Fuera de la ley toma de protesta de Godoy: Oscar Arce

CIUDAD DE MEXICO.- Fue una “barbaridad jurídica” la decisión del Presidente de la Mesa Directiva de Cámara de Diputados, el Priista Jorge Carlos Ramírez Marín, al tomarle protesta como Diputado Federal, -hoy en funciones- a Julio César Godoy Toscano, quien sigue teniendo una orden de aprehensión por Delincuencia Organizada.
Lo anterior lo manifestó el Vice-Coordinador Jurídico del PAN Diputado Oscar Arce Paniagua, quien ante los medios de comunicación dijo que esta decisión de Ramírez Marín, fue su primer “resbalón político” como Presidente de la Mesa Directiva.



Explicó que de ninguna manera comparte la decisión tomada por el Presidente de la Cámara, porque Godoy es un hombre que tiene pendientes con la justicia y a la cual deberá rendir cuentas.



“La actuación del presidente pone en duda si la reforma constitucional que nos llevó décadas conseguir a los mexicanos y que se contempla en el Articulo 99 donde claramente dice que la institución que resolverá los conflictos en torno a Derechos Políticos de ciudadanos, es el TRIFE (TRIBUNAL FEDERAL ELECTORAl)”, explicó el Vice-Coordinador Jurídico.



Expuso que el TRIFE, previamente en sentencia firme le negó a Godoy Toscano, la toma de protesta en virtud de que tiene una orden de aprehensión calificada como “Delito Grave” y hoy una suspensión por un Juez de Distrito curiosamente de Michoacán fue suficiente para que se le procediera a tomar protesta, aclaro que dicha suspensión es sólo en torno a sus derechos políticos, y no al fondo del asunto por el cual se le acusa que es Delincuencia Organizada.



Dijo que revisará las reformas especialmente las del fuero, tema del cual presentó una iniciativa al inicio de la Legislatura y que indica precisamente que en delitos graves u ordenes de Aprehensión se tendrá que poner a disposición del Juez al o los Diputados sin juicio de Procedencia.



Por último consideró que este tema va a lastimar aun más la credibilidad de la Cámara de Diputados, por que es difícil que la ciudadanía acepte que esté como su representante una persona que esta acusada de Delincuencia Organizada.