que no gana en las urnas. El 29 de noviembre del 2011, al rendir su primer informe de labores, el Magistrado Alejandro Luna Ramos, Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aseguró que la ciudadanía podría ir a las urnas y participar en las contiendas electorales, con la seguridad de contar con una autoridad electoral que haría cumplir la ley, sin reservas y sin presiones. Con énfasis recalcó que “…El tribunal ofrece seguridad jurídica y garantía para la protección de los derechos político-electorales. El tribunal no hace política, la política la hacen los actores políticos, el tribunal resuelve jurídicamente. Que nadie venga a hacer política en el tribunal, ya que nadie ganará en la mesa, lo que no gane en las urnas”. El lunes 2 de julio, al día siguiente de los comicios presidenciales, Luna Ramos reiteró su sentencia del 29 de noviembre del 2011 : - Nadie ganará en la mesa, lo que no gane en las urnas. Esto ha sido severamente cuestionado por las izquierdas, que consideran que con tal advertencia, o sentencia, está prejuzgando o emitiendo un juicio anticipado, respecto a la posibilidad de invalidar las elecciones. Incluso lo consideran causa suficiente para que se excuse de participar en la votación relativa a la calificación de esta sucesión presidencial. En un Estado de Derecho, como se presume que es México, existen instituciones con facultades específicas, entre ellas las encargadas de resolver los conflictos electorales. Nadie puede usurpar dichas funciones. La propia Constitución General de la República, señala claramente que nadie se puede hacer justicia por propia mano. La mayoría de los mexicanos sabían que López Obrador generaría un conflicto postelectoral. Tratando de evitarlo, el IFE invitó a los candidatos presidenciales a firmar un pacto de civilidad y a respetar el resultado de los comicios. La candidata panista, Josefina Vázquez Mota, que quedó en tercer lugar, no dudó en reconocer su derrota. El único inconforme con los resultados, lo fue Andrés Manuel. Ha argumentado múltiples presuntas irregularidades que considera son suficientes para invalidar los comicios, en el ánimo de que se repitan las elecciones. Como quien pide que le sirvan otras enchiladas, que al fin y al cabo son gratis, gratis para los políticos, pero sumamente onerosas para los mexicanos. Los virtuales triunfadores, salvo la resolución definitiva del Trife, los priístas, en defensa frente a las acusaciones de AMLO, aseguran que son meras presunciones, manifestaciones sin fundamento. Si en este juicio final, se hace efectiva la sentencia del Magistrado Luna Ramos, en el sentido de que “…Nadie ganará en la mesa, lo que no gane en las urnas”, y en tanto que quien obtuvo mayor número de votos, lo fue el priísta Peña Nieto, se presume que el 6 de septiembre será declarado Presidente electo de México. Sin embargo, toda vez que las resoluciones del Trife, son inapelables, o sea no pueden ser combatibles y es la última instancia en materia electoral, las izquierdas ya están preparándose para intentar impedir que el mexiquense tome posesión el 1 de diciembre próximo. Se presume que ya están definiendo las correspondientes estrategias. En el 2006, cuando Felipe Calderón se disponía a tomar posesión, fue necesario resguardar el recinto legislativo, para impedir el acceso e intromisión de los seguidores de López Obrador. Se teme que en esta ocasión traten de repetir la misma película. Se recuerda que entonces Calderón tuvo que ingresar al recinto legislativo por la puerta posterior. Finalmente lo logró, en gran parte gracias a que los priístas, no obstante la derrota sufrida, no se aliaron con las izquierdas, aunque ahora los panistas desestiman la acción. Los políticos suponen que los mexicanos son tontos. Los acusan de haber vendido sus votos, al menos unos 5 millones de ellos. Quien les entiende, les llaman a acudir a las urnas, y, cuando lo hacen, los descalifican y los acusan de fraudulentos. No se vale. gil_lavenants@hotmail.com