Por Julieta Martínez (El Universal)
El trabajador de la Comisión fue llevado ante un juez municipal por cuestionar el motivo del arresto de un migrante que acababa de ser deportado
Agentes de la Policía Turística de Tijuana, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, detuvieron a un funcionario de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que cuestionaba el motivo del arresto de un migrante que acababa de ser deportado.
También arrestaron a un testigo que grabó en video los hechos que se suscitaron el 30 de marzo en las afueras del Grupo Beta, en la colonia Federal.
Los tres hombres fueron llevados ante un juez municipal, quien amonestó al funcionario de la CNDH de apellido Luna, por supuesta "obstrucción" a la autoridad, informó una fuente que pidió el anonimato.
Los policías de la Turística argumentaron haber recibido llamadas de queja que supuestamente reportaban que el migrante detenido se encontraba molestando a los transeúntes, sin embargo, hacía unos minutos que había sido deportado cuando los agentes lo interceptaron.
Luna se percató de los hechos y fue por ello que cuestionó a los uniformados, pero en lugar de responderle lo detuvieron y lo llevaron ante un juez en la Estancia Municipal para Infractores.
Allá también fue llevado un hombre que videograbó los hechos, a quien hicieron pagar una multa por dejarlo en libertad, pero apenas había permanecido unos minutos fuera de las celdas cuando frente a sus familiares fue obligado a ingresar de nuevo, donde lo mantuvieron hasta que borró las imágenes en su celular.
Funcionarios de la CNDH y de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California (PDH) pudieron ver el video antes de que fueran borradas.
Activistas defensores de las garantías individuales, entre quien se encuentra el titular de la PDH, Heriberto García García, han denunciado reiteradamente las detenciones arbitrarias de que migrantes son víctimas por parte de policías municipales.
Las denuncias refieren que no sólo se limitan a detener a los migrantes que acaban de ser deportados, sino que les roban las pocas pertenencias que traen consigo y en ocasiones esperan a que los familiares les depositen dinero para extorsionarlos por no llevarlos a la cárcel.
Además acusan a los policías de que no acepten como identificación el documento de deportación que les entrega el Instituto Nacional de Migración (INM).
Incluso, el Ayuntamiento local puso a disposición de los connacionales repatriados un teléfono para recibir denuncias y quejas por abusos, pero ellos prefieren no utilizarlo por temor a represalias porque no cuentan con protección cuando hacen algún reporte que deben atestiguar y ratificar.
No hay comentarios:
Publicar un comentario