Por Gilberto Lavenant
El Semanario Zeta, en la página 2-A de su edición número 1936, correspondiente a la Semana del 6 al 12 de Mayo del 2011, bajo el título de “Libertad” y suscrito por Rosario Mosso Castro, ventila un tema, recurrente a través de los años, pero no por ello superado.
Se trata de la publicidad oficial y en este caso, la publicidad del XX Ayuntamiento de Tijuana, que encabeza el priísta Carlos Bustamante Anchondo.
Cuenta, en el primer párrafo del texto correspondiente, que “…Hace unas semanas, en el XX Ayuntamiento de Tijuana se llevó a cabo una reunión de funcionarios de primer y segundo nivel. El objetivo fue muy específico: acordar el retiro de la publicidad de las páginas de ZETA”.
En el segundo párrafo refiere que : “…La justificación que compartieron los funcionarios salió directamente de Comunicación Social : “No debemos seguir anunciándonos cada semana si cada semana nos están golpeando”.
El resto del texto, dejamos que cada quien lo lea y que cada quien haga sus propias conjeturas. Por lo pronto y bajo la advertencia aquella de que “el que calla, otorga” y en tanto que el XX Ayuntamiento no aclare y acredite lo contrario, lo señalado en Zeta es cierto e intolerable.
Es una costumbre, en el sistema político mexicano, el uso de la publicidad oficial, para ganar simpatías y espacios en los medios de difusión. Aquel que no aplaude el actuar del gobernante en turno, se le excluye de los programas de la publicidad oficial. Los que aplauden, como focas, podría decirse, reciben fuertes ingresos provenientes de la publicidad oficial. Sin que esto signifique que todo aquel medio, o periodista, que cuente con un contrato publicitario oficial, somete su criterio al servicio del gobernante que se los otorga. De ninguna manera.
El tema es harto interesante y pinta de cuerpo completo al sistema político mexicano. Los recursos públicos, no son propiedad del goberante en turno. Por lo tanto, este no puede determinar en qué los gasta o a quien le compra. En materia publicitaria, a quien beneficia y a quien castiga. Lamentablemente, es un área que no está del todo reglamentada y que urge reglamentar.
En 1977, José López Portillo, siendo Presidente de México, “esculpió” la frase aquella que hoy sigue vigente para muchos políticos : “No pago para que me peguen”. Que al parecer hoy hace suya la administración del priísta Carlos Bustamante. Leída en sentido contrario, podría interpretarse que entonces, “…pago, para que no me peguen”, lo que sería el reconocimiento del uso ilícito de recursos propios en beneficio personal o de la administración que representa.
Hace un par de años, fue editado un libro de Ernesto Villanueva, bajo el título de “Publicidad oficial: transparencia y equidad”, que refiere este tema al detalle y expone cómo es que los recursos públicos son utilizados por los políticos para proyectarse o publicitarse convenencieramente, tratando de miniomizar los señalamientos que les resulten negativos, contrarios o inconveniente.
Villanueva advierte que un criterio de absoluta discrecionalidad y densa opacidad prevalece en el Estado mexicano para disponer, a entera conveniencia. de recursos públicos que integran el presupuesto de publicidad oficial y que sólo a nivel del Gobierno Federal ascienden a 3 mil 700 millones de pesos.
Desde los tres distintos niveles, observa, gobiernos de todos los partidos políticos han usado la publicidad oficial para premiar o castigar a los medios de comunicación, según la hostilidad o sumisión que perciben en éstos, en una clara regresión a un obscurantismo que se suponía superado por la alternancia en el poder.
Ante tales circunstancias y formas, señaló que urgen reglas claras en la asignación de la publicidad oficial, no sólo a nivel del Gobierno Federal, léase Poder Ejecutivo, sino también para los Poderes Legislativo y Judicial; para los gobiernos de las entidades federativas y los más cercanos a la ciudadanía, como son los municipales.
En la presentación del libro de Villanueva, en la sede de la Escuela de Administración Pública del DF, en el Centro Histórico, la periodista María Scherer hizo notar que nada ha cambiado desde 1977, cuando el entonces presidente José López Portillo expresó su famosa frase: “No pago para que me peguen”.
Scherer recordó que con esas palabras, el ex mandatario justificó su decisión de no canalizar publicidad a la revista Proceso, una medida que la opinión pública advirtió como represalia por el contenido de los trabajos periodísticos de ésta.
Hace años que falleció López Portillo, pero su espíritu aún cabalga en Baja California. Concretamente en Tijuana, en la voz del Alcalde priísta Carlos Bustamante Anchondo, que emulando a Jolopo advierte temerario : “no pago para que me peguen”.
gil_lavenants@hotmail.com
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