El XX Ayuntamiento de Tijuana, encabezado por el Alcalde Carlos Bustamante Anchondo, no sale de una tormenta política, cuando ya entra en otra. En estos momentos tiene varios temas sin resolver.
El reclamo por la demolición del edificio de la 8, el contrato de arrendamiento con opción a compra, con un contribuyente moroso, la aplicación de las multas cibernéticas, los reclamos de basificación de empleados municipales, en su mayoría de confianza, la desintegración de su equipo de gobierno.
La nueva tormenta que se avecina, es por la intención de vender terrenos disponibles, para subsanar sus finanzas, para realizar obras o supuestamente mejorar los servicios públicos. Curiosamente, pareciera que vende barato lo que tiene y renta o compra caro lo que aparente o supuestamente requiere.
Según el anuncio hecho por el Secretario de Administración y Fionanzas, Rufo Ibarra Batista, el Ayuntamiento pretende vender terrenos con un valor total de aproximádamente 100 millones de pesos. Dijo que se ha estado reuniendo con funcionarios de Catastro, Oficialía Mayor, Secretaría de Desarrollo Urbano y del Fideicomiso Inmobiliaria Tijuana, a fin de revisar que están en orden, legalmente hablando, para comercializarlos.
El objetivo, según indicó, es que los recursos que se obtengan, se destinen para realizar obras diversas, continuar con el programa de pavimentación y, si alcanza, para mejoras del transporte. Otra posibilidad, podría ser intercambiar terrenos por obra pública, lo que ya se ha hecho en otras ocasiones.
Cabe observar que este sería el primer paquete, por 100 millones de pesos, porque la idea es vender otros terrenos del patrimonio de la ciudad. Dice Rufo que los terrenos que se pretende vender, no son necesarios para la construcción de centros comunitarios, escuelas o espacios públicos. Estos terrenos, son los que el Ayuntamiento recibe en donación por parte de las empresas inmobiliarias, conforme a la legislación sobre la materia. Parece sencillo, práctico, factible y ventajoso el proyecto.
Pero surgen las dudas, las sospechas y los cuestionamientos, a partir de la demolición injustificada e ilícitamente de las instalaciones de la 8. Con todo y que se diga que estaban en condiciones riesgosas, que era incosteable su mantenimiento y conservación, la verdad es que cualquier especialista en materia de urbanismo y construcción, pudo haber observado que eran rescatables. Sobre todo el edificio de la Central de Bomberos y con mayor razón el área de talleres. Todas esas instalaciones habían sido valuadas en más de 10 millones de pesos y al demolerlas, quedaron convertidas en escombros y le ocasionaron un deterioro al patrimonio municipal.
Ahora que el predio está libre de edificaciones, resulta bastante práctico, por cuanto a su ubicación, para la construcción de oficinas de gobierno, que para su funcionamiento es necesario rentar instalaciones antifuncionales o adquirirlas a precios altos. Siempre, en cualquier parte, será mal negocio vender barato y comprar caro. Otro ejemplo de ello es la bodega que se adquirirá mediante contrato de arrendamiento con opción a compra, para que funcione el DIF, conforme a negociación que se habrá de celebrar con empresario que el propio Rufo Ibarra califica como contribuyente moroso.
La legislación que regula la creación de fraccionamientos, prevee que el fraccionador debe donar al gobierno un 10% de la supercible vendible. Pero estas superficies donadas, no son para que el gobierno le entre al negocio inmobiliario, sino para que construya centros comunitarios, de recreo, para el desarrollo de actividades cívico culturales, escuelas, casetas de seguridad pública y todo aquello que sea necesario para que las comunidades cuenten con los servicios públicos más elementales.
Actualmente, hay zonas sembradas de numerosas viviendas, pero que no cuentan con áreas jardinadas, zonas de recreación, escuelas, centros deportivos e incluso iglesias. Sería interesante verificar si es que efectivamente en este primer paquete de predios que se pretende vender, realmente ninguno es necesario para ese tipo de servicios. Pero no porque así lo declare algún funcionario municipal, sino representantes de organizaciones civiles, como los colegios de ingenieros civiles y arquitectos.
Como era de esperarse, y de ahí la advertencia de que se avecina nueva tormenta política para el XX Ayuntamiento de Tijuana, ya saltó a la palestra el Regidor panista, Erwin Aréizaga Uribe, quien señala que la venta de este paquete de predios, pudiese estar relacionada con el cumplimiento de compromisos de campaña del Alcalde Carlos Bustamante Anchondo, ya que asegura que no hay motivo de peso para deshacerse del patrimonio de la ciudad.
El regidor sentencia que exigirán transparencia en este tema, y no ve con agrado que el gobierno municipal trate de dedicarse al negocio inmobiliario. Dice que es una dinámica que se está generando. Se está tratando de desincorporar predios, constantemente, para ponerlos en venta y comentó que, pensando mal, considera que son acuerdos previos adquiridos por el Alcalde Carlos Bustamante, antes de entrar en funciones.
Como ejemplo mencionó el caso del predio de la 8, así como otro que se acordó vender a una cadena de supermercados. También hace referencia a la nave industrial que se pretende adquirir para que funcione el DIF, por la que en un plazo de 15 años se pagarán 142 millones de pesos, cuando que pudiesen haber vendido predios con cuyos recursos se habría adquirido dicho inmueble a menor precio.
Parece que a Erwin le preocupa que estos negocios inmobiliarios, por parte del gobierno municipal, reduzcan el patrimonio de la ciudad, sobre todo porque por una parte se venden predios y se rentan otros para operar servicios públicos.
Una vieja pugna, entre el sector privado y los gobiernos, es que se dediquen a gobernar y a ellos los dejen hacer negocios. Con todo y la aparente justificación de la pretendida venta de predios, el negocio inmobiliario no es propio del gobierno municipal. Como que se deben clarificar y vigilar este tipo de negociaciones.
gil_lavenants@hotmail.com
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