Ley de tenencia vehicular son una aberración jurídica del Congreso Local: Oscar Arce

CIUDAD DE MEXICO.- Con aprobaciones de reformas de ley parciales como es el caso de la tenencia vehicular, la mayoría de diputados del PRI, representada en el Congreso Local de Baja California, le falta el respeto a los ciudadanos que confiaron en ellos, manifestó enérgico el Vice-Coordinador Jurídico del PAN en la Cámara de Diputados Federales, Oscar Arce Paniagua.

“No es justo que a los ciudadanos se les tenga como rehenes políticos de un juego de poderes que obedecen a intereses partidistas y gobiernistas cuando la entidad tiene temas tan importantes como las Reformas de Justicia, Seguridad y Desarrollo Social.”, expuso el legislador Federal.

Arce Paniagua, dijo que el asunto del pago de tenencia específicamente de las camionetas Pick Up y la Ley de Alcoholes, recientemente aprobadas son una “aberración jurídica” las cuales se han revertido por no ser consultadas con los sectores involucrados y ahora se intenta tapar el “entuerto”, con parches en donde la goma ya no pega.
Hizo un llamado a los legisladores del Partido Acción Nacional para que no sean cómplices de los legisladores del PRI al proponer y aprobar leyes que no tienen razón de ser, razones por lo cual los conminó a tener dignidad y respeto a los bajacalifornianos.

“Desde la llegada del nuevo Congreso, los ciudadanos han estado siendo testigos de los desacuerdos entre el Congreso Local y el Ejecutivo Estatal, lo que ha provocado el desanimo de los ciudadanos que con justa razón evalúan mal a su congreso y a sus autoridades que los gobiernan”, dijo.

Mencionó que el incremento a la burocracia del Congreso Local por el orden de los 300 millones de pesos, presupuesto similar al del Ayuntamiento de Rosarito, la aparición repentina de lujosas camionetas Toyota de parte de los Diputados del PRI, solo hablan de corrupción y desinterés de los temas importantes para el Estado.

Finalmente Lamentó que en Baja California no haya preocupación por trabajar en la nueva Ley de Secuestro recientemente aprobadas por la Cámara de Diputados Federales y el Senado de la República, en donde las entidades federativas están obligadas a ello, pues este delito es un lastre que aún viven muchas familias de la entidad.