La geografía de la narcocensura

* Chihuahua, Tamaulipas, Michoacán, Oaxaca, Veracruz y Durango son entidades donde el ejercicio periodístico puede considerarse de alto riesgo.
La autocensura como una forma de sobrevivir. El narco, el crimen organizado; poderes fácticos que imponen la ley del silencio. Palabras prohibidas, como cártel del Golfo y Zetas en Nuevo Laredo y Reynosa; mensajes amenazantes en los teléfonos celulares de reporteros en Tijuana; recurrentes amenazas contra el gremio en Ciudad Juárez; la persecución en Chilpancingo... los periodistas están en la mira.

De acuerdo a los recuentos de distintas organizaciones y a información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los periodistas asesinados en los últimos diez años son 62. A ellos se suman 10 colegas desaparecidos.

La geografía de la violencia perpetrada en contra de los periodistas es clara: los lugares donde se agudizan las condiciones de riesgo coinciden con aquellas zonas donde el narcotráfico ha impuesto la ley de la corrupción y la violencia, donde el crimen organizado se constituye como un poder fáctico. En los últimos 10 años, en Chihuahua han sido asesinados 10 periodistas y en Tamaulipas nueve. Estas entidades encabezan la lista de los lugares donde el oficio de periodista se ha convertido en uno de alto riesgo. También en Michoacán hay que lamentar tres homicidios y la desaparición de otros tres periodistas; en Oaxaca y Veracruz, siete; en Guerrero y en Durango cinco.

El pasado 19 de enero en la ciudad de Culiacán, Alberto Brunori, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reunido con un grupo de periodistas e integrantes de organizaciones de los defensores de los derechos humanos, afirmó que 98 por ciento de los casos de periodistas asesinados en México permanecen impunes. El saldo de los 594 expedientes de queja por agravios sufridos por periodistas —amenazados, agredidos, desaparecidos, asesinados— radicados en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es el mismo que el de las 20 recomendaciones emitidas por ese organismo de 1995 a la fecha. La impunidad.



Levantamiento del cuerpo de Armando Rodríguez, reportero de El Diario de Juárez, asesinado el 13 de noviembre de 2008 a manos de sicarios. Foto: José Guadalupe Pérez/ AFP

DEPREDADORES DE LA LIBERTAD DE PRENSA
Los asesinatos de periodistas se han multiplicado en los primeros tres años del gobierno del presidente Felipe Calderón y la llamada guerra del narco ha recrudecido la violencia. Según información de la CNDH, en 2007 fueron asesinados cuatro periodistas, 10 en 2008 y 12 en 2009. La Organización Reporteros sin Fronteras consideró esta situación como una gran “hecatombe” para la libertad de expresión.

Para Reporteros sin Fronteras los cárteles de El Golfo, Sinaloa y Juárez son algunos de los 40 depredadores de la libertad de prensa en el mundo. Al dar a conocer una lista de estos depredadores, Reporteros sin Fronteras describió la situación que se vive en México: “Policía y Ejército tienen una gran responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos y los atentados a la libertad de expresión. Desde 2006 han sido asesinados 62 periodistas; 10 han desaparecido desde 2003. Más de la mitad de esos reporteros investigaban asuntos relacionados con el narcotráfico”.

En cuanto a la impunidad, Reporteros sin Fronteras se pronuncia: “Nunca se ha detenido ni juzgado a ninguno de los autores intelectuales de esos crímenes. México es uno de los países más peligrosos del continente americano para la profesión”.

Reporteros sin Fronteras identifica a los depredadores de la libertad de prensa en los siguientes términos: “políticos, dirigentes de instituciones del Estado, jefes religiosos, milicias u organizaciones criminales que atacan directamente a los periodistas; que hacen de la prensa su enemigo preferido, su bestia negra. Poderosos, peligrosos, violentos, están por encima de las leyes”.

Los focos rojos se encienden cuando organizaciones terroristas, criminales y poderosos personajes atentan en contra del derecho de informar; para que el crimen organizado se erija como un poder fáctico es necesaria la corrupción y la complicidad. Los agresores más frecuentemente identificados de periodistas son funcionarios públicos.

En el informe donde el organizaciones como el Centro Nacional de Comunicación Social y Artículo 19 documentan las 244 agresiones sufridas por periodistas en el año 2009, se afirma que en más de 65 por ciento de los casos los agresores fueron funcionarios públicos. “Si bien los grupos del crimen organizado son presuntos responsables de una parte de los ataques contra periodistas, en particular los más violentos, las estadísticas muestran también que los principales culpables de las agresiones contra el gremio son funcionarios públicos y fuerzas de seguridad del Estado”.



Hugo Alfredo Olivera Cartas, reportero de la fuente policiaca en diversos medios de comunicación, murió acribillado dentro de su camioneta en Michoacá Foto: Cuartoscuro

OFICIO DE ALTO RIESGO
Para algunas empresas aseguradoras resulta un mal negocio vender una póliza de seguro de vida para los periodistas que laboran en lo que sus propios agentes consideran “zonas de guerra”, como Ciudad Juárez, Chiuahua; Reynosa, Tamaulipas, o Torreón, Coahuila.

En Ciudad Juárez algunas empresas se negaron a vender más pólizas de seguros de vida a los colegas reporteros. Jesús Meza, integrante de la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez, denunció este hecho a través de distintos medios el pasado 13 de mayo: algunas empresas siguen vendiéndolos, pero cobrando tarifas más altas; una sobretasa por el ejercicio de una profesión de alto riesgo.

EL RECUENTO DE LOS DAÑOS
El viernes 16 de julio reporteros, fotógrafos y camarógrafos de la ciudad de Chihuahua llegaron a la sede del gobierno estatal. El más reciente crimen, el homicidio perpetrado una semana antes del camarógrafo Guillermo Alcaraz que, entre otros medios, desempeñaba sus labores en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los convocó con la exigencia del esclarecimiento de los asesinatos de periodistas. La lista de casos de asesinatos de periodistas que permanecen en la impunidad en Chihuahua, incluye a Armando Rodríguez, reportero de El Diario de Juárez, muerto hace dos años; a José Luis Ortega Mata, a Víctor Oropeza y Jéssica Lizalde.

En los últimos 10 años, durante los cuales han sido asesinados 62 periodistas y desaparecido 10, también se ha atacado ocho veces instalaciones de medios de comunicación con granadas o materiales explosivos diversos: el viernes 20 de julio por la noche, un automóvil en marcha que nadie se atreve a describir a detalle y del que nadie vio sus características o número de placas, cruza por la entrada a las instalaciones de Televisa en Nuevo Laredo. Uno de sus ocupantes arroja una granada que luego estalla. Un aviso.

Los periodistas saben lo que pasa. Desde hace semanas “el crimen organizado” —así lo dicen, aunque sin nombrar a alguna organización específica— ordenó publicar determinada información: notas, videos y fotografías. Quien no lo haga se atiene a las consecuencias.

Reporteros, fotógrafos, jefes de información, empresarios dueños de periódicos y estaciones de radio han enfrentado en Nuevo Laredo, como en otras ciudades del país, el dilema planteado por el narcotráfico: ¿plata o plomo? Otros han encontrado en el silencio, la autocensura, una forma de sobrevivir y proteger a sus familias. Los colegas lo dicen: “Los medios están controlados en Nuevo Laredo”. Allí se encuentra hoy una información acallada, una sociedad sumida en el terror de los rumores donde los narcobloqueos y los tiroteos, son frecuentes; donde sólo se publica lo que ordenan Los Zetas.

Hugo Alfredo Olivera Cartas, corresponsal de la Voz de Michoacán en Apatzingán y editor del periódico El Día y reportero policiaco, fue ejecutado la madrugada del pasado seis de julio. Su cuerpo fue encontrado con tres impactos de bala a bordo de una camioneta pick-up en una brecha serrana entre los municipios de Tepacaltepec y Aguililla.

En Michoacán los casos de periodistas asesinados y desaparecidos documentados suman seis: Jaime Arturo Polvera Bravo, ex corresponsal de La Voz de Michoacán, fue asesinado el nueve de marzo de 2006. José Antonio García, editor del periódico Ecos de la Cuenca, desapareció el 20 de noviembre de ese año en Tepacaltepec. Mauricio Estrada, reportero policiaco del diario La Opinión, de Apatzingán, fue visto por última vez el 12 de febrero del 2008. El 10 de octubre de ese mismo año fue ejecutado Miguel Ángel Villagómez, editor del diario La Noticia, del puerto de Lázaro Cárdenas. María Esther Aguilar, de El Diario de Zamora y corresponsal de Cambio, desapareció el 11 de noviembre del 2009. Ramón Ángeles Zalpa, corresponsal del mismo diario en Paracho, fue visto por última vez, el seis de abril de 20010.

María Esther Aguilar es la primera mujer en la lista de los periodistas que han sufrido los embates de los poderes fácticos en zonas de alto riesgo; lugares donde el narcotráfico impone la ley de la corrupción y la violencia. La mañana del 11 de noviembre del 2009 ella se levantó temprano. Iba a hacer unas fotografías en la estación de bomberos cercana a su casa. Salió en pants y con sandalias. 10 meses después nadie ha vuelto a saber de ella.

En la redacción de Cambio, en Morelia, conversé con Juan Ignacio Salazar Rodríguez, jefe de corresponsales del periódico. Salazar está convencido de que los periodistas de Michoacán trabajan en una zona de guerra. El diario promueve protocolos de seguridad, el jefe de corresponsales, quien ha perdido a dos de los suyos, me dice que entre otras medidas de seguridad no tiene rutinas establecidas y que sus horarios son flexibles. Su mayor preocupación es que un grupo armado ataque las instalaciones del periódico; ante tal amenaza ya se ha diseñado una ruta de escape.

Martes 22 de junio por la noche. Dos desconocidos se plantan frente a la entrada del diario Noticias de El Sol de La Laguna en la ciudad de Torreón, Coahuila. En un rápido movimiento de profesionales disparan sus metralletas. La recepcionista del periódico corre con suerte; apenas resulta herida por las esquirlas de cristal que la lastiman en la cabeza y el brazo izquierdo. Jesús Torres Charles, procurador de justicia en Coahuila, informó que en el lugar de los hechos se localizaron casquillos de armas de grueso calibre. De manera parca sólo dijo: “No se ha determinado el número de disparos, sólo se sabe que fueron dos ráfagas”. Otra advertencia.

El pasado 26 de julio fueron secuestrados en Gómez Palacio, Durango, después de cubrir una protesta de familiares de internos en el Cereso número dos de la ciudad, convertido en guarida de sicarios, cuatro colegas. Óscar Solís, del diario local El Vespertino; Héctor Gordoa de Televisa; Javier Canales Fernández, camarógrafo de Multimedios Laguna, y también el camarógrafo Alejandro Hernández Pacheco, de Televisa Torreón.

Luego de su rescate policiaco el sábado 31 de julio, Alejandro Hernández afirmó en conferencia de prensa en la Ciudad de México: “Todo el día y toda la noche, sicológicamente nos estaban intimidando. Fue muy difícil y sí nos maltrataron (...) Me dieron con una tabla en la cabeza y aquí en el cuerpo”.



Los periodistas secuestrados en Durango, el 26 de julio pasado, Javier Canales y Alejandro Hernández, a su llegada a la PFP en la capital. Foto: Nelly Salas

LAS INFANTERÍAS DEL PERIODISMO: LOS MÁS AGREDIDOS
De acuerdo con una revisión de archivos periodísticos, una tendencia que no ha variado en los últimos 10 años es la relativa a los mayormente afectados: los reporteros, quienes continúan acumulando el mayor número de agresiones, particularmente los de la fuente policiaca y política. Otra constante en los últimos dos lustros la representa el hecho de que los periodistas de medios impresos sigan concentrando el mayor índice de agresiones y amenazas.

Trabajamos como corresponsales de guerra, lo que quiere decir que, además de estar expuestos a ser acallados, el quehacer laboral se hace en precarias y riesgosas condiciones en todo el país, pero sobre todo en la amplia geografía donde el crimen organizado impone la fuerza de la corrupción.

El Informe Buendía 2008—2009 aporta más información sobre la situación de riesgo en que los periodistas trabajan en México. Los datos son estremecedores: en 2008 los periodistas y los medios sufrieron 228 agresiones, más del doble de las ocurridas el año anterior. Doce fueron asesinados. No hay duda de que el móvil de por los menos cinco de estos crímenes está relacionado con la labor de los victimados, con la información publicado por ellos. Hay que insistir: las agresiones a los periodistas, las amenazas, los ataques, los secuestros, las desapariciones y los homicidios son una agresión al derecho al conjunto de la sociedad a la información.