Por Aquiles Córdova MoránDirigente Nacional del Movimiento Antorchista
Este fin de semana recién pasado, dos campesinos más de la comunidad de Santo Domingo Yosoñama, en la Alta Mixteca oaxaqueña, fueron víctimas de la violencia asesina del grupo caciquil que impone, desde hace rato, sus intereses y su ley en el municipio vecino de San Juan Mixtepec.
Emboscados tras de membretes despistadores de “organizaciones campesinas”, “redes de protección a migrantes indígenas”, etc., con un ideario que no es sino un confuso batiburrillo de indigenismo excluyente que llega hasta la xenofobia, un discurso de “territorio liberado” que implica autonomía absoluta respecto de todos y de todo, y un derecho irrestricto sobre los recursos materiales y las personas mismas de las comunidades (que es lo que realmente les interesa), los “líderes” han armado, material e ideológicamente, a ciertos sectores minoritarios de Mixtepec y de la región, para imponer, interna y externamente, su “línea” y sus intereses a todo mundo. Los dos campesinos de Yosoñama fueron emboscados y abatidos por gente al servicio de ese grupo caciquil. El saldo: uno muerto, Pedro Guzmán González, y un herido, Roberto San Juan, con pocas esperanzas de salvar la vida.
Visto aisladamente, el ataque parece absurdo por gratuito e inmotivado. Las víctimas son hombres humildes y pacíficos, como usted y como yo, amigo lector, que iban confiados por su camino como todo el que tiene la conciencia tranquila. Pero visto en su contexto político y social, no hay duda de que nos hallamos ante un nuevo acto de barbarie de la pequeña mafia incrustada en Mixtepec (para desgracia del propio verdadero pueblo de Mixtepec, que poco o nada sabe de estos hechos), que busca con ello doblegar la firme determinación de Yosoñama de defender hasta lo último su derecho a unas tierras que heredaron de sus antepasados y que han poseído, pública y pacíficamente, por más de cien años. Terrorismo calculado y dosificado para sembrar en el “enemigo” desconcierto y desánimo que lo obliguen, finalmente, a renunciar a su legítimo derecho.
Por otra parte, y sólo pocos días antes, los medios dieron a conocer el asesinato de dos dirigentes de sendas organizaciones campesinas de Oaxaca: Catarino Torres Pereda, líder de CODESI, y Heriberto Pasos Ortíz, líder de la más conocida MULT (Movimiento Unificador de Lucha Triqui). De ambos dirigentes, dicho sea con todo respeto y sin desdoro de nadie, la mayor significación política recae en la muerte de Heriberto Pasos Ortíz, ya que es consenso en todo el Estado, y en el gobierno mismo, que MULT y Antorcha Campesina son las dos organizaciones con mayor membresía real y, en consecuencia, con verdadera capacidad de lucha. Por ello, resulta muy difícil creer que se trate de asesinatos comunes y corrientes, perpetrados por enemigos naturales de esos líderes o por sus propias disidencias internas. Todo parece apuntar, más bien, a una política bien planeada de “rifle sanitario” para curar la pobreza y el descontento de los oaxaqueños. Ambos hechos han encendido los focos rojos en Antorcha Campesina. Es evidente, al margen de cualquier alarmismo propagandístico, que la vida de su líder en Oaxaca, el noble, modesto, moralmente limpio, culto y absolutamente apegado a los métodos pacíficos y legales de su organización, el Ing. Gabriel Hernández García, está en serio peligro. Los temores del Antorchismo Nacional han crecido más, al enterarnos que un alto funcionario del gobierno de Oaxaca ofreció “protección policíaca” a Gabriel. ¿Qué es esto? ¿Una preocupación sincera por su vida o una advertencia velada? ¿Quién en estos tiempos, si no está loco, puede confiar en la policía para resguardarse de los peligros? ¿Quién está dispuesto a dormir con el enemigo en casa?
Gabriel, llevado por su bonhomía y su modestia, ha sido siempre respetuoso y comedido con todo mundo, aun con quienes se oponen y obstaculizan su labor social. No tiene, ni ha tenido nunca, enemigos personales. Por tanto, el Antorchismo Nacional quiere dejar bien claro que, en caso de un ataque grave o mortal contra Gabriel, responsabilizará sin vacilar a las únicas dos fuerzas que pueden estar interesadas en su desaparición física: la mafia de Mixtepec y/o la política de “rifle sanitario”, quien quiera que esté detrás de la misma.
En abono a esto, es momento de insistir en que, a pesar de nuestros sinceros esfuerzos ante el gobierno de Ulises Ruiz y ante la Secretaría de Gobernación Federal para que resuelvan el problema agrario entre Mixtepec y Yosoñama, de fondo y con verdadero espíritu de justicia, sin vencedores ni vencidos, sólo hemos conseguido promesas vagas, evasivas y mentiras descaradas. Y allí están las consecuencias: dos humildes labriegos más a la cuota de sangre que se está cobrando a Yosoñama para respetar su derecho a la tierra. Que quede claro que la única manera creíble y eficaz de proteger la vida de Gabriel Hernández, es la solución de fondo del conflicto referido.
Para terminar, y haciendo segunda a Gabriel, los antorchistas del país nos unimos a su condena clara y terminante a la violencia (privada, oficial o combinada), para dirimir cualquier tipo de conflicto. Los verdaderos luchadores nunca han confiado, para lograr sus fines, ni en caudillos egoístas ni en pequeñas mafias del crimen; sólo en las masas bien organizadas y bien dirigidas. ¿Quién jala el gatillo del “rifle sanitario”? ¿A quién conviene una política de exterminio selectivo de dirigentes sociales? ¿A quien ya se va y no le importa dejar tras sí un rastro sangriento, o a quien llega y comienza a desbrozarse el camino desde ahora? Imposible saber y menos afirmar nada con seguridad; pero los crímenes y las interrogaciones que suscitan, ahí están y ahí se quedan. Los humildes, los que carecemos de padrinos poderosos, no tenemos mejor defensa que la denuncia pública y la movilización de masas. A eso nos atenemos, mejor que a la “protección policiaca”, que bien puede ser pan con navaja.
Emboscados tras de membretes despistadores de “organizaciones campesinas”, “redes de protección a migrantes indígenas”, etc., con un ideario que no es sino un confuso batiburrillo de indigenismo excluyente que llega hasta la xenofobia, un discurso de “territorio liberado” que implica autonomía absoluta respecto de todos y de todo, y un derecho irrestricto sobre los recursos materiales y las personas mismas de las comunidades (que es lo que realmente les interesa), los “líderes” han armado, material e ideológicamente, a ciertos sectores minoritarios de Mixtepec y de la región, para imponer, interna y externamente, su “línea” y sus intereses a todo mundo. Los dos campesinos de Yosoñama fueron emboscados y abatidos por gente al servicio de ese grupo caciquil. El saldo: uno muerto, Pedro Guzmán González, y un herido, Roberto San Juan, con pocas esperanzas de salvar la vida.
Visto aisladamente, el ataque parece absurdo por gratuito e inmotivado. Las víctimas son hombres humildes y pacíficos, como usted y como yo, amigo lector, que iban confiados por su camino como todo el que tiene la conciencia tranquila. Pero visto en su contexto político y social, no hay duda de que nos hallamos ante un nuevo acto de barbarie de la pequeña mafia incrustada en Mixtepec (para desgracia del propio verdadero pueblo de Mixtepec, que poco o nada sabe de estos hechos), que busca con ello doblegar la firme determinación de Yosoñama de defender hasta lo último su derecho a unas tierras que heredaron de sus antepasados y que han poseído, pública y pacíficamente, por más de cien años. Terrorismo calculado y dosificado para sembrar en el “enemigo” desconcierto y desánimo que lo obliguen, finalmente, a renunciar a su legítimo derecho.
Por otra parte, y sólo pocos días antes, los medios dieron a conocer el asesinato de dos dirigentes de sendas organizaciones campesinas de Oaxaca: Catarino Torres Pereda, líder de CODESI, y Heriberto Pasos Ortíz, líder de la más conocida MULT (Movimiento Unificador de Lucha Triqui). De ambos dirigentes, dicho sea con todo respeto y sin desdoro de nadie, la mayor significación política recae en la muerte de Heriberto Pasos Ortíz, ya que es consenso en todo el Estado, y en el gobierno mismo, que MULT y Antorcha Campesina son las dos organizaciones con mayor membresía real y, en consecuencia, con verdadera capacidad de lucha. Por ello, resulta muy difícil creer que se trate de asesinatos comunes y corrientes, perpetrados por enemigos naturales de esos líderes o por sus propias disidencias internas. Todo parece apuntar, más bien, a una política bien planeada de “rifle sanitario” para curar la pobreza y el descontento de los oaxaqueños. Ambos hechos han encendido los focos rojos en Antorcha Campesina. Es evidente, al margen de cualquier alarmismo propagandístico, que la vida de su líder en Oaxaca, el noble, modesto, moralmente limpio, culto y absolutamente apegado a los métodos pacíficos y legales de su organización, el Ing. Gabriel Hernández García, está en serio peligro. Los temores del Antorchismo Nacional han crecido más, al enterarnos que un alto funcionario del gobierno de Oaxaca ofreció “protección policíaca” a Gabriel. ¿Qué es esto? ¿Una preocupación sincera por su vida o una advertencia velada? ¿Quién en estos tiempos, si no está loco, puede confiar en la policía para resguardarse de los peligros? ¿Quién está dispuesto a dormir con el enemigo en casa?
Gabriel, llevado por su bonhomía y su modestia, ha sido siempre respetuoso y comedido con todo mundo, aun con quienes se oponen y obstaculizan su labor social. No tiene, ni ha tenido nunca, enemigos personales. Por tanto, el Antorchismo Nacional quiere dejar bien claro que, en caso de un ataque grave o mortal contra Gabriel, responsabilizará sin vacilar a las únicas dos fuerzas que pueden estar interesadas en su desaparición física: la mafia de Mixtepec y/o la política de “rifle sanitario”, quien quiera que esté detrás de la misma.
En abono a esto, es momento de insistir en que, a pesar de nuestros sinceros esfuerzos ante el gobierno de Ulises Ruiz y ante la Secretaría de Gobernación Federal para que resuelvan el problema agrario entre Mixtepec y Yosoñama, de fondo y con verdadero espíritu de justicia, sin vencedores ni vencidos, sólo hemos conseguido promesas vagas, evasivas y mentiras descaradas. Y allí están las consecuencias: dos humildes labriegos más a la cuota de sangre que se está cobrando a Yosoñama para respetar su derecho a la tierra. Que quede claro que la única manera creíble y eficaz de proteger la vida de Gabriel Hernández, es la solución de fondo del conflicto referido.
Para terminar, y haciendo segunda a Gabriel, los antorchistas del país nos unimos a su condena clara y terminante a la violencia (privada, oficial o combinada), para dirimir cualquier tipo de conflicto. Los verdaderos luchadores nunca han confiado, para lograr sus fines, ni en caudillos egoístas ni en pequeñas mafias del crimen; sólo en las masas bien organizadas y bien dirigidas. ¿Quién jala el gatillo del “rifle sanitario”? ¿A quién conviene una política de exterminio selectivo de dirigentes sociales? ¿A quien ya se va y no le importa dejar tras sí un rastro sangriento, o a quien llega y comienza a desbrozarse el camino desde ahora? Imposible saber y menos afirmar nada con seguridad; pero los crímenes y las interrogaciones que suscitan, ahí están y ahí se quedan. Los humildes, los que carecemos de padrinos poderosos, no tenemos mejor defensa que la denuncia pública y la movilización de masas. A eso nos atenemos, mejor que a la “protección policiaca”, que bien puede ser pan con navaja.
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