MEXICALI.-El gobierno de Baja California pagó indebidamente a trabajadores jubilados un total de 160 millones de pesos de recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) por lo que se presume la existencia de daño y perjuicio contra la hacienda pública federal, de acuerdo al Informe de Cuenta Pública 2007 de la Auditoría Superior de la Federación.
El máximo órgano superior de fiscalización de México dio a conocer que se registraron 58 mil 390 pagos a un total de 4 mil 763 jubilados por un importe bruto anual de 160 millones 203 mil 100 pesos, a pesar de carecer de relación laboral con el Sistema Educativo Estatal lo que contravino la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Educación.
En el documento oficial, el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California (ISEP) argumentó que estos pagos se realizaron con base en un punto del convenio entre el gobierno estatal y ese organismo encargado de administrar los recursos y personal descentralizado hacia la entidad que aprueba la erogación del 22 por ciento de personal activo o jubilado.
Sin embargo, la ASF señaló que estos pagos son improcedentes porque además de no ser facultad del ISEP o del gobierno de Baja California determinar el destino de los recursos federales, “el personal jubilado no tiene relación laboral, ya que como requisito principal para recibir su pensión de jubilación del ISSSTE es su renuncia y baja del ISEP”.
El gobierno bajacaliforniano utilizó también recursos federales para duplicar el salario de 396 trabajadores administrativos en cuyas nóminas cobraron 27 millones 962 mil pesos y, de manera simultánea, recibieron pagos por 29 millones 130 mil pesos a través de plazas educativas, en contravención del numeral 12 del Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaria de Educación”.
Las autoridades educativas pretendieron justificar las erogaciones pero el ASF advirtió que la circular 801 de la SEP refiere que “no se podrán otorgar plazas de docentes a personal administrativo, (ya que) las plazas docentes, únicamente se podrán asignar al personal que cubra el perfil correspondiente y desempeñe funciones frente a grupo”.
Otra de las irregularidades detectadas durante el ejercicio presupuestal 2007, último año de gobierno del panista Eugenio Elorduy Walther y primero de su correligionario José Guadalupe Osuna Millán, es el pago indebido de salarios a 681 trabajadores dados de baja del Sistema Educativo Estatal por 14 millones 281 mil pesos, por lo que se presume un probable daño y perjuicio contra la hacienda pública federal toda vez que son recursos federales provenientes del FAEB.
También cubrió remuneraciones a trabajadores ubicados en centros de trabajo clausurados o dados de baja. La revisión del catálogo de centros de trabajos y la base de datos de las nóminas ordinarias de las 24 quincenas de 2007 pagadas con recursos federales del FAEB arrojó la existencia de pagos irregulares en 19 centros de trabajo que fueron clausurados para el ciclo escolar 2007-2008 con un monto total de 19 millones 308 mil pesos.
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