La propuesta de reforma a la Ley del Servicio Civil, que el gobernador del estado, José Guadalupe Osuna Millán, apoyado por los cinco alcaldes de la entidad, envió al congreso del estado para su estudio, análisis y aprobación, y en la que veladamente hace responsable de los problemas económicos que viven las arcas municipales y que de no parar esta situación serán los culpables del quebranto económico de los gobiernos locales, no solo enojo, si no que, saco de sus casillas a los líderes de los trabajadores sindicalizados que laboran para las entidades gubernamentales del estado y municipios, incluidas las paramunicipales, paraestatales y descentralizadas de ambos ordenes de gobierno.
Y en efecto así es, pero de forma parcial, el ejecutivo tomo la cómoda posición de inquisidor, culpando a los trabajadores burócratas de ser una carga económica para los gobiernos municipales y estatal, que cada año se hace más pesada y menos productiva, haciendo de lado, mas bien, omitiendo la responsabilidad que guardan los ejecutivos en esta situación, ya que son ellos, quienes contribuyen y con gran alegrías al engordamiento asqueroso de la burocracia gubernamental y de su inoperancia, incapacidad e ineficiencia para con la ciudadanía.
Pero vayamos por partes, las reformas que pretende llevar a efecto el ejecutivo, dicen los dirigentes de la burocracia sindical, vulnera los derechos de los trabajadores de base, situación que es falaz, el juego mediático emprendido por los líderes de los sindicalizados, tiene como finalidad engañar a la ciudadanía y lograr con ello su apoyo moral.
Lo cierto es, que cada año los dirigentes aprovechan las negociaciones obligadas de revisión del contrato colectivo de trabajo, para lograr sustanciales ganancias, en especial, cuando pactan soterradamente la creación de nuevas plazas de sindicalizados que venden a los mejores postores, en lugar de basificar a quienes tienen años laborando en las áreas gubernamentales, en esperar de que se les considere y puedan obtener su plaza de trabajador sindicalizado.
Las circunstancias económicas de los gobiernos y en especial de los ciudadanos, quienes son quien mantiene a los gobiernos, obliga a tomar la decisión de suprimir las plazas, cada ocasión que un empleado llegue al tiempo de su jubilación, que la base que ocupa se elimine y simplemente se cubra con una de confianza, respetando en todo momento los derechos de 1uienes actualmente se encuentran en la condición de basificados.
Ya es tiempo de que la revisión del contrato colectivo de trabajo se realice cada tres años, que se elimine el pago de gratificaciones a los empleados de confianza que arriban al inicio de cada administración y cuando esta termina o son despedidos se les otorga una cantidad determinada por los servicios prestados y el tiempo trabajado.
Se debe de volver a la austeridad republicana, al verdadero espíritu de servicio gubernamental, que, quien sea empleado reciba un salario justo que le permita cubrir sus necesidades y las de su familia, y cuando su función o labor concluya, se le cubran los días laborados y se le dé, simplemente las gracias.
Pero, también es tiempo de que los ejecutivos le entren al ajuste económico, ya es hora de que se fijen los salarios de los funcionarios de elección y confianza, no es posible que el gobernador del estado se le cubra su emolumento y además se le pague ropa, comida, casa, etc, ya basta, el tope salarial del ejecutivo deberá de ser acorde a lo que gana el gerente general de la mejor empresa maquiladora en el estado y de ahí hacia abajo para los subordinados.
De igual forma, los integrantes de los poderes judicial y legislativo, sus salarios deberán ser tazados con base a la percepción que le resulte al gobernador, solo de esta manera, reduciendo el gasto corriente de los tres poderes a un porcentaje del 45 por ciento de sus presupuestos anuales, se podrá contar con entidades gubernamentales agiles, que en verdad atiendan con eficiencia y eficacia los grandes retos y atrasos que hoy presentan, incluidos sus déficits, que por cierto desaparecerían.
Se reducirían las cargas impositivas a los contribuyentes, los dineros a los ejecutivos del estado y municipios les alcanzaría a para cubrir de manera efectiva sus programas y proyectos de gobierno, el apoyo social seria más efectivo y extenso, las deudas que actualmente ahorcan a los municipios, no representarían las cargas que hoy padecen.
Son culpables de los atolladeros económicos en los municipios la clase sindicalizada, pero, con igual culpa son, los titulares de los ejecutivos, quienes mienten y engañan a los ciudadanos en los tiempos de campañas cuando acuden a suplicar y gimotear por el voto, aduciendo que, buscan llegar al poder solo con el único fin de ayudar a su comunidad.
Mentirosos y culpables.
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